La nueva Ley General contra la Tortura aprobada en México constituye un paso adelante para hacer frente a la crisis de derechos humanos que azota al país. Las autoridades deben ahora garantizar que todos los responsables de estos infames delitos contra el derecho internacional se presenten ante la justicia, manifestó Amnistía Internacional hoy.

El Congreso mexicano ha aprobado la Ley General contra la Tortura prometida hace más de dos años por el presidente de México tras la indignación pública nacional que estalló tras las violaciones masivas de derechos humanos cometidas en el caso de 43 estudiantes desaparecidos. El Senado mexicano ha aprobado una versión final que había sido debatida por las dos cámaras del Congreso.

A menos que las autoridades mexicanas hagan un esfuerzo real por garantizar el procesamiento de todos los responsables de los miles de casos de tortura denunciados cada año en todo el país, esta ley no será más que palabras sobre el papel. No debemos permitir que esto siga siendo así.

La tortura es una práctica muy extendida en México. A la gente se la tortura de manera habitual en un intento de obligarla a firmar “confesiones” falsas.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los ministerios públicos y los tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar ni castigar la tortura cometida por funcionarios públicos. De los miles de denuncias de tortura realizadas cada año, sólo 15 casos han concluido en sentencias condenatorias a nivel federal desde 1991. Muy rara vez se presentan cargos penales contra los sospechosos de ser penalmente responsables, si es que llegan a presentarse.

La ley aprobada hoy por el Congreso establece la prohibición absoluta de la tortura y dispone que las pruebas y testimonios obtenidos mediante esta práctica deben ser excluidos de los tribunales.

Verónica Razo es una de l@s miles de víctimas de tortura en México. Ha pasado casi seis años en prisión sin que se haya dictado sentencia en su contra.

En junio de 2011, unos policías federales la secuestraron delante de su casa, en el centro de Ciudad de México, cuando se dirigía a recoger a sus hijos de la escuela. La violaron y torturaron durante 24 horas hasta que firmó una “confesión”. Sus dos hijos aguardan con ansia su liberación mientras ella permanece tras las rejas.

El Congreso mexicano ha aprobado hoy una ley que refleja los incansables esfuerzos de innumerables organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes de tortura para garantizar que se elimina este atroz delito contra el derecho internacional, un delito que constituye una violación de derechos humanos.

Sin embargo, mientras haya sobrevivientes de tortura que, como Verónica Razo, permanezcan en prisión, esta ley no podrá considerarse efectiva. Es hora de que las leyes se pongan plenamente en práctica en México, y de que Verónica vuelva a casa con su familia.

Además, hasta que el Congreso no apruebe una ley general contra la desaparición forzada, tal como prometió el presidente en 2014, su trabajo no podrá considerarse terminado.

Una vez firmada por el presidente, esta ley entrará en vigor en todo el país y sustituirá a la ley federal y las leyes estatales existentes sobre la tortura.