El Tercer Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación, en Xalapa, Veracruz, resolvió a favor el recurso legal (incidente de libertad por desvanecimiento de datos) interpuesto por Claudia Medina Tamariz, decretando su “inmediata libertad” en relación al delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

La resolución indica que las pruebas aportadas por Claudia, fueron suficientes para desvanecer las pruebas que la señalaban como probable responsable del delito. El tribunal analizó los dictámenes psicológicos y médicos, emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por peritos independientes (médico cirujano, especialista en psiquiatría y medicina social), concluyendo que “… durante el lapso, de al menos 12 horas, la procesada fue sujeta de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Las organizaciones firmantes han podido documentar que Medina Tamariz fue torturada y acusada falsamente por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La resolución judicial señala que el único elemento que existía contra Tamariz era el parte informativo de los elementos Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR). El cual: “quedó desvirtuado al no existir medio de convicción alguno que demuestre, al menos de forma indiciaria, su probable responsabilidad”.

Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reconocen la importancia de esta decisión en el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia de Claudia Medina. No obstante, estos esfuerzos no son suficientes para combatir la impunidad en la que se encuentran varios casos de tortura y malos tratos en México.

Con frecuencia agentes policiales y militares recurren a la tortura y los malos tratos con el objetivo de obtener testimonios de personas sospechosas o detenidas arbitrariamente y así sustentar acusaciones criminales. En este contexto, el caso de Medina Tamariz evidencia estos patrones estructurales de actuación de las autoridades en la fabricación de presuntos responsables, al margen de la política de seguridad de los últimos años. Por lo anterior, las organizaciones exigimos al gobierno se asegure que ninguna investigación judicial contenga confesiones o testimonios obtenidos a través de tortura u otras violaciones a los derechos humanos. Asimismo la Procuraduría General de la Republica (PGR) realice de inmediato una investigación exhaustiva e imparcialmente a quienes perpetraron estos actos contra Claudia Medina.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El Relator Especial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Juan Méndez, identificó en su visita a México en 2014 que la tortura es generalizada en México, con frecuencia ocurre durante el lapso de la detención y la puesta a disposición de la autoridad ministerial, y con fines de castigo e investigación.

Asimismo, ha identificado el uso de la violencia sexual como forma de tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas, la mayoría de estos casos, reconoce el relator, no han sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad, y presentan retos particulares para las víctimas, quienes son frecuentemente revictimizadas cuando presentan denuncias o se someten a exámenes médicos”.

Las violaciones a derechos humanos hacia Claudia Medina incluyen el allanamiento ilegal de su domicilio, detención y retención arbitraria, la incomunicación, la tortura mediante violencia sexual y la exhibición ante los medios de comunicación como integrante del cartel Nueva generación acusada de delincuencia organizada y 12 delitos más.

Amnistía Internacional ha impulsado el caso en el marco de la campaña “Stop torture” en México, dado su carácter paradigmático. En 2014, miles de miembros de la organización se movilizaron en más de 50 países para expresar su apoyo activo a víctimas de tortura en nuestro país. Además, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar la tortura contra Claudia Medina.
Desde mayo de 2014 Claudia Medina forma parte de la campaña “

Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual, la cual tiene como objetivo visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos en la supuesta protección que deberían proveer a la sociedad. Actualmente son 19 mujeres las participan en esta campaña.