En los últimos dos meses, las autoridades marroquíes han redoblado su acoso contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos: al menos cuatro se enfrentan a investigaciones penales y procesamientos por publicaciones en redes sociales en las criticaban a las autoridades. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

La defensora de los derechos humanos Saida El Alami fue detenida el 23 de marzo y comparecerá ante un tribunal de Casablanca el 8 de abril por cargos derivados de publicaciones en las que denunciaba públicamente el acoso que sufría a manos de la policía y criticaba la represión a la que las autoridades sometían a periodistas y activistas.

“Las autoridades marroquíes están acosando e intimidando a activistas mediante investigaciones penales sin fundamento y cargos falsos en un descarado intento de silenciar las voces críticas y reprimir el activismo pacífico”, ha manifestado Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Pedimos a las autoridades que pongan a Saida El Alami en libertad de inmediato y sin condiciones y retiren todos los cargos formulados contra ella. La policía debe poner fin a todos los interrogatorios y procesamientos de activistas debidos exclusivamente a su ejercicio del derecho a la libertad de expresión.”

La policía también detuvo al bloguero Mohamed Bouzlouf, que había expresado solidaridad con El Alami en Facebook, el 26 de marzo. Un tribunal de Ouarzazate lo condenó a dos meses de prisión el 4 de abril. Otros dos activistas, Abderrazak Boughanbour y Brahim Nafai, están siendo investigados y fueron citados para interrogatorio por unas publicaciones en Facebook en las que pedían protestas y un boicot del combustible, respectivamente.

Saida El Alami es una destacada activista de derechos humanos y miembro del colectivo “Femmes Marocaines Contre la Detention Politique”, que agrupa a defensoras de los derechos humanos y denuncia detenciones de motivación política. El 23 de marzo de 2022 recibió una citación de la Brigada Nacional de la Policía Judicial (BNPJ). Tras su interrogatorio, fue recluida bajo custodia policial durante 48 horas antes de ser conducida al tribunal de primera instancia de Ain Sebaa, en Casablanca. Mientras estuvo bajo custodia de la policía y durante sus 10 primeros días de encarcelamiento no tuvo acceso a un abogado.

El fiscal la interrogó sobre sus publicaciones en redes sociales, incluida una publicación realizada en Facebook el 22 de marzo en la que criticaba al director general de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos (DGSN) y a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) por enviar agentes a interrogar sobre ella a sus vecinos y vecinas mientras ella estaba fuera. En otra publicación de Facebook realizada el 20 de enero, que también forma parte del procesamiento, Saida El Alami denunció la corrupción en el poder judicial.

El fiscal la acusó de “insultar a un órgano regulado por ley”, “insultar a funcionarios públicos mientras cumplen con su deber”, “desacato a las decisiones judiciales” y “difundir y distribuir denuncias falsas sin consentimiento”, en virtud de los artículos 265, 263, 266 y 2-477 del Código Penal, respectivamente. Uno de los abogados de Saida El Alami, que pidió que no se diera su nombre por motivos de seguridad, contó a Amnistía Internacional que el fiscal había denegado sin justificación su petición de que concedieran a su cliente la libertad en espera de juicio.

Según el derecho internacional de los derechos humanos, prohibir los insultos o las faltas de respeto a funcionarios del Estado o figuras públicas, al ejército o a otras instituciones públicas constituye una violación del derecho a la libertad de expresión. Además, según determinó el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los funcionarios públicos deben tolerar un grado mayor de escrutinio y críticas que las personas particulares. Las leyes que penalizan la difamación, ya sea de figuras públicas o personas particulares, son una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de expresión; por tanto, la difamación debe tratarse como un asunto de litigio por la vía civil.

Facebook en el radar de la policía

El 8 de marzo, la policía de la ciudad de Settat citó a Brahim Nafai, profesor de filosofía y secretario nacional de la sección joven del partido político Annahj Addimocraty (La vía democrática), por una publicación de Facebook que compartió en la que pedía un boicot de la compra de combustible durante tres días. Las autoridades de Facebook suspendieron la cuenta de Brahim Nafai el 8 de marzo, después de que su publicación les fuera denunciada por fuentes desconocidas. Cuando, varias horas después, los amigos de Brahim Nafai le ayudaron a recuperar el acceso a su cuenta, la publicación había sido eliminada. El 9 de marzo, Brahim Nafai fue interrogado por dos agentes de policía de la comisaría de Settat durante tres horas y media. No había sido informado de ningún seguimiento de su caso.

El 17 de febrero de 2022, tras una orden de la fiscalía, la policía marroquí citó para interrogatorio a Abderrazak Boughanbour, expresidente de la Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH). La citación se recibió después de que Abderrazak Boughanbour hubiera compartido tres veces en su página de Facebook una publicación en la que pedía al Frente Social Marroquí, un movimiento de coalición de asociaciones, grupos políticos y sindicatos, que se uniera a las protestas planeadas para conmemorar el Movimiento 20 de Febrero, que pedía reformas políticas. Al día siguiente, el 18 de febrero, Abderrazak Boughanbour acudió a la comisaría de policía de Skhirat-Temara, una ciudad situada a unos 30 km de Rabat, donde la policía le interrogó durante más de tres horas sobre su carrera política y su participación en sindicatos y activismo de derechos humanos, así como sobre sus publicaciones en Facebook. No le han dicho si su caso está archivado o qué debe esperar a continuación.

El 26 de marzo, la policía de Casablanca viajó 432 km hacia el sur, a Ouarzazate, para detener a Mohamed Bouzlouf, un joven que había expresado solidaridad con Saida Alami en una publicación de Facebook el 24 de marzo, según contó su hermano a Amnistía Internacional. Lo llevaron en un automóvil civil a la comisaría de policía de Ouarzazate, donde le interrogaron sobre sus publicaciones de Facebook en apoyo a Saida El Alami. Según la declaración policial, examinada por Amnistía, la policía lo acusó de “socavar instituciones establecidas”, “influir en la justicia” y “perjudicar decisiones legales”, en virtud de los artículos 265 y 266 del Código Penal. Los policías también registraron la casa de Mohamed Bouzlouf ese mismo día. El 4 de abril, el tribunal de Ouarzazate condenó al joven a dos meses de prisión y una multa de 2.000 dírhams marroquíes (unos 206 dólares estadounidenses). Mohamed compareció en su juicio a través de una videollamada desde su celda en la prisión de Ouarzazate, donde aún permanece recluido. A su familia aún no le han permitido visitarle a causa de la normativa sobre la COVID-19.

Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que pongan fin al procesamiento de activistas que han criticado a figuras públicas, funcionarios o instituciones del Estado, y que garanticen que la gente tiene libertad para expresar sus opiniones sin temor a represalias. Deben anularse todas las penas por insulto o difamación de funcionarios públicos.