En este contexto, la organización lanzó el sitio web “El disenso en riesgo” en donde publicó una línea de tiempo, información sobre el marco normativo, guías prácticas sobre el uso de armas menos letales, casos y material audiovisual. Allí, Amnistía Internacional irá subiendo datos actualizados.
Cifras alarmantes
En al menos 15 manifestaciones relevadas a lo largo del año, la respuesta estatal se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, teniendo como resultado:
- 1155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves.
- 33 personas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión.
- 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones.
- 73 personas criminalizadas por participar en las protestas.
Incluso, estas cifras representan un subregistro de la totalidad de víctimas y casos dado que están construidas a partir de relevamientos parciales de organizaciones y organismos especializados. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad no ha publicado e incluso en varias ocasiones ha denegado o brindado información parcial sobre los operativos y la actuación policial, evidenciando la falta de transparencia del gobierno.
INFORME
El uso desproporcionado de la fuerza como norma
Entre las prácticas documentadas, se observó el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y golpes con tonfas y bastones, además de detenciones arbitrarias. Incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva.
Amnistía Internacional destaca que el uso de la fuerza por parte de las autoridades debe estar enmarcado en principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, . Además, el uso indebido del derecho penal para criminalizar las protestas contradice los principios de un estado de derecho.
El rol del periodismo en las manifestaciones
Amnistía Internacional llevó a cabo más de 30 entrevistas a manifestantes, abogados de derechos humanos, profesionales de la salud y trabajadores de prensa, contando con relatos en primera persona sobre la violencia y limitaciones indebidas al espacio cívico.
Desde enero a esta parte, al menos 50 trabajadores de prensa que estaban trabajando y cubriendo las distintas manifestaciones han resultado heridos como consecuencia del accionar policial en las protestas, . Las filmaciones, fotografías y testimonios de la prensa libre funcionan como un control exógeno de la actuación de las fuerzas de seguridad, siendo en innumerable cantidad de ocasiones la fuente de prueba respecto de cómo sucedieron los hechos realmente. “Durante este primer año de gestión, las autoridades nacionales han elegido la confrontación y la violencia, prácticas propias de gobiernos autoritarios como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente. La violenta represión de la expresión del disenso en las calles ha dado claras muestras de ello. El derecho a la protesta es esencial para el funcionamiento de una democracia. Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó Paola García Rey, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
Frente a esta situación, Amnistía Internacional urge al gobierno argentino a adoptar medidas concretas que garanticen el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Esto incluye la derogación del Protocolo Anti-piquetes y la implementación de regulaciones policiales y capacitaciones que se alineen con los estándares internacionales sobre el derecho a la reunión pacífica y el uso de la fuerza. Es fundamental desterrar las detenciones arbitrarias, los actos de violencia y el uso de la fuerza desproporcionada como mecanismo de disuasión frente a manifestaciones pacíficas. Asimismo, se debe limitar el uso de armas menos letales bajo principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, e investigar y sancionar de manera efectiva a los responsables del uso ilegítimo y excesivo de la fuerza. Es imperativo proteger a periodistas y trabajadores de prensa, asegurando que puedan ejercer su labor sin restricciones ni violencia.
