Ayer, el Comité DESC dio a conocer su informe tras haber evaluado la situación de la Argentina el 26 y 27 de septiembre en Ginebra, Suiza. Durante el proceso, Amnistía Internacional presentó un informe con eje en temas de austeridad, salud, educación, migración y pueblos indígenas, entre otros aspectos.
“El ajuste económico golpea en primer lugar a la población más vulnerable. En momentos en donde se está debatiendo el presupuesto nacional, es vital que se eviten medidas regresivas y que se garantice en las leyes un enfoque de derechos humanos; especialmente en épocas de crisis”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El Comité recordó a la Argentina que no puede adoptar medidas regresivas para el ejercicio de derechos fundamentales, a menos que demuestre que la adopción de cualquier otra política o el hecho de no actuar resultaría aún más perjudicial. Y llamó a consultar con las poblaciones afectadas las políticas a llevar adelante.
El derecho al aborto legal y pueblos originarios, entre los ejes
El Comité de Naciones Unidas también se refirió a diversos aspectos entre los cuales se destacan la situación de los defensores de derechos humanos, las comunidades indígenas, y la salud en general y de las mujeres en particular.
Salud
El Comité DESC lamentó que no se haya avanzado en la despenalización del aborto en la Argentina y pidió que no se criminalice a las mujeres que recurren a esta práctica. Además, pidió que se garantice el acceso a los medicamentos que permiten una interrupción del embarazo seguro, como el misoprostol y la mifepristona.
En referencia a las medidas de austeridad que ha tomado el Estado, la ONU llamó la atención sobre el deterioro de la infraestructura de salud, con el potencial de empeorarse en caso de recortes adicionales.
El organismo internacional recomendó a Argentina mejorar y garantizar el acceso igualitario a servicios de salud de calidad. También instó a asegurar la autonomía funcional necesaria, así como los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes a la nueva Secretaria de Salud, a fin de promover y supervisar la aplicación de políticas de salud adecuadamente.
Defensores de DDHH
Se reportaron varios casos de amenazas y violencia contra los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidad LGTBI, con una tendencia a confrontación violenta y criminalización.
Justamente, el 24 de octubre se conocerá la sentencia del caso de Javier Chocobar, líder indígena que fue asesinado en Tucumán por defender su territorio.
El Comité recomienda al Estado una política integral de protección de los defensores de derechos humanos y ambientales, que incluya acciones para prevenir ataques.
Pueblos originarios
La ONU manifestó preocupación por la falta de cumplimiento del relevamiento sobre las comunidades, la demarcación de sus territorios, y la prohibición de desalojos, dispuesto por la ley de emergencia territorial (26.160) así como la concesión de títulos de propiedad comunitaria a las comunidades indígenas.
Señaló también que se ha vulnerado sistemáticamente el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, en particular en las actividades extractivas.
Un caso emblemático de la vulneración de este derecho es el de la exploración del litio en Salinas Grandes, asentada en parte sobre territorio de al menos comunidades indígenas de las provincias de Salta y Jujuy.
El Comité recomienda por un lado, aplicar plenamente la ley 26.160 y, por otro, garantizar que los pueblos indígenas sean consultados sobre la explotación económica de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados por ellos.
En su informe, el Comité DESC se refirió también a la situación de las personas migrantes, al medioambiente, la educación y a la vacancia en la Defensoría del Pueblo, entre otros temas.
