“Garantizar el derecho al aborto es deber de todos los poderes del Estado. Como ya lo dijo la Corte Suprema en el emblemático caso F.A.L., abstenerse de judicializar la atención médica para garantizar debidamente el aborto es fundamental. El efectivo acceso a la práctica requiere que los profesionales de la salud puedan garantizar los derechos que reconoce la Ley 27.610 sin temor a ser perseguidos penalmente", Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
La historia de Miranda Ruiz, injustamente criminalizada
Miranda Ruiz es médica residente de medicina familiar y comunitaria del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. En esa ciudad asiste consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, y se encuentra a cargo del consultorio interdisciplinario de interrupción voluntaria del embarazo.
En septiembre de 2021, la fiscalía general de Graves Atentados contra las Personas a cargo del fiscal Gonzalo Ariel Vega impulsó una investigación penal en su contra a raíz de la atención brindada a una paciente adulta que requirió acceder a un aborto legal. En el marco del dicho proceso, la médica fue privada de la libertad y todavía se encuentra sometida a medidas de coerción sustitutivas a la prisión.
Como surge de la prueba producida en el expediente, Ruiz actuó de acuerdo con las obligaciones dispuestas en la ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Su intervención fue acompañada por un equipo interdisciplinario y respaldada por la dirección del hospital, lo cual también consta en la historia clínica. El procedimiento indicado para la práctica fue medicamentoso y autoadministrado.
Acciones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional envió una nota al fiscal a cargo del proceso penal contra la médica para pedir que dé marcha atrás con la imputación, pues en su caso no existe delito.
La organización de derechos humanos también manifestó preocupación por la injusta criminalización de Ruiz mediante una nota dirigida al procurador general de Salta, Pedro García Castiella –en su carácter de jefe de los fiscales en la provincia-, para que adopte las medidas a su alcance para garantizar que la fiscalía interviniente cumpla con sus obligaciones legales. Además, solicitó que emita instrucciones generales a todos los fiscales de la provincia para la adecuada implementación de la Ley 27.610.
La criminalización contra Miranda Ruiz no debe continuar. Es imperativo que tanto quienes acceden a la práctica como las y los profesionales de la salud que la garantizan, no sean perseguidos por actuar en el marco de ley.
Información adicional
- Comunicado conjunto
- Concentración miércoles 23 de febrero a las 18 hs, Plaza Italia ( Tartagal, Salta)
- Facebook (live)
