Este es el tercer post de una serie que analiza diversas cuestiones en 2022 relacionadas con el uso de armamento, el comercio de armas y la ayuda en materia de seguridad, a menudo con recomendaciones.

A mediados de 2021, cuando los talibanes aumentaron su ofensiva contra las fuerzas gubernamentales en todo Afganistán, los combates se intensificaron especialmente en Zakhail, al oeste de la ciudad de Kunduz. Los talibanes usaron motos para tomar zonas civiles y se resguardaron en viviendas y escuelas, mientras las Fuerzas de Seguridad y de Defensa Nacionales Afganas (ANDSF) lanzaban, desde puestos de control policiales, fuego de mortero contra el barrio, densamente poblado.

Como documentó Amnistía Internacional en un nuevo informe sobre el conflicto de Afganistán, la tarde del 23 de junio, una familia se refugió en su casa de Zakhail, intentando protegerse de los combates, cuando se oyeron una serie de explosiones. Una a una, las denotaciones se fueron acercando hasta que la cuarta impactó en el patio central de la casa.

La familia fue alcanzada por pesados fragmentos de metal de un proyectil de mortero. Bibi Shahnaz, una mujer de 30 años, y su hijo de 12, Faisal, murieron en el acto. Otro joven, de 16 años, perdió las dos piernas a la altura de la rodilla. Un hombre y un tercer niño resultaron también malheridos. Un miembro del equipo de investigación de Amnistía Internacional examinó las heridas del hombre herido y, tras quitar la venda de la pierna, observó que, en las heridas más profundas, se veía aún el hueso.

Estas personas civiles murieron y resultaron heridas porque estaban acorraladas en su casa, sin poder huir de los combates, y atrapadas entre las armas explosivas de los talibanes y las de las ANDSF. “Quienes pueden permitírselo se van, pero las personas pobres se quedan porque, si se marchan, se morirán de hambre”, dijo un testigo.

En este caso, la familia fue alcanzada cuando la unidad de las ANDSF fue moviendo sus morteros hasta una posición talibán, proceso en el que el personal va ajustando el blanco mediante la observación y la corrección con cada proyectil que lanza para dirigir gradualmente el arma al blanco con la repetición de disparos. Pero hacerlo en una zona habitada por población civil es sumamente temerario y esta negligencia al no distinguir entre objetivos militares y bienes de carácter civil puede constituir un crimen de guerra. Incluso en ataques legítimos contra un objetivo militar, cuando hay combates en zonas habitadas, las fuerzas militares deben tener sumo cuidado en la elección del armamento.

Ataques como el de Zakhail son un ejemplo de los riesgos que corre la población civil por el uso de armas explosivas en zonas habitadas —una constante de daños que se ha documentado ampliamente— y son causa de la muerte y heridas de decenas de miles de civiles cada año. Amnistía Internacional ha denunciado otros casos concretos en los que se han utilizado armas explosivas poco precisas en Libia, Nagorno Karabaj, ataques aéreos y terrestres sirios y rusos en el norte de Siria, bombardeos aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí y EAU en Yemen y ataques aéreos y de artillería de la coalición dirigida por Estados Unidos en Raqqa (Siria) y Mosul (Irak), por citar sólo algunos ejemplos recientes.

En los últimos años, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la ONU han alertado de la devastación y el sufrimiento de la población civil provocados por los bombardeos aéreos y ataques de artillería en pueblos, ciudades y otras zonas habitadas. Tanto el actual secretario general de la ONU como su antecesor han pedido a los Estados miembros que participen de forma constructiva en el proceso para redactar una declaración política internacional que aborde el daño causado a la población civil por el uso de armas explosivas en zonas habitadas, que califican de “generalizado” y “en gran medida previsible”.

Ante esta preocupación creciente, el gobierno de Irlanda ha dirigido unas conversaciones con Estados y organizaciones para acordar unas nuevas normas internacionales en forma de declaración política que los Estados finalizarán y adoptarán en los próximos meses.

El objetivo de este instrumento político es establecer unas nuevas normas internacionales que refuercen la protección de la población civil promocionando buenas prácticas y estigmatizando la conducta nociva a través de los compromisos de la declaración.

Aunque no sea legalmente vinculante, una declaración política puede reforzar unos principios importantes del derecho internacional humanitario y contribuir a reafirmar la aplicación de la ley y que esto sirva para ofrecer una orientación más clara.

La declaración contemplaría restricciones al uso de armas explosivas en zonas habitadas, con el compromiso expreso de impedir su uso en zonas habitadas cuando estas armas tengan “efectos en una superficie amplia”, es decir, cuando es probable que los efectos del arma se extiendan más allá de un blanco militar concreto. Esto podría deberse a los enormes radios de la onda expansiva y de fragmentación del arma, al uso de sistemas de armamento poco precisos que podrían impactar a cierta distancia del blanco previsto, al uso de un sistema de armas que lanza municiones múltiples a toda una zona o a una combinación de estos factores. El caso de Zakhail es un buen ejemplo donde los proyectiles de mortero, que son muy poco precisos, pueden necesitar múltiples disparos para “atinar” el blanco. Estos disparos adicionales pueden impactar en zonas habitadas por civiles y provocar daños significativos como en este caso. Más allá de las restricciones al uso y otras medidas encaminadas a conformar la política y la práctica militares, el texto de la declaración contendrá también otros compromisos importantes para ayudar a las personas y comunidades afectadas a abordar el impacto humanitario duradero cuando se destruye infraestructura. Y pedirá a los Estados que recaben datos sobre el impacto en la población civil —los efectos directos y también los posteriores— que pueden contribuir a dar respuestas que reduzcan el daño y respondan efectivamente a las necesidades de todos.

La declaración ofrece una oportunidad única de establecer unas expectativas normativas más contundentes, junto a una orientación operativa práctica que pueda ofrecer nuevas perspectivas que reduzcan el daño que experimenta la población civil en los conflictos. Es sumamente necesaria.

Laura Boillot es directora de programa de Article 36 y coordinadora de la International Network on Explosive Weapons (INEW).

Brian Castner es asesor general sobre respuesta a las crisis del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, especializado en armamento y operaciones militares.

Laura Boillot

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