"Las autoridades mexicanas deben tratar a las personas migrantes y sus familias con humanidad, no perseguirlos o dispararles", manifestó Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnesty International (Photo: Ricardo Ramírez Arriola)
El 31 de julio, aproximadamente diez migrantes abandonaron la "Casa del Migrante Saltillo" en el estado norteño de Coahuila para dirigirse a las vías férreas cercanas por donde pasan trenes de carga que van camino a los Estados Unidos. Según una declaración del personal del albergue, había mujeres, niños y bebés entre el grupo.
Durante la noche, agentes policiacos del Estado de Coahuila abrieron fuego y mataron a un hombre centroamericano cerca a su hija de ocho años. La información pública basada en las declaraciones de los testigos señala el hecho de que agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración también podrían haber participado en el incidente, aunque las autoridades federales lo negaron.
Las autoridades estatales informaron a la prensa que un hombre del grupo llevaba un arma y que por su parte, oficiales "repelieron” una agresión". Sin embargo, para entrar al albergue de migrantes de Saltillo, las personas son rigurosamente revisados en busca de armas, drogas o teléfonos celulares, y tienen que cumplir con estrictas reglas de disciplina.
Cualquier muerte a manos de las autoridades debe ser investigada de acuerdo con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), un conjunto de directrices internacionales para la investigación de muertes en las que se sospecha la responsabilidad del Estado. De acuerdo con los Principios de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, el uso de la fuerza letal sólo es legal en respuesta a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Debe ser un último recurso, cuando no se disponga de ninguna otra medida alternativa.
"Las autoridades estatales de Coahuila, así como las autoridades federales de seguridad y migración de México, tienen serias preguntas que responder sobre un hombre muerto a disparos cerca de su hija, si no pueden probar que el oficial de policía estaba reaccionando ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves", dijo Erika Guevara-Rosas.
"Las autoridades deben llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial de este terrible incidente y llevar a toda persona sospechosa de haber cometido un delito ante la justicia en un juicio justo".
Para más información o para concertar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: +52 (1) 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org
Leer más:
México: La Guardia Nacional debe abstenerse de intimidar a quienes defienden los derechos de los migrantes (noticia, 27 de junio de 2019):
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/mexico-guardia-nacional-debe-abstenerse-amedrentar-defensores-derechos-migrantes/
México: La primera muerte de un niño en custodia de la migración mexicana bajo la nueva administración sugiere un inquietante paralelismo con la política de Estados Unidos (noticia, 17 de mayo de 2019)
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/mexico-primera-muerte-menor-custodia-autoridades-migracion-mexicana/
Ignoradas y sin protección: La mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México (informe, 23 de enero de 2018)
https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/7602/2018/es/
