Además, en los casos de personas de edad avanzada o con patologías previas deben considerarse de inmediato alternativas a la detención si no representan una amenaza para ellas ni para la sociedad, y asimismo debe considerarse la puesta en libertad basada en la presunción de inocencia para las que estén en espera de juicio acusadas de algún delito.
“La nefasta perspectiva de que la COVID-19 se propague por las cárceles debería impulsar a las autoridades marroquíes a poner en libertad a todas las personas recluidas únicamente por expresar sus opiniones o ejercer su derecho de protesta. Estas personas pacíficas nunca debieron ser encarceladas”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“En los casos de personas que continúen detenidas o presas, el gobierno marroquí debe proporcionar unos niveles de atención de la salud que cubran las necesidades de cada persona y garanticen la máxima protección posible contra la propagación de la COVID-19.”
La intolerancia de las autoridades marroquíes frente a quienes se atreven a expresar libremente sus opiniones ha aumentado en los últimos seis meses. Sólo de noviembre de 2019 a enero de 2020, al menos 10 personas —entre ellas un periodista y dos raperos— fueron detenidas y condenadas a prisión en relación con el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión en Internet; todas fueron acusadas de "ofender a autoridades o instituciones públicas”, y 7 están actualmente encarceladas en distintas prisiones de Marruecos.
Por ejemplo, el activista Abdelali Bahmad, alias Ghassan Bouda, está cumpliendo un año de prisión por “injurias” a la monarquía tras haber publicado comentarios de apoyo a las protestas de Hirak del Rif en su página web. Los blogueros Moul El Hanout y Youssef Moujahid están cumpliendo cuatro años de prisión después de que un tribunal de Rabat los declarara culpables de “ofender a autoridades o instituciones públicas” e "incitación al odio" por publicar vídeos en los que aparecen ejerciendo legítimamente su derecho a la libertad de expresión en Internet.
Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el número de personas privadas de libertad en todo el país por la expresión legítima de sus opiniones ascendía a 110 en marzo de 2020.
Las cárceles de Marruecos están saturadas y un porcentaje considerable de la población reclusa está en detención previa al juicio. En noviembre de 2019, Mustapha Ramid, ministro de derechos humanos y relaciones con el Parlamento, informó a la cámara alta del Parlamento marroquí de que el hacinamiento en las cárceles era del 138% aproximadamente, con 83.747 personas privadas de libertad en 2018. Según el ministro de Justicia, el 40% de la población reclusa total en 2018 eran personas detenidas en espera de juicio.
“El gobierno también debería considerar seriamente la posibilidad de adoptar medidas no privativas de libertad para las personas acusadas de delitos leves o que son especialmente vulnerables a contraer COVID-19, como las de edad avanzada y las que padecen problemas médicos graves. Said Morayef
Diversas personas privadas de libertad se han declarado en huelga de hambre en los últimos años para reivindicar mejor asistencia médica o el derecho a recibir visitas. Entre ellas están muchos de los presos de Hirak del Rif condenados por un tribunal de Casablanca a largas penas de prisión por participar en el movimiento de justicia social que proliferó en la región septentrional marroquí del Rif a lo largo de 2017. Amnistía Internacional calificó el proceso de grave error judicial, ya que el tribunal se basó en confesiones obtenidas mediante tortura para declarar culpables a los 43 hombres que habían participado en las protestas.
Nabil Ahamjik y Ahmed Zefzafi, líderes de las protestas, iniciaron una huelga de hambre el 22 de febrero para reclamar acceso a asistencia médica y el derecho a recibir visitas. Ambos tuvieron que suspenderla el 17 de marzo por el temor a la propagación de la COVID-19.
Información complementaria
Según datos del Ministerio de Salud, el número total de casos confirmados de Covid-19 en Marruecos y el Sáhara Occidental el 6 de abril se elevaba a 1.021; 70 personas habían muerto por complicaciones asociadas al coronavirus, mientras que 76 se habían recuperado. El 16 de marzo, las autoridades judiciales marroquíes anunciaron la suspensión de las vistas en los tribunales hasta nuevo aviso, excepto las relacionadas con personas detenidas, procedimientos sumarios e investigaciones en curso.
El 5 de abril —según anunció el Ministerio de Justicia el pasado domingo—, el rey Mohammed VI concedió el indulto real a 5.654 personas presas y ordenó tomar todas las medidas necesarias para reforzar la protección de la población reclusa, especialmente contra la propagación del coronavirus.
El 20 de marzo, el Ministerio del Interior anunció el confinamiento total de la población hasta el 20 de abril. El 23 de marzo, el Parlamento aprobó la Ley n° 2.20.292, que regula el estado de emergencia de salud pública y establece penas de entre uno y tres años de prisión para quien la incumpla.
El 28 de marzo, la Presidencia de la Fiscalía General informó de que la policía había detenido a 450 personas por incumplir la ley de emergencia de salud pública y 56 por publicar información falsa sobre la COVID-19.
