Según revela una investigación realizada por Amnistía Internacional sobre 100 mujeres detenidas en México, éstas sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada.

 

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Las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura u otros malos tratos afirmaron haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o e miembros del ejército y la marina. Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.

Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios.

Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada 'guerra contra el narcotráfico' de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.

La mayoría de las mujeres encarceladas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que habían sufrido tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio. Prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas. Muchas fueron presentadas ante los medios de comunicación como "criminales" inmediatamente después de haber sido obligadas a "confesar" los delitos. La mayoría procede de entornos de ingresos bajos y, por tanto, hay menos probabilidades de que pueda costearse una defensa efectiva.

A Mónica, de 26 años y madre de cuatro hijos, la violaron en grupo seis agentes de policía; también le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, la asfixiaron con una bolsa de plástico y le hundieron la cabeza en un cubo con agua en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila, norte de México, el 12 de febrero de 2013. Funcionarios de seguridad intentaron que confesara que formaba parte de una banda de delincuentes. Además, la obligaron a mirar cómo torturaban a su hermano y a su esposo delante de ella.

Tras la tortura, la policía llevó a Mónica y a su hermano y su esposo a la sede de la Procuraduría General de la República. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos debido a las torturas sufridas. Más tarde, Mónica fue obligada a firmar una "confesión en la que afirmaba que pertenecía a un cártel de la droga.

A pesar de que un examen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicado en agosto de 2014 confirmaba la tortura de Mónica, no se han formulado cargos contra ninguno de sus autores. Ella sigue en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en la delincuencia organizada. En abril de 2016, la CNDH emitió la recomendación de que se abriera una investigación criminal sobre el caso. Mónica continúa en prisión.

 

Ausencia de justicia

Según datos de las comisiones nacionales y subnacionales de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ministerios públicos y tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos. Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan, y es incluso más excepcional que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia. De los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional de que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. Según informó la Marina, sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo. Un marino condenado a prisión por abusos sexuales sólo fue apartado temporalmente del servicio en la Marina, lo que le permitiría reincorporarse a su puesto una vez cumplida la pena de cárcel.

No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica.Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto.

Salvo raras ocasiones, las mujeres no reciben la asistencia médica y psicológica adecuada tras haber sufrido la violencia. De las 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, 49 calificaron la asistencia médica que habían recibido tras su arresto de "mala" o "muy mala", y 19 la calificaron de "mediocre". Además, las autoridades federales no están respondiendo con rapidez practicando exámenes forenses adecuados a las mujeres que denuncian tortura u otros malos tratos. Concretamente, la mayoría de las mujeres que han sufrido violencia sexual no son sometidas a una revisión adecuada ni reciben la atención médica debida.

En México, en los juicios penales se sigue haciendo recaer la carga de la prueba en la persona que denuncia haber sufrido tortura u otros malos tratos, lo que contraviene las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos. El derecho mexicano hace recaer justamente la carga de la prueba en las autoridades, que deben demostrar que las confesiones fueron obtenidas por medios legítimos, pero los jueces siguen dando primacía a las pruebas presentadas por el ministerio público sin poner en duda su legalidad y no excluyen las pruebas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos.

A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es el organismo con el mandato constitucional de desempeñar la función de protección y promoción de los derechos humanos, ha emitido decenas de recomendaciones sobre la tortura y otros malos tratos en los últimos años, su número palidece en comparación con el de denuncias que ha recibido. Entre 2010 y 2015, la CNDH recibió 7.048 denuncias de tortura u otros malos tratos y sólo emitió 62 recomendaciones. Además, no suele entregar a las víctimas una copia de su expediente ni asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

Peligroso secretismo

Las autoridades negaron a Amnistía Internacional el acceso a información crucial en el curso de su investigación. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) impidió a la delegación de Amnistía Internacional el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y, en algunas ocasiones, la entrada en un centro penitenciario. Además, representantes del Ejército y la Marina  rechazaron las solicitudes de Amnistía Internacional para tener reuniones.

Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura garantizando el enjuiciamiento de los responsables y reparaciones adecuadas a las víctimas.

Oportunidades para la acción

Las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo. Recientemente se ha establecido un nuevo Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las mujeres adscrito a la Secretaría de Gobernación. El mecanismo agrupa a las autoridades federales responsables de la prevención e investigación de la tortura. Sin embargo, en los nueve meses transcurridos desde su creación, ha permanecido inactivo y no ha hecho ningún avance en ninguno de los tres únicos casos que se han presentado ante ella. Debe hacer avances concretos en la investigación de los casos que se le presentan.

El Congreso mexicano está debatiendo actualmente un proyecto de Ley General sobre la Tortura largamente aplazado. Aunque se han introducido elementos positivos, los legisladores deben reformar las disposiciones pertinentes para reforzar la norma de la inadmisibilidad, según la cual todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos deben ser excluidas de las actuaciones penales excepto en las causas contra un presunto autor de tortura u otros malos tratos, como prueba de que se ha cometido la tortura.