La cifra sigue subiendo pero son ya, al menos, 23 personas muertas el pasado viernes intentando llegar al enclave español de Melilla desde Marruecos. Algunas organizaciones que trabajan sobre terreno hablan ya de 37.

Sus cuerpos esperan a ser enterrados en fosas cavadas a toda prisa, pero, hasta donde sabemos, sin que hayan sido identificados ni se hayan realizado autopsias, y sin que sus restos puedan ser devueltos a sus seres queridos, que no podrán darles una despedida digna.

Las imágenes y las filmaciones son impactantes. Fardos humanos –muertos y vivos– hacinados en el suelo mientras se pasean entre ellos policías marroquíes que, para cerciorarse si respiran o se mueven, los sacuden con la punta de porras y bastones. Daniel Canales, nuestro investigador, consigue imágenes inéditas en las que se ve como policías españoles entregan a posibles refugiados –la mayoría vienen de Sudán, un país en guerra- a policías marroquíes, sin ningún tipo de averiguación o trámite sobre si necesitan protección. Una vez entregados, estos policías los vuelven a golpear.

Desde Amnistía Internacional reclamamos una investigación independiente y exhaustiva sobre el incidente más grave ocurrido en décadas y no han sido pocos los hechos dramáticos en esta explosiva frontera;

en el año 2005 murieron al menos 13 personas a manos de las policías marroquí y española, y en febrero del 2014 murieron ahogadas otras 15 personas en la Playa del Tarajal mientras los policías españoles utilizaban contra ellos material antidisturbios.

Estas últimas violaciones de derechos humanos se han desencadenado unas semanas después del acuerdo de restablecimiento de relaciones amistosas entre los gobiernos de España y Marruecos, tras el cambio de postura del gobierno español sobre el Sáhara Occidental.

Quizá por esta razón, el Presidente del Gobierno, cuando se sabía que habían muerto ya cinco personas, felicitó y se felicitó por la coordinada actuación de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad marroquíes. Y cuando ya se sabía que habían muerto 13 personas, culpó a las mafias de las muertes. Pero… ¿quién dejó morir a seres humanos tumbados en el suelo sin atención médica adecuada? ¿Quién entregaba a posibles refugiados desde Melilla a policías marroquíes sabiendo que iban a ser maltratados? ¿Quién mantiene cerradas las oficinas de asilo y refugio en Melilla sabiendo que no hay manera de buscar protección en España si eres sudanés o de Mali como no sea saltando la valla y arriesgándote a morir en un camino eterno por África?

En una mezcla inédita y eficaz, de solidaridad y de legalidad, España ha recibido a más de 124.000 ucranianos que escapan de la invasión rusa y, sin embargo, dejamos morir a potenciales refugiados que huyen de otras guerras. En cambio, a los que huyen de la guerra en Sudán se les impide pedir asilo en nuestro país, violando el derecho internacional. Sólo se puede calificar como racista esta posición.

Es hora de acabar con esta política que permite y alienta violaciones graves de derechos humanos. No vale ya el “businness as usual” porque la sangre y la vergüenza salpican.

En los últimos días medios de todo el mundo como Washington Post, Reuters, France 24, han cuestionado la eficacia de esta política migratoria de ambos gobiernos y resaltado la crueldad del tratamiento a personas que solo buscan protección o una vida mejor. Es hora de que la política migratoria entre Marruecos y España abandone los bastones y las porras y las ilegalidades como líneas de identidad. Recuperar unas buenas relaciones de vecindad no puede significar que se pueda y se deba hacer lo que sea en la frontera sin que importen los derechos de la gente; sea mandar a menores de edad hacia Ceuta, como hizo hace un año el gobierno de Marruecos, o devolver, como hizo la policía española, a personas refugiadas y que sean golpeadas con impunidad por las fuerzas marroquíes.

Para empezar a cambiar la situación hay que conocer la verdad de lo ocurrido en Melilla la semana pasada. Lo piden decenas de organizaciones, la propia Unión Africana.

Sé que será incómodo para ambos gobiernos, pero es necesario para situar los derechos en el centro de estas políticas y que el gobierno de Marruecos, la próxima vez que se aproximen personas a la frontera entre ambos países, reconduzca la situación de otra manera.

También en esencial saber lo ocurrido para entender que es necesario que personas refugiadas tengan la oportunidad -como las personas ucranianas la han tenido– de escapar de la guerra y de la represión en sus países pidiendo asilo por vías legales y seguras.

La situación es compleja pero el cumplimiento de los derechos humanos y la legalidad dan las pistas adecuadas para que los hechos dramáticos de estos días no se repitan.

Este artículo de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, se publicó originalmente en el diario Público.