“Las conclusiones de la ONU confirman lo que activistas y organizaciones de derechos humanos llevan años exponiendo y denunciando: el uso generalizado de la tortura por parte de las autoridades mexicanas y la manipulación de pruebas para encubrir terribles violaciones de derechos humanos y garantizar la impunidad de sus autores”, ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La investigación indignantemente deficiente sobre uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de México ilustra la manera en que las autoridades abusan del sistema judicial y cómo se niegan a hacer frente a las violaciones de derechos humanos.”
El 26 de septiembre de 2014, la policía atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la cercana localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur del país. Cuarenta y tres estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, mientras que otros tres estudiantes y tres transeúntes murieron. No se ha vuelto a ver a los 43 estudiantes desde entonces.
Los expertos internacionales han echado por tierra repetidamente la teoría planteada por la Procuraduría General de la República (PGR) de México, según la cual la policía municipal entregó a los estudiantes a miembros de una banda local de narcotraficantes, quienes los asesinaron, quemaron sus cadáveres en un vertedero en la cercana Cocula y arrojaron sus cenizas al río San Juan.
El informe publicado el jueves por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) muestra que la investigación de la PGR implicó múltiples violaciones de derechos humanos. Entre ellas hubo 34 casos de detención arbitraria y tortura, y la posible ejecución extrajudicial de un sospechoso, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, muerto presuntamente por torturas a manos de miembros de la Armada el 27 de octubre de 2014.
La OACNUDH también revela cómo las autoridades mexicanas violaron los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, pues documenta irregularidades en la investigación en el río San Juan y la obstrucción de una investigación interna sobre detenciones ilegales a manos de agentes de la PGR.
Amnistía Internacional insta a México a implementar de manera oportuna y efectiva las 15 recomendaciones formuladas en el informe de la OACNUDH, especialmente las relativas a establecer un sistema auténticamente independiente e imparcial de investigación penal, y a erradicar las violaciones de derechos humanos cometidas por los investigadores gubernamentales.
“El gobierno mexicano debe abrir de inmediato una investigación independiente y exhaustiva basada en las conclusiones de este informe. Todos los funcionarios públicos sospechosos de estar implicados en actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos deben ser suspendidos de su puesto en espera de los resultados de la investigación.”
