El jueves pasado, Soledad Laciar, la mamá de Blas, había presentado la denuncia ante el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad tras anoticiarse de la situación a través de videos presentados por la fiscalía. Cabe destacar que estos 10 uniformados, ahora apartados, no forman parte del grupo de 13 efectivos que están siendo juzgados por el asesinato de Blas y el encubrimiento del crimen en la Cámara 8ª del Crimen.
Hechos del caso
El 6 de agosto de 2020, Blas viajaba en el asiento de atrás del auto que compartía con 4 amigos. De regreso a su casa dieron un giro equivocado en una calle. Según muestran las cámaras de seguridad, unos metros más adelante había dos patrulleros y policías con armas esperándolos. Los jóvenes se habrían asustado y por eso no se detuvieron. Sin dar ningún aviso, la policía comenzó a disparar hacia el auto.
Blas recibió un tiro que ingresó por la luneta del auto y atravesó uno de sus omóplatos. Sus amigos hicieron todo lo posible para ayudarlo y lo llevaron a una clínica que se negó a atenderlo. Camino a otro hospital, fueron nuevamente interceptados por la policía que les impidió seguir. Blas murió sin llegar a ser atendido.
El 7 de septiembre comenzó el juicio oral a los 13 policías imputados por la muerte del adolescente, y por intentar encubrir la escena y simular un supuesto enfrentamiento. Se espera que en el juicio declaren cerca de 50 personas y que finalice el 25 de noviembre, día en que se conocería la sentencia.
El involucramiento de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional se instituyó como observador oficial del juicio y, en su calidad de organización de derechos humanos, acompaña el reclamo de familiares y amigos que exigen justicia. Por eso, desarrolló este sitio especial a través del cual cubre y monitorea el desarrollo judicial.
“En este, como en todos los casos de violencia policial, es imperativo que las autoridades garanticen un proceso judicial independiente que condene a todos los responsables. La estructura policial de impunidad que ha expuesto este caso es un reflejo de un cambio general que es preciso para evitar la repetición de estos hechos en Córdoba y en el resto del país”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional continuará en su acompañamiento a familiares y amigos de Blas y estará presente en el juicio el 26 de octubre, audiencia en la que declaran dos testigos clave: el exministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, y el excomisario mayor Gonzalo Cumplido.
