Este año comenzó con varios triunfos en materia de derechos humanos, y gente de todo el mundo sigue demostrando que se pueden lograr cambios. Desde modificar legislación hasta garantizar que se haga justicia, pasando por ayudar a quienes lo necesitan.
Julio
Francia: El informe de Amnistía Internacional publicado antes de los Juegos Olímpicos de París puso de manifiesto que la prohibición de competir impuesta a las atletas francesas que usan hiyab infringe el derecho internacional de los derechos humanos. La ONU mencionó el informe en octubre, cuando tachó las prohibiciones de “desproporcionadas y discriminatorias” y pidió que se revocaran.
Gambia: El Parlamento de Gambia rechazó un proyecto de ley que derogaba la Reforma de la Ley de la Mujer de 2015, que prohíbe la mutilación genital femenina (MGF). En apoyo de las organizaciones de la sociedad civil de Gambia, Amnistía Internacional abogó por el rechazo a este proyecto de ley a través de comunicación pública, entrevistas con medios de comunicación y el envío de cartas a las autoridades gambianas.
Corea del Sur: El Tribunal Supremo de Corea del Sur ha confirmado en un fallo histórico que las parejas del mismo sexo tienen derecho a los mismos beneficios que las parejas heterosexuales en lo que respecta al seguro de salud. Amnistía Internacional Corea tuvo el placer de ver que sus aportaciones escritas jurídicas, que proporcionaron información adicional, tuvieron una repercusión inmediata.
Siria: Las autoridades autónomas del noreste de Siria anunciaron una amnistía amplia para hombres, mujeres y niños y niñas condenados en juicios manifiestamente injustos por supuestos delitos de “terrorismo”, lo que se ajusta directamente a una las principales recomendaciones formuladas en el informe que publicamos en abril de este año, titulado Injustice, Torture and Death in Detention in North-East Syria. Esta amnistía beneficiará a unas 4.200 personas sirias que cometieron delitos no violentos, que quedarán en libertad o verán reducida a la mitad la duración de su pena.
Agosto
Benín: Amnistía Internacional puso de manifiesto que en 2023 la población reclusa de Benín estaba hacinada en celdas sucias, sin acceso a agua potable ni atención médica, y que al menos 46 personas habían muerto en cuatro de las prisiones entre enero y julio de ese año. La cuestión recibió amplia difusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales. El 19 de agosto, una decena de diputados de la oposición interrogaron al gobierno sobre las muertes en prisión, el acceso a la atención sanitaria y las reclusiones superiores al periodo legal de cinco años. En septiembre, el director general del Departamento de Prisiones confirmó el hacinamiento y las malas condiciones de reclusión en los centros penitenciarios. Ese mismo mes, los directores y el personal de enfermería de las prisiones recibieron formación sobre el trato a la población reclusa de conformidad con las Reglas de Bangkok de la ONU.
Finlandia: Amnistía Internacional Finlandia, ONG ecologistas y la juventud sami finlandesa están llevando al Gobierno de Finlandia ante los tribunales por la insuficiencia de sus medidas contra el cambio climático. Las organizaciones sostienen que la inacción del gobierno infringe la Ley del Clima de Finlandia, reconocida internacionalmente por establecer objetivos ambiciosos para alcanzar la neutralidad de carbono en 2035, e incumple las obligaciones jurídicas del Estado de proteger los derechos humanos, incluidos los derechos del pueblo indígena sami. El caso se basa en la sentencia pionera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa KlimaSeniorinnen v Switzerland.
Mozambique: En 2020, seis manifestantes sufrieron terribles lesiones tras recibir disparos de la policía en las proximidades del Parque Nacional de Banhine, en Mozambique. Una año después, el Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional publicó un informe de investigación en el que pedía una investigación exhaustiva el incidente. Esto llevó al Gobierno a iniciar acciones jurídicas que culminaron con la condena de seis agentes en agosto de 2024.
Polonia: Después de años de campaña de mujeres valientes, sobrevivientes y sus aliados, Polonia ha adoptado una definición de la violación que se basa en el consentimiento y no en la condición previa de uso de la fuerza o violencia. Será el 19º país europeo, de los 31 analizados por Amnistía Internacional, que define la violación como sexo sin consentimiento.
Taiwán: Con el apoyo de Amnistía Internacional Taiwán, los familiares de 24 solicitantes de asilo vietnamitas víctima de homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas armadas taiwanesas en Kinmen en 1987 fueron invitados por el gobierno a visitar Taiwán por primera vez para buscar verdad y reconciliación.
Tran, familiar de una de las víctimas, se refirió a la importancia de contar con un sistema integral de protección de las personas refugiadas: “Pido al gobierno y al pueblo de Taiwán que les dejen considerar Taiwán como su segundo hogar, y hogar definitivo, y que no los rechacen más”.
Tailandia: Tailandia retiró su reserva al artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño en agosto de 2024, lo que garantiza a los niños y niñas refugiados la igualdad de acceso a la protección y la ayuda humanitaria.
Septiembre
Bulgaria: La Sección de creación más reciente de Amnistía Internacional celebró en septiembre dos éxitos de campaña. La Comisión de Cultura y Medios de Comunicación del Parlamento rechazó un proyecto de ley para crear un registro de “agentes extranjeros” destinado a atacar y reprimir a la sociedad civil, mientras que el Parlamento votó en contra de las reformas a una ley que habrían tipificado como delito la prestación de asistencia sanitaria de afirmación de género a menores de edad.
Japón: El Tribunal de Distrito de Shizuoka, en un fallo esperado desde hacía mucho tiempo, absolvió a Hakamada Iwao, a quien se considera la persona que más tiempo ha pasado presa en espera de ejecución en el mundo. Tras soportar casi medio siglo de encarcelamiento indebido condenado a muerte y pasar otros 10 años a la espera de un nuevo juicio, esta decisión es un reconocimiento importante de la profunda injusticia que Hakamada ha sufrido durante la mayor parte de su vida. Además, pone fin a la ejemplar lucha para limpiar su nombre que ha librado su hermana Hideko y todas las personas que lo apoyaron, incluida Amnistía Internacional, que luchó durante más de 15 años por que volviese a ser enjuiciado.
Togo: Amnistía Internacional publicó un comunicado de prensa en el que señaló la escasez de personal y de suministros y equipos médicos adecuados en algunos centros sanitarios de atención a las mujeres embarazadas y los bebés recién nacidos. Tras su publicación, las autoridades confirmaron la inclusión de las niñas y las mujeres en un nuevo programa nacional de apoyo. El director de Amnistía Internacional Togo se reunió con el ministro de Salud, que confirmó la prioridad de contratar personal y dotar los centros de equipos adecuados. En septiembre, el gobierno togolés confirmó la contratación de 193 matronas y 177 profesionales de apoyo al parto. En agosto, se destinaron 7.700 camas nuevas, más de 100 mesas de parto, así como ambulancias y equipos de radiocomunicación, a centros de salud materna.
Octubre
Argentina: Pierina Nochetti, defensora de derechos LGBTI+ de Necochea, Argentina, se enfrentaba a cargos penales por pintar el mensaje “¿Dónde está Tehuel?” en una pared durante una Marcha del Orgullo en 2022. Con la frase buscaba justicia para Tehuel de la Torre, un joven trans desaparecido en 2021. A pesar de que los muros urbanos son lugares que habitualmente se utilizan para expresarse públicamente, a Pierina la persiguieron por ello, y se enfrentaba a una posible pena de prisión por “daño agravado”. Amnistía Internacional Argentina realizó trabajo de incidencia en su favor, haciendo hincapié en los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los cargos ya se han retirado y el caso se ha cerrado.
Global: A finales de octubre, el Programa Global de Ayuda Ligada a la Defensa de los Derechos Humanos había ayudado a cerca de 4.700 personas de 79 países, sufragando los gastos de reubicación de personas en situación de riesgo y prestando asistencia jurídica y apoyo médico y psicológico. También ayudamos a personas en situación de riesgo proporcionándoles medidas de seguridad, además de realizar acciones de fortalecimiento de las capacidades e incidencia en favor de las que están en primera línea.
Arabia Saudí: En respuesta a las conclusiones de explotación laboral en tiendas de la marca Carrefour en Arabia Saudí formuladas por Amnistía Internacional, el gigante francés de los supermercados y su socio de franquicia Majid Al Futtaim abrieron una investigación interna sobre el trato dispensado a los trabajadores y trabajadoras migrantes en sus centros de trabajo, mientras que el grupo Carrefour ha encargado una auditoría a terceros. Majid Al Futtaim declaró que ya ha trasladado a algunos trabajadores y trabajadoras a nuevas viviendas y está revisando sus políticas sobre horas extraordinarias y honorarios de contratación, así como mejorando el acceso a su línea telefónica de atención al personal. Amnistía Internacional sigue trabajando con Carrefour para ejercer presión en favor del acceso a la justicia y a un recurso efectivo, incluido el pago de indemnizaciones adecuadas a los trabajadores y trabajadoras afectados, algunos de los cuales probablemente sean víctimas de trabajo forzoso y trata de seres humanos.
Noviembre
Costa de Marfil: En enero de 2024 se iniciaron en Abiyán operaciones a gran escala para demoler barrios y desalojar a sus habitantes, en lugares que se consideraba que corrían riesgo de inundación, como parte de un plan para demoler 176 emplazamientos. Amnistía Internacional señaló que se estaban cometiendo violaciones de derechos humanos generalizadas que afectaban a decenas de miles de personas. Los desalojos se produjeron sin previo aviso adecuado y razonable, en algunos casos con violencia, y en noviembre miles de familias desalojadas forzosamente seguían sin ser realojadas o indemnizadas por todas sus pérdidas. Tras la publicación de Amnistía no se ha demolido ningún otro emplazamiento de la lista de 176, y las autoridades marfileñas anunciaron la suspensión de todas las actividades de desalojo el 21 de noviembre, así como la aplicación de las medidas de indemnización anunciadas en marzo de 2024.
Dinamarca: Gracias al trabajo de campaña de Amnistía Internacional, Dinamarca podrá emprender acciones judiciales contra criminales de guerra por todo el alcance de sus crímenes. Se trata de un resultado positivo de una nueva ley destinada a acabar con la impunidad para garantizar que ningún criminal de guerra quede impune. La nueva ley facultará a los tribunales daneses para perseguir delitos internacionales como tortura, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Alemania: Tras llamamientos de Amnistía Internacional Alemania, entró en vigor la Ley de Autodeterminación, que permitirá a las personas transgénero, no binarias e intersexuales obtener el reconocimiento legal de su identidad de género mediante la presentación de una simple declaración en el registro. La nueva ley reemplaza la Ley Transexual de 1980, que obligaba a las personas transgénero a someterse a evaluaciones psicológicas y a un procedimiento judicial discriminatorios para conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género.
India: Tras llamamientos de Amnistía Internacional, el Tribunal Supremo de India dictó dos sentencias históricas destinadas a poner fin al clima de impunidad que rodea a la práctica cruel e inhumana de castigar a las personas mediante la demolición ilegal de sus hogares y propiedades. Se trata de una gran victoria para poner fin a las demoliciones injustas, dirigidas en su mayoría contra la minoría musulmana por las autoridades indias.
Sierra Leona: En una sentencia histórica dictada el 7 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) falló a favor del grupo de la sociedad civil AdvocAid en una causa incoada contra la República de Sierra Leona para impugnar la legislación sobre el merodeo. El tribunal falló que la legislación sobre el merodeo de Sierra Leona vulnera los derechos a la igualdad, la no discriminación y la libertad de circulación, y afecta de forma desproporcionada a las personas marginadas. Amnistía Internacional presentó una intervención de terceros ante el Tribunal de la CEDEAO señalando que la legislación sobre el merodeo y otras leyes sobre el vagabundeo discriminan a las personas que viven en la pobreza, a la población LGBTI y a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y vulneran su derecho a la dignidad, así como el principio de legalidad. El fallo del tribunal ordenó a Sierra Leona que reformara o derogara estas leyes, haciendo hincapié en la necesidad de una legislación que proteja a toda la ciudadanía frente a las detenciones arbitrarias y los abusos. Esta sentencia sienta un precedente jurídico crucial en toda África y fuera de ella, ya que 31 países siguen manteniendo legislación sobre el merodeo discriminatoria.
Turquía: Gracias al trabajo de Amnistía Internacional Turquía, junto con decenas de organizaciones de la sociedad civil, se retiró el proyecto de ley de espionaje, bautizada como ley “sobre agentes de influencia”. Aunque el gobierno debate la posibilidad de reintroducir la reforma en su agenda, la retirada es un triunfo importante para los derechos humanos. Al unirse para expresar con vigor sus motivos de preocupación reales, la sociedad civil turca ha ayudado a bloquear esta peligrosa medida que habría tenido un impacto devastador en su labor y en la sociedad en general.
Corea del Sur: Tras la publicación del informe Recharge for Rights: Ranking the Human Rights Due Diligence Reporting of Leading Electric Vehicle Makers (Recarga por los derechos: Clasificación de los informes de diligencia debida en materia de derechos humanos de los principales fabricantes de vehículos eléctricos), el equipo sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional viajó a Corea del Sur, Taiwán y Japón para reunirse con fabricantes mundiales de automóviles y baterías, así como con legisladores y la sociedad civil. Tras una reunión con la legisladora surcoreana Jongdeok Jeon, esta publicó una larga reflexión en Facebook que incluía las siguientes palabras: “El gobierno debe dar un paso al frente y garantizar que las empresas abordan activamente y con sensatez las violaciones de derechos humanos… Agradecemos a Amnistía Internacional sus actividades y su preocupación.” En 2025, los legisladores surcoreanos presentarán un proyecto de ley sobre la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y medioambiente.
Estados Unidos: Este año se han producido importantes triunfos para el derecho al aborto en Estados Unidos, donde siete estados han ampliado o salvaguardado los derechos reproductivos. En Arizona, con la ayuda de Amnistía Internacional, se aprobó la Proposición 139 con el 62% de los votos, consagrando el derecho al aborto en la Constitución del estado. La medida anula las restricciones y prohíbe las sanciones a quienes ayuden a abortar. Este logro histórico —“el mayor número de firmas de votantes recogidas por una iniciativa ciudadana en la historia del estado”— pone de relieve el poder de la organización de base, la acción colectiva y el apoyo unificado de Amnistía Internacional, tanto a escala nacional como internacional, a la campaña de Arizona. Se trata de un paso decisivo en la lucha por los derechos reproductivos, que sienta las bases para impugnar las prohibiciones del aborto en todo el país.
Diciembre
Bélgica: Bélgica ha sido declarada responsable de crímenes de lesa humanidad por actos cometidos durante la colonización en un fallo histórico que constituye un punto de inflexión para los Estados europeos. Tras varios llamamientos de Amnistía Internacional y African Futures Lab, el Tribunal de Apelación de Bruselas ha reconocido hoy la responsabilidad del Estado belga en el secuestro y la segregación racial sistemática de niños y niñas métis durante el régimen colonial belga. Esto llega a raíz de que cinco mujeres métis nacidas entre 1948 y 1952 en el Congo belga iniciaran actuaciones judiciales contra el Estado belga. Tras perder en primera instancia en 2021, llevaron su caso ante el Tribunal de Apelación de Bruselas para obtener justicia y reparación.
Global: En Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó —sin ser sometida a votación— una resolución innovadora que ordena entablar negociaciones formales sobre una Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad, un objetivo del trabajo de incidencia de Amnistía Internacional a largo plazo. El proceso está programado para 2026-2029. Una vez concluido y adoptado, el tratado reforzaría el marco de la justicia internacional al proporcionar nuevas herramientas a los Estados y permitirles cooperar mejor entre sí para perseguir los crímenes de lesa humanidad. Además, contribuiría a garantizar que haya menos “zonas seguras” para las personas con presunta responsabilidad penal, y sería un avance importante en la lucha contra la impunidad.