Los derechos de las personas migrantes en Argentina bajo la lupa de Naciones Unidas


Vulneración de derechos históricamente conquistados, separación familiar y discriminación son algunos de los ejes que Amnistía Internacional incluyó en un informe presentado ante Naciones Unidas en relación a la situación de las personas migrantes en Argentina.

El Comité para los Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas (CTM) volverá evaluar a nuestro país en la 31ª sesión del CTM a realizarse del 02 al 11 de septiembre, en Ginebra. La última revisión había sido en 2011.

“La política migratoria en Argentina ha sido reconocida como un modelo por la comunidad internacional, pero, lamentablemente, en los últimos años el país dio un preocupante giro en su legislación plasmado en prácticas que marcan una enorme regresión. Estas regresiones violan los derechos de las personas migrantes y fomentan la discriminación y la xenofobia hacia esta población”, señaló Mariela Belski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

 

Informe de Amnistía Internacional ante Naciones Unidas

Amnistía Internacional presentó un informe a este comité con sus principales preocupaciones. Algunos ejes:

  • Regresiones en la normativa migratoria


A través un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en 2017 el Gobierno modificó Ley de Migraciones. Sin respetar el debate legislativo el DNU estableció, entre otros retrocesos, un procedimiento de expulsión que vulnera las garantías de debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho de defensa de las personas migrantes.

 

  • Separación familiar


Con la adopción del DNU se facilitó la separación de familias. Además, esa decisión está a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones y no es revisada por el Poder Judicial. Amnistía Internacional en conjunto con otras organizaciones viene documentando casos de separación de madres y padres e hijos.

Uno de estos casos es el de Vanessa Gómez Cueva, quien hace más de seis meses fue expulsada hacia Perú junto a su hijo argentino de dos años, y separados así de sus otros dos hijos que quedaron en Argentina. Vanessa llevaba 15 años viviendo en el país. Luego de cumplir una sentencia penal en 2014, estudió, se graduó y trabajó como Técnica Superior en Enfermería.

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  • Barreras a la regularización


El gobierno introdujo normas que dificultan la regularización migratoria, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad: por ejemplo, aumentó las tasas migratorias en un 1000% y creó un complejo sistema que dificulta el acceso a las personas de bajos recursos, entre otras medidas.

 

  • Discriminación, racismo y xenofobia


Estas y otras medidas regresivas se basan en estadísticas tergiversadas y vienen acompañadas de discursos xenófobos por parte de autoridades y funcionarios públicos, que estigmatizan a las personas migrantes y las vinculan con el delito, incrementando la persecución hacia esta población.

También es notorio el incremento de la persecución policial y judicial hacia vendedores ambulantes senegaleses en la ciudad de Buenos Aires. Operativos en la vía pública terminan frecuentemente en violentos episodios de incautación de mercadería, hostigamiento, abuso de la fuerza, malos tratos y detenciones arbitrarias de estos migrantes.

 

Información adicional:

El Comité para los Trabajadores Migratorios es un órgano conformado por expertos independientes que está a cargo de monitorear la implementación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a presentar cada 5 años informes sobre las medidas que hayan tomado para aplicar la Convención. Tras examinar los informes, así como los aportes de sociedad civil, el Comité hace llegar al Estado Parte del caso las observaciones que considera oportunas.

 

Para acceder al informe completo presentado por Amnistía Internacional al CTM, hacé click aquí

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