“La decisión de las autoridades de Malta de suavizar una versión del proyecto de ley destinado a despenalizar parcialmente el aborto en casos de riesgo grave para la vida o la salud de las personas embarazadas pondrá vidas en peligro”, ha declarado Amnistía Internacional tras la aprobación del proyecto por el Parlamento.

En virtud de la nueva ley aprobada hoy, un miembro del personal médico podrá interrumpir un embarazo si la vida de la persona corre un riesgo inmediato y antes de la “viabilidad del feto”. Además, el personal médico tendrá la obligación de remitir a un panel de tres profesionales de la medicina a las personas embarazadas cuya salud corra un riesgo grave que podría causarle la muerte antes de darles acceso a un aborto. Los casos de riesgo grave para la salud que “no ponen en peligro la vida” quedan excluidos de la ley de despenalización.

“Es muy decepcionante que el gobierno haya decidido retroceder respecto de la propuesta inicial del año pasado de despenalizar el aborto por motivos de salud. Esta irresponsable ley es un giro de 180º que no protege la salud ni la vida de las personas embarazadas”, afirmó Elisa De Pieri, investigadora de Amnistía Internacional para Europa.

“Exigir la aprobación de tres especialistas antes de dar acceso a un aborto podría provocar retrasos mortales y también disuadir al personal médico de remitir el caso, lo que asimismo podría tener consecuencias mortales.”

En noviembre, el gobierno propuso una reforma del Código Penal (Proyecto de Ley 28) encaminado a librar al personal médico y a las personas embarazadas de la amenaza del enjuiciamiento penal “cuando la interrupción del embarazo se lleve a cabo para proteger la vida o la salud de una mujer embarazada de un riesgo grave”. En virtud del proyecto de ley revisado, el aborto en todas las demás circunstancias seguirá siendo ilegal, lo que es contrario a las obligaciones internacionales de Malta en materia de derechos humanos y viola éstos.

En junio de 2022, debido a la criminalización del aborto, se negó esta intervención a una ciudadana estadounidense que sufrió un aborto espontáneo a pesar del riesgo de infección y de sufrir consecuencias graves para su salud mental. El lunes, sin embargo, se presentó y aprobó en la fase de comisión una restrictiva reforma de la propuesta original de despenalización que aumentaba de forma significativa el número de circunstancias en las que el aborto seguiría siendo delito.

“Aunque el gobierno ha reconocido por fin que el acceso al aborto es necesario para salvar vidas, esta nueva ley creará nuevas y peligrosas barreras y demoras para las mujeres y personas embarazadas que necesiten con urgencia tratamiento médico y tengan derecho a recibirlo. Esta oportunidad perdida para aumentar el acceso al aborto pondrá vidas y la salud de las personas en peligro”, concluyó Elisa De Pieri.

“Nos unimos a activistas y organizaciones de salud y reclamamos que se garantice el acceso a un aborto seguro y legal para toda la población.”