La delegación conformada por Pichamon Yeophantong y Fernanda Hopenhaym estuvo en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Catamarca y Chaco. Se reunieron con representantes del gobierno nacional y provinciales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán), actores sociales y representantes del sector privado. Su visita tenía por objetivo evaluar los esfuerzos para abordar los posibles impactos adversos de las empresas sobre los derechos humanos.
Los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos establecen que todas las empresas – independientemente de su tamaño y sector – tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, mientras que los Estados tienen el deber de proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por las empresas.
“Aún queda mucho por hacer para la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial en Argentina y la implementación de los Principios Rectores. El país cuenta con un marco normativo vasto, sin embargo, su implementación y la debida fiscalización son muy limitadas a nivel nacional y provincial”, señalaron las expertas en sus conclusiones.
Principales observaciones del Grupo de Expertas
El Grupo de trabajo, en el cierre de su visita, realizó una conferencia de prensa donde compartió algunas de sus principales observaciones al Estado argentino:
- ✔️ la alarmante invisibilización que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación
- ✔️ los episodios de hostigamiento y desalojos sufridos por comunidades indígenas
- ✔️ el avance de la frontera agrícola y de las industrias extractivas en los territorios de los pueblos indígenas y el impacto negativo sus medios de vida. En particular, alentó a elaborar protocolos por o en conjunto con las comunidades, para garantizar el consentimiento libre, previo e informado sobre acciones que puedan tener impacto en sus vidas y/o territorios
- ✔️ el lento avance del relevamiento territorial indígena de la Ley 26.160 junto con la preocupante prórroga por decreto de la ley en 2021 y no por ley del Congreso Nacional. En ese sentido, recomendó avanzar de manera efectiva en el relevamiento territorial y en la titularización de tierras indígenas
- ✔️ las deficiencias en las evaluaciones de impacto ambiental de diversos proyectos empresariales, cuyos efectos podrían ser irreversibles para el planeta y generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos
- ✔️ falta de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en materia de gestión de recursos naturales y los territorios, y su impacto directo en los derechos humanos.
- ✔️ la urgencia de que el Congreso de la Nación designe una persona titular a la Defensoría del Pueblo de la Nación, puesto que se encuentra vacante desde 2009.
El Grupo de Trabajo presentará su informe completo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 53º periodo de sesiones en junio de 2023.
