El reciente anuncio del gobierno mexicano sobre los resultados de un nuevo análisis forense en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos no prueba nada, y sólo juega con el sufrimiento de las familias, negándoles su derecho a la verdad y la justicia.

El Gobierno presentó un peritaje forense que no prueba absolutamente nada en este caso. Aún peor, el Estado los calificó como hallazgos 'conclusivos'", señalaron desde Amnistía Internacional.

El 1 de abril, la Procuraduría General de la República anunció los hallazgos de peritos nombrados para presentar un nuevo peritaje sobre el destino de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzadamente en el estado de Guerrero en septiembre de 2014.

Este peritaje de fuego fue llevado acabo por las autoridades después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentara resultados que sólidamente refutaron la teoría gubernamental de que los cuerpos de los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.

El GIEI censuró la divulgación de hallazgos preliminares y consideró roto el acuerdo para colaborar con el gobierno en este aspecto de la investigación forense.