A nueve años de los hechos los retrocesos en la investigación no deben llevar a otra “verdad histórica”. El gobierno debe actuar con transparencia y rendición de cuentas, así como el Ejército.

A pesar de haber hecho algunos avances por esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en los últimos meses las autoridades mexicanas han actuado de una manera que puede afectar el acceso a los derechos de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparación, dijo Amnistía Internacional hoy.

“A nueve años de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, no podemos permitir que los retrocesos en la investigación nos lleven a otra ‘verdad histórica’ en lugar de conocer la verdad y el paradero de los estudiantes”, dijo Edith Olivares, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“Al criminalizar al exfiscal Omar Gómez Trejo y atacar a organizaciones vitales para la defensa de los derechos humanos en México, y hacer caso omiso al posible papel del Ejército en las desapariciones, el presidente López Obrador ha contribuido directamente al aumento en la desconfianza de las familias de los estudiantes y de la sociedad en general”.

Durante los últimos meses Amnistía Internacional ha observado con preocupación varios sucesos que representan un obstáculo fundamental a la investigación oficial e indican que podría llegar a un callejón sin salida.

Recientemente, se hizo pública la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de entregar información fundamental del caso que solicitara el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), entre ella récords de conversaciones interceptadas al grupo delictivo “Guerreros Unidos” relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014.

“La negativa de la Secretaría de Defensa de entregar documentos fundamentales para esclarecer los hechos de Ayotzinapa nos debe escandalizar en un país que está cada vez más militarizado. Ayotzinapa es un claro ejemplo de que la militarización no es la solución a los problemas de seguridad ciudadana. Exigimos transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de los derechos humanos por parte de todo el gobierno, incluido el Ejército”, dijo Edith Olivares.

Asimismo, son de preocupación la renuncia el año pasado del ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, tras denunciar injerencias indebidas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación del caso; y la salida del GIEI el 31 de julio de 2023 debido a la imposibilidad de seguir trabajando por la falta de cooperación de las autoridades mexicanas.

Además, en vez de colaborar plenamente con la búsqueda de la verdad que tanta falta hace a la sociedad mexicana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha recalcado su apoyo al Ejército en relación con las demandas relativas a la falta de entrega de información fundamental para resolver el caso. Al mismo tiempo, el presidente ha hecho declaraciones en contra de organizaciones de sociedad civil que acompañan a las víctimas, como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que inclusive registró nuevos casos de espionaje en su contra mediante el uso del software Pegasus en abril de 2023.

En el mismo sentido, en sus conferencias diarias matutinas, el presidente ha informado que se está realizando una investigación en contra de Omar Gómez Trejo por supuestas omisiones en la investigación, como haber sido parte de una “rebelión” dentro de la Fiscalía.

Amnistía Internacional llama a las autoridades a cumplir con las demandas de las familias de los estudiantes y garantizar su acceso a la verdad, justicia y reparación. La organización exige que la SEDENA comparta toda la documentación necesaria para la investigación, que la UEILCA y la Comisión para la Verdad Ayotzinapa continúen sus trabajos en contra de la impunidad sin injerencias indebidas y que cese la estigmatización y difamación contra organizaciones de sociedad civil que acompañan el caso, así como la criminalización del ex fiscal Omar Gómez Trejo.