Más de 82.000 personas refugiadas y migrantes han sido devueltas a Libia desde que se alcanzaron los acuerdos.

Las condiciones para las personas refugiadas y migrantes en Libia son “infernales”.

La Unión Europea debe dejar de contribuir a la devolución de personas a unas condiciones infernales en Libia, ha declarado hoy Amnistía Internacional cuando se cumplen cinco años de la cooperación oficial del bloque para la interceptación de personas refugiadas y migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo. La cifra de personas interceptadas en el mar y devueltas a Libia durante los últimos cinco años supera las 82.000.

Los hombres, mujeres, niños y niñas devueltos a Libia afrontan detención arbitraria, tortura, condiciones de reclusión crueles e inhumanas, violación y violencia sexual, extorsión, trabajo forzoso y homicidios ilegítimos. En lugar de abordar esta crisis de derechos humanos, el Gobierno de Unidad Nacional de Libia sigue facilitando la comisión de más abusos y perpetuando la impunidad, como ilustra el recientemente nombramiento de Mohamed al Khoja como director del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular (DCIM). Al Khoja estuvo anteriormente de facto al mando del centro de detención de Tariq al-Sikka, donde se han documentado gran número de abusos.

La cooperación de dirigentes de la UE con las autoridades libias mantiene a personas desesperadas atrapadas en horrores inimaginables en Libia. Durante los últimos cinco años, Italia, Malta y la UE han ayudado a capturar en el mar a decenas de miles de mujeres, hombres, niñas y niños; muchas de estas personas han acabado en centros de detención terroríficos en los que la tortura es práctica generalizada, y muchas otras han sido objeto de desaparición forzada.

Matteo de Bellis, investigador sobre Migración y Asilo en Amnistía Internacional

“Ya es hora de poner fin a este planteamiento cruel que demuestra un absoluto desprecio por la vida y la dignidad de las personas. En vez de ello, los esfuerzos de rescate deben garantizar el traslado de la gente a un lugar seguro, que, como ha reiterado hace escasos días el secretario general de la ONU, no puede ser Libia.”

La UE comenzó a brindar apoyo a la Guardia Costera Libia en 2016, y las interceptaciones comenzaron ese mismo año. La cooperación aumentó con la adopción de un memorándum de entendimiento entre Italia y Libia el 2 de febrero de 2017 y de la Declaración de Malta firmada por dirigentes de la UE en La Valeta al día siguiente.

Dichos acuerdos proporcionan los cimientos para una cooperación constante que deja la tarea de patrullar el Mediterráneo central en manos de la Guardia Costera Libia proporcionándole lanchas motoras, un centro de coordinación de salvamento marítimo, y formación. Tras los acuerdos se estableció una amplia zona marítima en la que la Guardia Costera Libia es la responsable de coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento. Desde entonces, tales mecanismos, financiados sobre todo por la UE, han permitido a las autoridades de Libia desembarcar en ese país a personas interceptadas en el mar, a pesar de que sea ilegal devolver a cualquier persona a un lugar en el que esté expuesta a sufrir abusos graves.

Las personas refugiadas y migrantes en Libia, tanto detenidas como no detenidas, son sometidas de manera sistemática a un rosario de abusos por las milicias, los grupos armados y las fuerzas de seguridad, con impunidad. El 10 de enero de 2022, las milicias y las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra personas refugiadas y migrantes acampadas frente al Centro de Día Comunitario del ACNUR en Trípoli, y detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, que permanecen recluidas en condiciones insalubres y de hacinamiento en el centro de detención de Ain Zara, en Trípoli, donde los guardias las someten a más abusos y les niegan alimentos adecuados y agua. Las personas refugiadas y migrantes realizaban una sentada frente al edificio del Centro de Día Comunitario desde octubre de 2021 para pedir protección frente a las redadas llevadas a cabo anteriormente por las milicias y las fuerzas de seguridad, que se habían saldado con miles de personas detenidas y con muchas otras que se quedaron sin hogar.

“Italia y la UE deben dejar de contribuir a estos terribles abusos y comenzar a garantizar que se rescata con prontitud y se trata con humanidad a las personas que están en peligro de ahogarse en el Mediterráneo central”, ha sostenido Matteo de Bellis.

La UE y sus Estados miembros deben suspender toda cooperación que dé lugar a la contención y los abusos contra los derechos humanos de personas en Libia, y, en vez de ello, deben centrarse en abrir con urgencia vías legales para los miles de personas atrapadas en Libia que necesitan protección internacional.

Matteo de Bellis

Información complementaria

En 2021, los guardacostas libios —respaldados por Italia y la UE— capturaron a 32.425 personas refugiadas y migrantes en el mar y las devolvieron a Libia. Ésta es, con diferencia, la cifra más alta registrada, y triplica la del año anterior. Durante el año, 1.553 personas murieron o desaparecieron en las aguas del Mediterráneo central.

Libia: “Nadie va a venir a buscarte”: Devoluciones desde el mar a centros de detención abusivos en Libia

Europe: Plan of Action – Twenty steps to protect people on the move along the central Mediterranean route

En un informe del 17 de enero de 2022, el secretario general de la ONU afirmó que sentía “gran preocupación” por las constantes violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas refugiadas y migrantes en Libia, incluidos los casos de violencia sexual, trata de seres humanos y expulsiones colectivas. El informe confirma que “Libia no es un puerto de desembarque seguro para las personas refugiadas y migrantes” y reitera el llamamiento a los Estados miembros pertinentes “a revisar las políticas que respaldan la interceptación en el mar y la devolución de personas refugiadas y migrantes a Libia”. También confirma que la Guardia Costera Libia ha seguido actuando de una manera que pone en grave peligro la vida y el bienestar de las personas refugiadas y migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo.

Pese a que esto se reconoce en un informe interno del comandante de la operación naval de la UE Eunavfor Med Irini, filtrado por Associated Press el 25 de enero de 2022, el informe también confirma los planes de continuar con los programas de fortalecimiento de las capacidades dirigidos a la Guardia Costera Libia.

El actual acuerdo de Italia con Libia expira en febrero de 2023, pero se renovará automáticamente para otros tres años salvo que las autoridades lo cancelen antes del próximo mes de noviembre, cosa que Amnistía Internacional está pidiendo al gobierno italiano.

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