En el estado de Tabasco, diputados locales aprobaron una reforma que criminaliza las manifestaciones públicas. La reforma establece prolongados periodos de prisión como pena por actos que busquen oponerse a algún proyecto u obra pública o privada y también por realizar cierres de calles y otras vías de comunicación.
“La iniciativa legislativa en Tabasco permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos. Esto es una clara violación a la libertad de expresión en México. Además, se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización considera que la restricción está redactada en términos tan amplios que, en los hechos, anularía la capacidad de las personas de reunirse y expresar libremente sus ideas respecto a proyectos aprobados por el gobierno.
Este tipo de ley fue usada en México para inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos.
Desde 2016, el gobierno federal usó ese tipo de delito para criminalizar a manifestantes pacíficos que se opusieron a una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, en el estado de Puebla. Actualmente, la CFE está usando dicha acusación penal para intentar forzar a la comunidad a aceptar la obra pública.
Por otro lado, el pasado viernes 26 de julio, estudiantes y otras personas que se manifestaron en el estado de Jalisco en contra de un anunciado aumento al costo del transporte público, reportaron la intervención excesiva de las autoridades, incluyendo abuso de la fuerza por parte de agentes de policía. Varios manifestantes fueron golpeados en circunstancias en las que no parecían representar un riesgo para ninguna persona y la reunión fue dispersada sin una clara justificación.
“Estas acciones muestran la fragilidad del ejercicio de los derechos humanos en México y la falta de voluntad política de los gobiernos para garantizar que las personas puedan expresarse con libertad en contra de proyectos o políticas impulsadas por las autoridades”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:
Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): +52 1 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org
Direri Pérez (Amnistía Internacional México): +52 1 55 2265 4331, direri.perez@amnistia.org.mx
Más información:
México: Guardia Nacional debe abstenerse de amedrentar a quienes defienden los derechos de migrantes (Noticias, 27 de junio de 2019)
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/06/mexico-guardia-nacional-debe-abstenerse-amedrentar-defensores-derechos-migrantes/
México: Aprobación apresurada de leyes de seguridad pública pone en riesgo los derechos humanos (Noticias, 22 de mayo de 2019)
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/05/mexico-leyes-de-seguridad-publica-ponen-en-riesgo-derechos-humanos/
