Amnistía Internacional manifiesta preocupación respecto a la modificación de la política migratoria efectuada por medio del decreto 70/2017 y llama la atención sobre el impacto que dicho cambio genera en materia de derechos humanos.

Alarma a la organización internacional el establecimiento de una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina.

Pese a que los Estados se reservan la potestad de aplicar las normas  que consideren en materia migratoria, no pueden violar derechos previstos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional considera que reducir el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente, es un error.

Hace unos días, la organización se reunió con el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y compartió su preocupación ante una posible reforma que desde su origen resulta inconstitucional. Por otro lado, envió cartas a los embajadores de Bolivia, Perú y Paraguay en relación a las recientes manifestaciones públicas de la Ministra de Seguridad de la Nación, en donde, de manera discriminatoria y generalizada, se vinculó a la población migrante de origen boliviano, peruano y paraguayo con la droga y el narcotráfico.Resulta oportuno recordar que en su último examen sobre Argentina a fines de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU mostró inquietud por la discriminación de los migrantes y el aumento de órdenes de expulsión ocurridas en nuestro país a la vez que llamó a  no adoptar medidas que signifiquen un retroceso respecto del marco normativo vigente.

“A diferencia de la legitimidad conquistada por la Ley de Migraciones, que atravesó un amplio debate y tuvo un gran consenso a nivel local y mundial, el uso de una herramienta de carácter excepcional –como un decreto de necesidad y urgencia– se instala en la vereda opuesta. Para ponerlo claro: esta política restringe derechos humanos contenidos en la Constitución pasando por alto la discusión parlamentaria. El endurecimiento de leyes por la vía del decreto no es la vía apropiada para un gobierno que pondera y valora el diálogo”, manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.



También llama la atención que estas políticas se desarrollen a la par que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el marco de la Declaración Política Internacional de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) se comparte un compromiso regional diferente  y se adhirió a “la decisión de algunos gobiernos de eliminar políticas migratorias discriminatorias y selectivas que afectan los flujos migratorios en la región, así como se insta a la eliminación de mecanismos de esta naturaleza en concordancia con la declaración Especial sobre Migración y Desarrollo” (párr. 50). En ese documento se afirma la “visión integral de la migración internacional basada en un enfoque de derechos humanos que rechaza la criminalización de la migración irregular, así como todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación contra los migrantes y que reconoce las contribuciones de los migrantes en los países de origen y destino y (…) para promover una migración ordenada, regular y segura” (párr. 48).

Es imperioso recordar que los Estados parte del Mercosur se han comprometido a promover el respeto, diálogo e integración entre las naciones. En ese espacio incluso se ha empezado a trabajar en un Plan de Trabajo para la confección del Estatuto de la Ciudadanía, en donde se establecen como objetivos fundamentales: la implementación de una política de libre circulación de personas en la región; la igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas para los nacionales de los Estados Partes del Mercosur; y la igualdad de condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a la educación.

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