Los gobiernos más ricos del mundo están condenando en la práctica a millones de personas al hambre, la sequía y el desplazamiento por medio de su constante apoyo al sector de los combustibles fósiles, según ha manifestado Amnistía Internacional hoy. El nuevo documento de política de la organización ofrece una valoración condenatoria de la falta de medidas globales para proteger los derechos humanos frente al cambio climático y describe el modo en que la legislación de los derechos humanos puede ayudar a que los gobiernos y las empresas rindan cuentas.

Ante la cumbre de dirigentes del G7 (que tendrá lugar del 11 al 13 de junio), Amnistía ha hecho hincapié en que los miembros del G7 siguen subsidiando la industria del carbón, el petróleo y el gas, y no tienen planes dignos de crédito para empezar a abandonar de manera gradual pero apreciable todos los combustibles fósiles durante esta década. Todos los miembros del G7 han asumido el compromiso de nivel cero neto de emisiones de carbono para 2050, pero ninguno ha presentado una estrategia adecuada de reducción de emisiones para 2030, año en el que las emisiones globales deben haberse reducido a la mitad para evitar las peores situaciones climáticas posibles.

“La falta de ambición de los planes climáticos presentados por los miembros del G7 representa una violación de los derechos humanos de miles de millones de personas. No se trata de un incumplimiento administrativo, es una agresión masiva y demoledora contra los derechos humanos”, ha afirmado Chiara Liguori, asesora de Amnistía Internacional sobre políticas de derechos humanos y medioambiente.

“Los miembros del G7 y otros países industrializados ricos han producido históricamente la mayoría de las emisiones de carbono y son los principales responsables de la crisis climática actual. También son los que disponen de más recursos para abordarla, pero sus estrategias hasta la fecha han sido del todo inadecuadas y el apoyo que han brindado a otros países ha sido mísero.

“En la cumbre de dirigentes del G7, los gobiernos deben comprometerse a abandonar gradualmente pero sin condiciones todos los combustibles fósiles, lo más cerca de 2030 que sea viable desde el punto de vista técnico. Estos gobiernos deben establecer normas estrictas que obliguen a las empresas a cambiar a la energía renovable, y dejar de utilizar nuestros impuestos para subsidiar un sector, el de los combustibles fósiles, que destruye vidas.”

Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que adopten e implementen planes climáticos nacionales con objetivos ambiciosos que reflejen el grado individual de responsabilidad y capacidad que tienen. Los países industrializados ricos, entre los que figuran todos los miembros del G7, deben alcanzar el nivel de cero emisiones de carbono lo más cerca posible de 2030. El objetivo de los países de ingresos medianos con mayor capacidad, como China y Sudáfrica, debe ser reducir a la mitad las emisiones para 2030 o tan pronto como sea posible después de esa fecha, y llegar a las cero emisiones en 2050. Los demás países de ingresos bajos y medianos deben fijarse el objetivo de llegar a las cero emisiones en 2050.

Todos los Estados también deben garantizar una transición justa para las personas trabajadoras y comunidades afectadas por el cambio climático y el proceso de descarbonización, tomando medidas para reducir la pobreza y corregir las desigualdades existentes en el disfrute de los derechos humanos. Ello supone priorizar la inversión en energía renovable producida de manera responsable y en protección social, al tiempo que se apoya la creación de empleo verde nuevo y decente.

Destruyen nuestros derechos

El nuevo documento de política de Amnistía Internacional, titulado ¡Dejen de destruir nuestros derechos!, proporciona una extensa pauta ética y jurídica en relación con lo que los Estados y las empresas deben hacer para abordar la crisis climática y ayudar a las personas afectadas a adaptarse, y garantizar reparación por los daños que han provocado. En él se muestra que el derecho de los derechos humanos puede orientar a gobiernos, empresas y activistas en la batalla contra la crisis climática. En todo el mundo, el derecho de los derechos humanos se utiliza cada vez más para hacer rendir cuentas a los gobiernos y las empresas por su inacción para abordar el cambio climático.

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, todos los Estados deben hacer cuanto esté en su mano para reducir las emisiones en el más breve plazo posible, pero el informe de Amnistía contiene numerosos ejemplos de gobiernos que incumplen esta obligación.

Por ejemplo, sólo siete de los países miembros del G20 —que en conjunto representan casi el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero— han presentado a la ONU objetivos de reducción de emisiones para 2030. El total de estos esfuerzos es actualmente insuficiente para mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 1,5 grados centígrados.

En realidad, el apoyo al sector de los combustibles fósiles prácticamente no ha disminuido desde la entrada en vigor del Acuerdo de París. Durante la pandemia, muchos países del G20 ofrecieron medidas de estímulo económico sin condiciones a las empresas del sector de los combustibles fósiles y la aviación, a pesar de que sabían perfectamente que subsidiar estos sectores perjudicaría a millones de personas.

Los países más ricos tienen la obligación de ayudar a los de menos ingresos —entre otras cosas, proporcionando financiación suficiente para facilitar el cambio a la energía renovable—, apoyar la protección de las personas frente a los efectos perniciosos del clima, y reparar las pérdidas y daños. Tampoco han cumplido con esto. Hasta la fecha, al menos tres cuartas partes de la financiación climática internacional se ha proporcionado en forma de préstamos y no de subvenciones. Esto significa que los países con menos ingresos tienen que utilizar sus propios recursos para cubrir los costos relacionados con el cambio climático que les han impuesto otros, en contravención de las obligaciones relativas a la asistencia internacional.

Una transición justa

El informe de Amnistía Internacional también hace hincapié en la importancia de emprender una transición justa que proteja los derechos humanos. En el documento se alerta de que un número excesivo de gobiernos tratan de tomar atajos que agravan la desigualdad, apoyándose excesivamente en mecanismos de comercio de derechos de emisión de carbono o tecnologías de eficacia no demostrada, algunos de los cuales pueden tener por sí mismos consecuencias catastróficas para los derechos humanos. Por ejemplo, las grandes explotaciones agrícolas de biocombustibles para eliminar carbono de la atmósfera o los proyectos de conservación en el Sur global para compensar las emisiones de los países más ricos pueden afectar a la seguridad alimentaria, los medios de sustento y el acceso a la tierra de millones de personas.

Descarbonizar la economía es fundamental, pero, sin las suficientes salvaguardias de derechos humanos, las medidas de mitigación podrían causar daños adicionales a grupos que ya sufren discriminación y marginación. Además, la mayoría de las tecnologías actuales no tienen la capacidad de producir emisiones negativas significativas, y depender de su desarrollo futuro es una apuesta peligrosa.

“Los grupos desfavorecidos no deben pagar el precio de la inacción de los gobiernos ricos y la connivencia de estos con el sector de los combustibles fósiles”, ha señalado Chiara Liguori.

“No hay atajos para salvar el planeta y a la humanidad. La única opción es poner fin rápidamente a la era de los combustibles fósiles. Tenemos que elegir: o derechos humanos o combustibles fósiles; las dos cosas no pueden coexistir.”