Ante la crisis de COVID-19 de Myanmar, donde los casos y las muertes aumentan desde mediados de junio y los pacientes tienen dificultades para conseguir oxígeno en un contexto de conflicto creciente, la directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional, Ming Yu Hah, ha declarado:

“La propagación de la COVID-19 en Myanmar agrava la crisis humanitaria y de derechos humanos del país, y es un crudo ejemplo de la ruinosa mala gestión de Myanmar por el ejército y de su enorme coste en vidas humanas”.

“Las autoridades militares, con la persecución implacable del personal médico, al que amenazan y detienen, han destrozado el sistema sanitario, que ya era frágil, durante una pandemia global. Es inadmisible y era evitable”.

“Grupos comunitarios de voluntarios y voluntarias se ocupan de la malsana tarea de retirar los cadáveres y los crematorios están saturados. La respuesta del ejército es hacer fotos preparadas y difundir declaraciones en las que afirman que tienen la situación controlada cuando es patente que no es así. Para empeorar las cosas, los datos disponibles muestran que menos del 3% está totalmente vacunada contra la COVID-19”.

“Esta es una crisis para todo el país, pero nos preocupa en especial la población en situación de riesgo, como las personas encarceladas. El sistema penitenciario de Myanmar alberga ahora a miles de personas que se oponen al ejército y la reclusión en estos centros, incluso en circunstancias normales, es perjudicial para el derecho a la salud, pues lo habitual es la denegación de tratamiento médico y del acceso a medicamentos vitales”.

“Para la mayoría del medio millón de personas que en todo el país que han huido del conflicto o siguen internadas en campos, es fundamental que las autoridades permitan el acceso humanitario sostenido y sin trabas. Los Estados vecinos deben permitir la ayuda humanitaria transfronteriza para las poblaciones minoritarias y desplazadas dentro de los territorios administrados por organizaciones étnicas armadas y de los territorios disputados”.

“A menos que la comunidad internacional actúe de forma rápida, decisiva y unificada, la situación de Myanmar podrá ser y será mucho peor. El conflicto armado empeora cada día; cientos de miles de personas huyen de los combates, los bombardeos y los ataques aéreos; millones se ven abocados a la pobreza y el desempleo, y en el horizonte se avecina la falta de alimentos. Es una tormenta perfecta”.

Información complementaria

La población de todo Myanmar se ha visto afectada por el aumento de casos de COVID-19. Amnistía Internacional ha recibido informes sobre personas que tratan de obtener oxígeno para sus seres queridos a precios exorbitantes con un dinero que sencillamente no tienen. Además, los medios de comunicación informan con detalle de que los miembros de los cuerpos de seguridad han acaparado un oxígeno que se necesita desesperadamente.

A Amnistía Internacional le preocupan también los informes sobre casos de COVID-19 entre la población internamente desplazada, también en los estados de Kachin y Rajine.

El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar dio un golpe de Estado y arrebató el poder al gobierno civil elegido en las urnas. Esto desencadenó protestas prodemocracia en todo el país, lo que, a su vez, hizo que las fuerzas de seguridad recién envalentonadas lanzaran una represión letal, que continúa, contra quienes se manifiestan.

Según la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania (AAPPB), a 13 de julio el ejército había matado a más de 900 personas y detenido a más de 6.600. Continúan recluidas más de 5.200 personas.

También se ha recortado drásticamente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica con medidas como el cierre de medios de comunicación, Internet y redes sociales.