Las investigaciones sobre femicidios en México presentan graves deficiencias. Así, la inacción y la negligencia por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) condujeron a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género. Estos déficits obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México señala que las fallas identificadas coinciden con las que vienen siendo denunciadas por organizaciones de la sociedad civil en casos ocurridos hace más de 20 años. Esto sugiere que la violencia femicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una problemática estructural.

“Las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“Los femicidios son una tragedia, consecuencia de la violencia machista que afecta a toda la región. Bien lo sabemos en Argentina, país donde hubo un femicidio cada 31 horas desde el 1 de enero al 30 de junio. El impacto de cada femicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, apoyamos a las mexicanas en la lucha por que la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno de México”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

 

 

Cifras escalofriantes

Solo en 2020 se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de femicidios.

Según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en Argentina, durante los primeros 6 meses del año, se registraron 137 víctimas de femicidios. El 81,8% de las víctimas directas son mujeres cis, 6 mujeres trans/travestis, 14 femicidios vinculados y 5 suicidios feminicidas. 14 víctimas tenían menos de 18 años.  El 56% fueron cometidos por parejas o ex-parejas y solo el 7% por desconocidos. 25 víctimas habían realizado al menos una denuncia. “Es fundamental que el Estado tome medidas urgentes para frenar con la violencia de género”, agregó Belski.

En el informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de femicidios precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos.

El reporte demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos. También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para realizar las investigaciones y las oficinas no cuentan con depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a adelante investigaciones adecuadas.

Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia.

Amnistía Internacional seguirá alzando la voz junto con las familias de las víctimas, acompañándolas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación del daño, hasta ser escuchadas.