“El gobierno federal hizo todo lo posible por obstaculizar la creación de una comisión de investigación especial para investigar el caso Ayotzinapa, ordenada por un tribunal federal. Dicho tribunal consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y evidencia fabricada”.
“El gobierno tomó más de cien acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial. Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes. El gobierno debe dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”.
