“Un conjunto de crisis ha venido a demostrar lo mal preparados que están muchos Estados para brindar a la población una ayuda imprescindible. Impresiona pensar que más de 4.000 millones de personas —es decir, en torno al 55% de la población mundial— no tienen acceso ni siquiera a la protección social más básica, a pesar de que el derecho a la seguridad social quedó ya consagrado en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
El informe muestra cómo la suba de los precios de los alimentos, el cambio climático, las consecuencias económicas del COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania están alimentando una catastrófica crisis humanitaria y provocando cada vez más agitación social y protestas.
Asimismo, el reporte insta a los Estados a garantizar que la seguridad social —por ejemplo, subsidios por enfermedad o discapacidad, atención médica, pensiones para la población de edad avanzada, manutención infantil, prestaciones familiares y ayudas a la renta— esté a disposición de cualquier persona que pueda necesitarla.
Las consecuencias de estas crisis —entre ellas, el hambre generalizada, el crecimiento del desempleo y el empeoramiento del nivel de vida— han dado lugar en todo el mundo a protestas que, con frecuencia, han sido brutalmente reprimidas.
Pobreza, inflación y protestas
La falta de seguridad social adecuada puede ser catastrófica para el creciente número de personas que a duras penas pueden tener acceso a un plato de comida.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirma que, en todo el mundo, 349 millones de personas corren peligro inminente de sufrir escasez alimentaria, mientras que 828 millones se van a la cama con hambre todas las noches.
Es más, según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022, la pandemia de COVID-19 ha borrado casi cuatro años de avances en la reducción de la pobreza, y ha sumido a 93 millones de personas más en la pobreza extrema, con menos de 2,15 dólares estadounidenses al día para vivir.
La falta de medidas efectivas para mitigar la inflación y la escasez ha hecho que los niveles de vida de la población entren en una espiral descendente. Según la actualización sobre seguridad alimentaria del Banco Mundial de diciembre de 2022, casi todos los países de ingresos bajos y medios han experimentado altas tasas de inflación entre julio y octubre de 2022. Argentina está entre la lista de los países más afectados con un 92%.. En la lista también se encuentran Zimbabue con un 321%, Líbano con un 203%, Venezuela con un 158%, Türkiye con un 99%, , Irán con un 84% y Sri Lanka con un 81%. Esto ha contribuido al estallido de protestas en distintas partes del mundo, como las que se han producido recientemente en Irán, Sierra Leona y Sri Lanka.
El encarecimiento de los alimentos y de otros artículos básicos afectó especialmente a las poblaciones de los países de bajos ingresos, pero el aumento en el uso de bancos de alimentos en los países más ricos demuestra que la crisis del costo de vida y de la asequibilidad de los alimentos es generalizada.
La invasión rusa de Ucrania, importante productor de cereales, ha supuesto un golpe demoledor para el suministro alimentario mundial, y ha llevado al índice de precios de los alimentos de la FAO a su punto más alto desde que comenzaron los registros, en 1990. Asimismo, el cambio climático y el constante aumento de los precios de los fertilizantes han repercutido también en la producción agrícola. Según la FAO, la sequía es el factor que más contribuye por sí solo a la disminución de las cosechas.
Seguridad social, impuestos y deuda
En el informe se pide a los acreedores internacionales que renegocien o cancelen las deudas para facilitar una mejor financiación de la protección social. Los altos niveles de endeudamiento y el costo que implica la amortización de la deuda impiden a menudo a los países más endeudados contar con la capacidad económica necesaria para hacer realidad sus aspiraciones en materia de seguridad social. Los países de bajos ingresos gastan cuatro veces más en la amortización de la deuda que en servicios de atención a la salud y 12 veces más que en protección social, según datos de Oxfam.
Por su parte, el informe anual del FMI afirma que en torno al 60% de los países de ingresos bajos están sobreendeudados o corren un elevado riesgo de estarlo, con lo que podrían entrar en suspensión de pagos. La cancelación o renegociación de la deuda liberaría una cantidad considerable de fondos en muchos países para garantizar la protección social.
Además, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se calcula que el costo de ofrecer una cobertura básica de seguridad social en los Estados de ingresos bajos o medios es de 440.800 millones de dólares estadounidenses al año, cantidad inferior a los 500.000 millones que, según Tax Justice Network, dejan de percibir anualmente los Estados debido a los paraísos fiscales.
Los Estados deben usar todos sus recursos y reformar sus sistemas impositivos para detener la evasión y pérdida de ingresos fundamentales para garantizar la existencia de fondos con los que mejorar la protección social.
“En Latinoamérica bien sabemos de crisis económicas. Las deudas han afixiado a la población y consecuencia de eso son los reclamos sociales de los que hemos sido testigos . Cuando hablamos de resolver los problemas del mundo, no existe una solución sencilla, pero lo que sí sabemos es que los Estados se deben tomar en serio la persecución del fraude fiscal y la adopción de medidas para proteger a quienes mas lo necesitan”, señaló Paola Garcia Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Para garantizar el derecho a la seguridad social, Amnistía Internacional apoya el establecimiento de un Fondo Mundial de Protección Social sometido a gestión internacional, concepto que ha sido respaldado por el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el Secretario General de la ONU y la OIT. La creación de este fondo permitiría ofrecer a los Estados ayuda técnica y económica para que ellos, a su vez, puedan ofrecer seguridad social y, en última instancia, fortalecer la capacidad de los sistemas nacionales de seguridad social para incrementar sus respuestas en tiempos de crisis.
Amnistía Internacional forma parte de una coalición de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil que pide a los Estados ir ofreciendo paulatinamente protección social universal y materializar los beneficios que ello conllevará.
