Por Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria
“Si hubiéramos estado en Siria, te habríamos hecho lo impensable”, dijo un agente de las fuerzas de seguridad antidisturbios a una persona detenida la semana pasada en una protesta en Líbano. No mucho después de este comentario, las Fuerzas de Seguridad Interna iniciaron una investigación sobre un preocupante vídeo publicado en las redes sociales, que muestra a un agente de seguridad antidisturbios dando la “bienvenida” a un grupo de manifestantes a quienes han llevado detenidos a una comisaría de policía de Beirut: da patadas y golpes a cada una de esas personas mientras son bajadas una tras otra del camión donde las han transportado hasta allí desde el lugar de las protestas.
Pasé los últimos nueve años documentando abusos contra los derechos humanos en Siria, es decir, desde las protestas pacíficas iniciadas en Damasco, Daraa y otras partes hasta la terrible represión gubernamental consiguiente, que preparó el terreno al conflicto irresoluble que continúa hasta hoy. A medida que veo desarrollarse los acontecimientos en Líbano no puedo evitar preguntarme: ¿Son el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias utilizados por las fuerzas de seguridad contra manifestantes en Líbano un inquietante recordatorio de la conducta de las fuerzas de seguridad en Siria?
Las protestas contra el gobierno de Líbano estallaron el 17 de octubre de 2019, centradas en la demanda de mejoras en materia de derechos socioeconómicos, civiles y políticos. En diciembre y, cada vez más, en las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han recurrido a fuerza excesiva, incluidas grandes cantidades de gas lacrimógeno y balas de goma, con el pretexto de contener y controlar a los “alborotadores” e “infiltrados” –esas personas que arrojan piedras, botellas de agua y petardos contra los agentes de seguridad y destruyen bienes privados–. Desde diciembre, el enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad ha dado lugar a la detención arbitraria de al menos 500 personas, en su mayoría libanesas. Casi todas fueron puestas en libertad al cabo de entre 24 y 72 horas. La semana pasada fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad siria y una de nacionalidad egipcia, que quedaron en libertad unos días después.
En nuestras pantallas de televisión hemos visto a las fuerzas de seguridad someter a gran número de manifestantes y periodistas a palizas, uso innecesario y excesivo de la fuerza con medios como el empleo de gas lacrimógeno y uso ilícito de balas de goma. No es nada nuevo, pues las fuerzas de seguridad llevan decenios sometiendo a personas detenidas a tortura y otros malos tratos en Líbano, tanto en centros de detención formales como informales. El año pasado, Amnistía Internacional documentó 10 casos de tortura y otros malos tratos a manos de los servicios de inteligencia militar (del Ministerio de la Defensa), la Seguridad del Estado (del Consejo Superior de Defensa), la sección de información de las Fuerzas de Seguridad Interna y la sección de información de la Dirección de Seguridad General (del Ministerio del Interior). Entre 2017 y 2018, al menos cuatro refugiados sirios murieron bajo custodia a causa de torturas.
Muchas personas sostienen que la magnitud de la reanudación de la influencia de Siria en Líbano es exagerada y que sería poco realista pensar que las fuerzas de seguridad pueden cometer en Líbano violaciones de derechos humanos de la misma escala que las de Siria. Sin embargo, las prácticas pasadas y presentes de tortura y otros malos tratos, algunas de ellas exhibidas de manera flagrante en la televisión, no deberían tomarse a la ligera. Especialmente en el caso de los donantes internacionales que han entrenado, equipado y financiado el aparato de seguridad en Líbano.
La impunidad es lo que ha permitido prosperar el sistema de tortura y exterminio a escala industrial de Siria. Es inaceptable que, tras nueve años de conflicto, se pueda olvidar o ignorar el enorme sufrimiento de la población siria, que durante decenios, y cada vez más desde 2011, ha estado sometida por su gobierno a los crímenes más espantosos por medio de la vasta red de fuerzas de seguridad del país. Entre tales crímenes figuran la tortura y otros malos tratos generalizados y sistemáticos, así como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
En siria, lo “impensable” comienza en el momento en que la persona es detenida. Personas que han sobrevivido a la detención allí contaron a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad de Siria las habían esposado, vendado los ojos y sometido a palizas al transportarlas al centro de detención. A su llegada allí, las golpean varias veces, desde que entran hasta que se toma registro de ellas; muchas llaman a estas las palizas la “fiesta de bienvenida”. Luego les quitan sus pertenencias, incluidos teléfonos, ordenadores y dinero, y las someten durante horas a interrogatorios, en los que no les permiten el acceso a un abogado ni llamar a su familia. Durante el interrogatorio son torturadas reiteradamente con técnicas como palizas, descargas eléctricas, violación y violencia sexual, así como posturas en tensión, como colgarlas del techo por las muñecas y sin tocar el suelo durante horas No es de extrañar que muchas personas detenidas “confiesen” o informen sobre otras. Miles de personas han muerto bajo tortura o debido a la falta de acceso a comida, agua, medicina y otros artículos esenciales para sobrevivir. En cuanto entran a un centro de las fuerzas de seguridad quedan totalmente aisladas del mundo. Sus familias ignoran su suerte y su paradero durante meses, años y, en algunos casos, decenios.
Es posible que el agente de seguridad libanés que amenazó a la persona detenida por manifestarse con lo “impensable” no se diera cuenta del grado de crueldad y falta de humanidad que denota su amenaza. En cualquier caso, es urgente que las autoridades dejen absolutamente claro que no tolerarán tal conducta.
Aunque la declaración de las Fuerzas de Seguridad Interna sobre el inicio de una investigación es positiva, las autoridades deben garantizar que ésta se lleva a cabo con prontitud y de manera independiente e imparcial, que se hacen públicas las conclusiones y que se permite a las víctimas pedir reparación. Es esencial que lo hagan no sólo en este caso en particular. De lo contrario, se corre el riesgo de normalizar una cultura de impunidad y promover una espiral de violencia aún más grave y generalizada.
El consejo de ministros recién formado, especialmente el ministro del Interior, tiene la obligación de garantizar que las personas que participan en las protestas están protegidas de la violencia, la detención arbitraria y la tortura y otros malos tratos, así como del hostigamiento y la vigilancia. Este gobierno debe actuar con decisión para inculcar a la fuerzas de seguridad una cultura de derechos humanos, no de crueldad e impunidad.
