9 de Agosto de 2011. Hoy se conmemora un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas y son ellos quienes todavía continúan encontrando numerosos obstáculos para que se reconozcan sus derechos sobre sus tierras ancestrales en muchos países del continente americano.

Muchas constituciones de la región, como la de Argentina y Brasil, reconocen a los Pueblos Indígenas como preexistentes, y otros países, como Canadá o Estados Unidos, luego de votar inicialmente en su contra, suscribieron a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

Ya reconocida en todo el continente, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos indígenas hace hincapié en el consentimiento previo, libre e informado como derecho que tienen los indígenas a ser consultados antes de llevar a cabo proyectos de desarrollo o de explotación en las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído. Además, en su artículo 26 puede leerse: "Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate".

 

Por ello, si los Estados del continente americano hubieran seguido su obligación de realizar consultas antes de llevar a cabo proyectos de desarrollo, no se hubiesen solucionado todos siglos de exclusión y silenciamiento de los pueblos indígenas pero se hubiera empezado a saldar la deuda que se mantiene con ellos.

 

"La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha sido un gran avance en el reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas, sin embargo el mayor problema, en Argentina y América, es que quedan en declaraciones sin implementarse", expresó Gabriela Boada, Directora Ejecutiva Interina de Amnistía Internacional Argentina, quien agregó: "Se requiere voluntad política para implementar los compromisos internacionales en derechos humanos para los pueblos indígenas con los mismos estándares en todo el territorio; las leyes ya existen y los marcos son claros".

 

Sin embargo, aunque las leyes internacionales los apoyan, los derechos de los pueblos indígenas no están siendo escuchados. Muy por el contrario, parecen estar siendo acallados por los gobiernos nacionales.

 

Varios países de Sudamérica y Centroamérica corroboran una falsa dicotomía entre desarrollo (en términos de Nación) y los derechos de los pueblos indígenas. Esto ocurre cuando se entremezcla el respeto de las comunidades indígenas de todos los países con los proyectos de la industria extractiva, o de otro tipo, que multiplican la riqueza a costa de los pueblos originarios pero que discursivamente favorecen el crecimiento nacional.

 

Brasil resulta un claro ejemplo. El 1 de junio de 2011, a través del organismo brasileño de medioambiente se aprobó la construcción de una presa en la Amazonía. Así se dejó de lado la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender la construcción de esta siempre que no se garantizaran los derechos de las comunidades indígenas locales, quienes sostenían junto con las ONGS que la presa podría desplazar a miles de familias y amenazar el medio de vida y la salud de numerosas comunidades del lugar. La CIDH ordenó que se suspenda la construcción hasta que las comunidades sean consultadas como ordena la legislación internacional.

 

Por otro lado, en Argentina ocurre que más allá de las leyes internacionales y las nacionales que los apoyan, termina sucediendo lo que ocurrió en Formosa a fines del año pasado. Los desalojos, como el de la Comunidad Qom La Primavera el pasado 23 de Noviembre, son frecuentes en todo el país; a pesar de que existe una ley que ordena la detención de estas medidas y el relevamiento de todas las comunidades a nivel nacional.

 

Ante la exclusión, marginación y silenciamiento que sufren las comunidades indígenas, Amnistía Internacional exige a todos los gobiernos del continente para terminaron con los desalojos y los proyectos de desarrollo y explotación que perjudican a los pueblos indígenas y que:

 

-       Promulguen leyes para hacer efecto el derecho a consulta y al consentimiento libre, previo e informado, que responde a las normas internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos

 

-       Se abstengan de otorgar concesiones y autorizaciones para actividades de explotación o cualquier otro proyecto de desarrollo que pueda afectar a los pueblos indígenas sin que antes sean consultados.

 

-       Tomen medidas urgentes para resolver las disputas existentes sobre la tierra y no desalojen más comunidades indígenas.

 

-       Creen las condiciones necesarias que permitan a los líderes indígenas defender sus derechos sin temor a represalias.

 

-       Tomen medidas para proteger a las mujeres indígenas de la violencia y llevar a juicio a los responsables de los abusos.

 

Para mayor información o solicitar el Informe Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo (con fotos y testimonios sobre los Pueblos Indígenas en América):