Las autoridades de Marruecos y España deben redoblar sus esfuerzos para esclarecer la suerte de al menos 70 hombres —en su mayoría procedentes de Sudán y Chad— que siguen desaparecidos, dos años después de que las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas reprimieran de forma letal a las personas de África subsahariana que intentaban cruzar la frontera desde Marruecos hacia el enclave español de Melilla. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Al menos 37 personas negras de origen subsahariano murieron y centenares más resultaron heridas durante el incidente que tuvo lugar el 24 de junio de 2022. Las autoridades marroquíes no anunciaron la apertura de una investigación sobre los sucesos letales hasta un año y medio después, a principios de 2024, y no han comunicado los resultados, mientras que las autoridades españolas siguen negando toda responsabilidad oficial.
“Es escandaloso que, dos años después de la mortífera represión que tuvo lugar en la frontera de Melilla, las familias de más de 70 personas que continúan en paradero desaparecido sigan teniendo que luchar por obtener respuestas sobre lo que les sucedió a sus seres queridos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas. Hasta la fecha, ni las autoridades de Marruecos ni las de España han garantizado una investigación transparente y efectiva para facilitar que los familiares de las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación. No se les debe permitir seguir ocultando esta tragedia bajo la alfombra”, ha declarado Amjad Yamin, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
En junio de 2023, el Comité de la ONU contra la Tortura puso de relieve la ausencia de una investigación efectiva sobre los sucesos letales de junio de 2022 e instó a España a que investigara sin demora la responsabilidad que habían tenido en ellos las fuerzas de seguridad y adoptara medidas para garantizar que no se repitieran un hecho así.
Hasta ahora, las autoridades españolas han negado toda actuación indebida y han seguido llevando a cabo expulsiones colectivas ilegítimas y devoluciones “en caliente” en sus fronteras.
Hace pocas semanas, la sucursal de Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) denunció que las autoridades habían enterrado en secreto a algunos de los fallecidos. Esta organización señaló que había documentado la recuperación de varios cadáveres del depósito del hospital Al Hassani y su traslado al cementerio de Sidi Salem en presencia de fuerzas de seguridad. Entre el 6 y el 12 de junio se inhumaron al menos 13 cuerpos.
Los cadáveres fueron enterrados en tumbas anónimas, únicamente con indicación de la fecha del sepelio, el número de serie del cementerio y el sexo de la persona.
El presidente de la organización, Omar Naji, dijo a Amnistía Internacional que había acudido al cementerio de Sidi Salem a investigar y recopilar información.
“Creemos que esta situación comenzó a principios de junio. Según nuestra información, el 6 de junio enterraron a ocho fallecidos en la operación que las guardias fronterizas españolas y marroquíes llevaron a cabo en 2022, y el 12 de junio fueron enterrados otros cinco hombres”, señaló.
“Las denuncias de que las autoridades marroquíes están enterrando en secreto los restos no identificados de personas migrantes y refugiadas que murieron violentamente durante los sucesos de junio de 2022 son profundamente alarmantes. En lugar de seguir ocultando la verdad, las autoridades deben asegurar la máxima transparencia y revelar la suerte y el paradero de todos los desaparecidos, incluidas las causas de muerte de los que han sido enterrados. Además, deben permitir con carácter urgente el acceso de familiares para que identifiquen los cadáveres y designar especialistas independientes para que realicen análisis forenses”, ha añadido Amjad Yamin.
En junio de 2024, Amnistía Internacional habló con las familias de tres refugiados y migrantes sudaneses desaparecidos que perdieron el contacto con sus familiares a principios o mediados de junio de 2022. Se ha confirmado la muerte de al menos uno, y los otros dos continúan en paradero desconocido hasta la fecha.
Mahdi Abdallah Mohamed, de Sudán, describió a Amnistía Internacional su lucha permanente por averiguar lo que le ocurrió a su hermano desaparecido, Mohamed Abdallah Abderahmane Abdallah, con quien mantuvo contacto hasta el 14 de junio de 2022.
“Encontramos muchas dificultades, y cada [persona] nos cuenta una versión diferente”, explicó. “Sigo sin saber si mi hermano está muerto o encarcelado, y no soy el único. Hay muchas familias en esta situación.”
Maryem Babekr Mohamed Idriss afirmó que el 7 de junio de 2022 habló por última vez con su hermano Ahmed Babekr Mohamed Idriss, de 26 años, que le contó que él y otras personas se estaban preparando para cruzar las fronteras en unos cuantos días. Después del 24 de junio, perdieron el contacto.
“El 24 de junio, la sucursal de Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos publicó en su página de Facebook que lo habían encontrado en un hospital local y sufría heridas en la pierna. Ya no supimos nada más de él, no pudimos localizarlo en los hospitales ni en las cárceles.”
Taycir Mounir Khamis, hermana de Abd el Baset Mounir Khamis, dijo que se enteró de que su hermano había desaparecido cuando uno de los amigos de éste publicó la noticia en una red social en octubre de 2022. Posteriormente, la familia viajó a Marruecos y encontró su cadáver en un depósito de la morgue de Nador.
“Después de eso, comencé a buscarlo yo misma, a recopilar información y verificar si estaba muerto o en una cárcel de Marruecos. Después de algún tiempo, confirmamos que estaba muerto, que su cadáver se encontraba en una morgue de Nador. Tuvimos muchas dificultades para buscarlo”, explicó.
Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que garanticen que quienes buscan a sus familiares pueden acceder a la información, identificar los cadáveres y repatriar los restos de los que aún no han sido enterrados.
La inacción de las autoridades marroquíes a la hora de tomar medidas para investigar la actuación indebida de las fuerzas de seguridad el día de los homicidios de Melilla contrasta con la forma en que han tratado a quienes intentaron cruzar la frontera ese día.
Según la AMDH, al menos 86 de las personas que trataron de cruzar a España fueron procesadas y condenadas a hasta tres años de prisión. Amnistía Internacional ya ha expresado anteriormente su preocupación por el hecho de que algunas de las sobrevivientes fueran sometidas a juicios injustos.
“Es completamente inaceptable que, en lugar de la verdad y la rendición de cuentas, a las personas sobrevivientes y los seres queridos de quienes murieron violentamente no dejen de llegarles injusticias. Las autoridades marroquíes y españolas deben cumplir con urgencia con sus obligaciones jurídicas internacionales, lo que incluye adoptar medidas para garantizar que en el futuro no se repitan una pérdida de vidas ni daños tan atroces”, ha concluido Amjad Yamin.
