La liberación de un activista medioambiental mexicano, y preso de conciencia, que había sido encarcelado injustamente hace nueve meses como aparente medida de castigo por su activismo pacífico contra la tala ilegal, supone un triunfo para la justicia y los derechos humanos; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Ildefonso Zamora Baldomero fue detenido en noviembre de 2015 en la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, 80 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México. Fue acusado de participar en un robo agravado en julio de 2012.
Los cargos formulados contra Ildefonso Zamora se basaron en pruebas falsas. Un juez federal resolvió que no había fundamentos para creer que fuera responsable de ningún delito, y hasta dudó de que el delito mismo hubiera existido.
Hacer campaña contra la tala ilegal no es un delito. En vez de perseguir a activistas ecologistas por sus actividades pacíficas, las autoridades mexicanas deben garantizar que estas personas pueden llevar a cabo su legítima labor sin miedo a sufrir represalias.
La historia de Ildefonso ilustra de manera trágica lo que significa ser defensor de los derechos humanos hoy en México, donde alzar la voz para denunciar abusos contra los derechos humanos puede llevarte a la cárcel.
Amnistía Internacional piensa que su detención forma parte de una serie de amenazas y actos de hostigamiento relacionados con sus campañas contra la tala de árboles. En 2007 su hijo Aldo fue asesinado y su hijo Misael resultó herido en un ataque que aún no se ha investigado exhaustivamente. La organización insta a las autoridades a parar cualquier otro intento de hostigar a Ildefonso o a su familia por su trabajo.