El reiterado bloqueo de la marcha del Orgullo de los últimos años es otro ejemplo más de la intolerancia de las autoridades a la disidencia y la diferencia, del deterioro de la situación de los derechos humanos en Turquía, en general, y de la falta de respeto por los derechos LGBTI.

La oficina del gobernador de Estambul emitió una declaración el 24 de junio, víspera de la marcha, alegando la necesidad de proteger la seguridad de los y las participantes y turistas de la zona, y de mantener el orden público. Aseguraron además que no se había notificado debidamente la marcha.

La prohibición se impuso a pesar de que el comité organizador había notificado a las autoridades y entablado un diálogo con ellas semanas antes de la fecha prevista. La prohibición de las autoridades y las razones citadas son directamente contrarias a sus obligaciones respecto de este derecho, protegido por las normas internacionales, entre ellas el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y por la propia Constitución turca. Amnistía Internacional considera que la prohibición es un intento flagrante de las autoridades de impedir que se oigan las voces de las personas LGBTI y de sus simpatizantes, lo que viola su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.