El sistema de salud púbica de Libia se ha visto minado por años de conflicto armado e inseguridad, con ataques a instalaciones médicas, éxodo de personal médico cualificado y frecuentes injerencias de las milicias en la prestación de servicios médicos. Además de estos peligros generales, la discriminación ya existente de minorías étnicas como la tebu y la tuareg crea más barreras para su acceso a la atención de la salud.
“El temor de que la COVID-19 se extienda en el sur de Libia pone al descubierto las circunstancias de vulnerabilidad en que se encuentran comunidades minoritarias que llevan largo tiempo luchando para disfrutar de igualdad de acceso a la atención de la salud. Años de conflicto armado, inseguridad y negligencia han hecho que todo el sur de Libia esté muy mal preparado para la pandemia, al carecer de centros de análisis, equipos de protección y personal sanitario cualificado. La situación de las minorías preocupa especialmente, ya que encuentran más trabas para acceder a los dos hospitales más grandes y mejor equipados de la zona”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Pedimos a las autoridades libias y a las milicias que tienen el control de facto que se aseguren de que todas las personas tienen el mismo acceso a la atención médica, con independencia de su raza, nacionalidad u origen étnico. El derecho internacional humanitario obliga a todas las partes en el conflicto a atender a las personas enfermas y heridas, sin discriminación ni distinción alguna, salvo la basada en criterios médicos.”
La organización habló con profesionales de la medicina, activistas y periodistas de todo el sur de Libia.
Desde que el país informó de su primer caso de COVID-19, el 24 de marzo, la cifra ha aumentado a 51 casos confirmados y un fallecimiento. Según fuentes médicas e información aparecida en los medios de comunicación de Sabha, las promesas del Ministerio de Salud, con sede en Trípoli, aún no se han hecho realidad.
El temor a la violencia limita el acceso a la asistencia médica
Muchos pueblos y ciudades del sur de Libia han estado históricamente segregados por su filiación tribal y su etnia. El estallido esporádico de hostilidades entre diferentes grupos de milicias tribales obstaculiza la circulación de la población de la zona, y esto afecta a su acceso a la atención médica cuando los hospitales están en zonas controladas por grupos rivales.
Por ejemplo, en Sabha, la mayor ciudad del suroeste de Libia, residentes de etnia tebu dijeron a Amnistía Internacional que evitaban el principal hospital, situado en una zona de la ciudad que está controlada predominantemente por la tribu árabe rival awlad sulaiman. Fuentes fiables relataron a Amnistía Internacional incidentes de años anteriores en los que hombres tebus, incluidos pacientes del principal hospital de Sabha, fueron agredidos, secuestrados e incluso asesinados. Personas que residen en Sabha explicaron que el temor a la violencia hace que los hombres tebus en particular, en vez de ir al hospital principal de Sabha, se desplacen 180 kilómetros para recibir tratamiento en un hospital más pequeño y con menos medios situado en la localidad de Murzuq, donde predomina la etnia tebu.
En Murzuq, dos fuentes médicas dijeron a Amnistía Internacional que sólo había cuatro respiradores y nadie tenía formación para utilizarlos, y que escaseaban los equipos de protección para el personal sanitario.
En la ciudad suroriental de Kufra, los principales centros médicos, ya de por sí mal equipados para hacer frente a la pandemia de COVID-19, están en una zona controlada por la tribu árabe zuwaya. Las clínicas controladas por los tebus están peor equipadas y mal preparadas para enfrentarse a la propagación del virus. Residentes de etnia tebu de Kufra contaron a Amnistía Internacional que se abstenían de ir a los principales centros médicos situados en zonas controladas por la tribu zuwaya por temor a sufrir actos de violencia, y que tenían que conformarse con una clínica más pequeña situada en la zona de la ciudad controlada por su etnia.
Sin documentos
Algunos miembros de las comunidades tebu y tuareg se encuentran con obstáculos adicionales en el acceso a la atención médica, pues no poseen documentos de identidad personal ni familiar para demostrar su ciudadanía libia, necesarios para acceder al sistema de salud pública gratuito. Esta falta de documentos también ha tenido graves consecuencias económicas, pues muchos no pueden pagar los gastos que supone la atención médica privada. Ni el Gobierno de Acuerdo Nacional reconocido internacionalmente, con sede en Trípoli, ni el autoproclamado Ejército Nacional Libio, que controla el este y partes del sur del país, han anunciado medidas para garantizar el acceso al sistema de salud pública a miembros de las comunidades tuareg y tebu que no tienen documentos de identidad.
Las personas pertenecientes a estas dos comunidades también son potencialmente más vulnerables a los efectos adversos de una epidemia de COVID-19, pues viven en barrios empobrecidos y densamente poblados, como el de Taouiri en Babha, donde es imposible llevar a la práctica medidas de distancia social.
Además, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional y a los donantes de ayuda a los servicios de salud pública libios que tengan en cuenta los obstáculos específicos con que se encuentran las comunidades tebu y tuareg para acceder a los servicios médicos en el sur, como los que sufren las personas que carecen de documentos de identidad libios.
Información complementaria
La minoría étnica tebu vive en zonas de Sudán, Níger, Chad y el sur de Libia. Personas de esta etnia denunciaron que durante el régimen de Gadafi se les negó la documentación que acreditaba su ciudadanía libia, y también han sido sometidas a desalojos forzosos y arrestos y detenciones arbitrarios. Desde 2012 han estallado conflictos armados localizados entre tribus árabes y tebus en muchas ciudades meridionales.
Los tuareg son una etnia minoritaria que vive en el suroeste de Libia y también en Malí, Níger, Chad y Argelia, algunos de cuyos integrantes han denunciado problemas para demostrar su ciudadanía libia, lo cual les ha impedido el acceso a la educación, la salud y el empleo.
