En el día internacional de los pueblos indígenas, Amnistía Internacional destaca la lucha de los aborígenes en Argentina. Por otro lado, la organización internacional lanzo una campaña ante el peligro que representa la construcción de una represa en Canadá.

El caso de ArgentinaExiste una enorme distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión.
En 2015 Amnistía Internacional relevó más de 183 casos en los cuales los pueblos originarios denuncian una violación a sus derechos humanos, que dan cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven. Este es sólo un número representativo de casos en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos (derecho a la tierra y territorio; derecho a la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado; derecho a la igualdad y no discriminación; acceso a la justicia, entre otros) Gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo --entre otras--), jueces y fiscales desoyen las normativas vigentes.

“La mayoría de las comunidades indígenas no cuentan con un reconocimiento legal de sus tierras y esto deriva en una desposesión histórica de tierras que son usufructuadas por empresas y terratenientes”, destacó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional condena la represión y toma de represalias contra quienes defienden o lideran la defensa de los derechos civiles de los indígenas y sus familias, entre ellos su territorio.

En Argentina, la lucha de los pueblos originarios por su territorio se cobró la vida de numerosos líderes indígenas. Javier Chocobar –miembro del pueblo diaguita e integrante de la comunidad de Chuschagasta– fue asesinado a tiros en 2009 cuando se encontraba junto con otros comuneros defendiendo pacíficamente su territorio contra un terrateniente que aducía ser dueño del lugar.

Aunque se presentaron cargos contra tres personas por su muerte, su asesinato permanece impune. El próximo 12 de octubre se cumplen 7 años de su muerte y la causa aún no ha llegado a juicio oral.

La arraigada discriminación contra los pueblos indígenas de América no se abordó adecuadamente. Los aborígenes siguen constituyendo una parte desproporcionada de las personas que viven en la pobreza en la región. Apenas hubo resarcimiento para los siglos de desposeimiento y marginación.

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Amnistía Internacional lanza una campaña global sobre la emblemática lucha por el derecho a la tierra en Canadá

La discriminación contra los pueblos originarios es una realidad que afecta a todo el continente. En la provincia de la Columbia Británica, Canadá, se está construyendo una enorme represa hidroeléctrica que ilustra la persistente brecha que divide la retórica y la realidad en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América.

Amnistía Internacional lanza una campaña internacional para detener la construcción de la represa Site C, que, si sigue adelante, privará a los pueblos indígenas de la región del valle de la Paz, en la Columbia Británica, del acceso a tierras y aguas esenciales para su cultura y su sustento.

La represa de Site C es sólo un caso emblemático de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas en toda América.

Información adicional
En 2015/2016, Amnistía Internacional documentó violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas –incluidos ataques, uso excesivo de la fuerza y homicidios– que amenazan los derechos de estos pueblos a sus tierras, su territorio, sus recursos naturales, su cultura e incluso su existencia misma. La pobreza, la exclusión, la desigualdad y la discriminación han seguido afectando a miles de personas en lugares como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú. Los pueblos indígenas se ven obligados, por agentes estatales y no estatales, a abandonar sus propias tierras a causa de la búsqueda de desarrollo económico.

Los proyectos de explotación, incluidos los de la industria extractiva, niegan reiteradamente a los pueblos indígenas una consulta significativa y el consentimiento libre, previo e informado. Además amenazan su cultura y su medio ambiente y han provocado el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

Las normas internacionales de derechos humanos proporcionan una alternativa crucial al subrayar la importancia de la participación de los pueblos indígenas en todas las decisiones que afectan a su vida y su futuro. Hay normas tales como el consentimiento libre, previo e informado que proporcionan tanto una protección contra decisiones que causarían un daño adicional a comunidades ya de por sí marginadas, como una base para que los pueblos indígenas busquen el desarrollo económico de acuerdo con sus propios valores y necesidades.