Ante la condena a cuatro años de prisión impuesta a Aung San Suu Kyi, la directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional, Ming Yu Hah, ha declarado:

“La dura condena impuesta a Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos es la prueba más reciente de que las fuerzas armadas están decididas a eliminar toda oposición y reprimir las libertades en Myanmar. La absurda y corrupta decisión del tribunal forma parte de un cuadro demoledor de castigos arbitrarios en el que más de 1.300 personas han perdido la vida y miles más han sido arrestadas desde el golpe militar en febrero.

“Hay muchas personas detenidas con el perfil de Aung San Suu Kyi que se enfrentan a la terrible perspectiva de pasar años entre rejas sólo por haber ejercido pacíficamente sus derechos humanos. No deben ser olvidadas y abandonadas a su suerte.

La situación actual en Myanmar es sumamente alarmante, con una escalada de la violencia que ha causado el desplazamiento de decenas de miles de personas y una crisis humanitaria en medio de la pandemia aún en curso. Sin una reacción internacional decidida, unánime y rápida, todavía puede empeorar y lo hará. La comunidad internacional debe tomar medidas para proteger a la población civil y obligar a rendir cuentas a los autores de graves violaciones de derechos humanos, y asimismo garantizar que se presta asistencia médica y humanitaria con la máxima urgencia. El sistema de atención a la salud del país está en ruinas, la economía está al borde del precipicio y se avecinan periodos de escasez de alimentos. El mundo no puede quedarse de brazos cruzados y delegar el problema en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN); los Estados deben actuar ya para lograr el fin de los homicidios ilegítimos, las detenciones arbitrarias, la tortura y otras violaciones graves de derechos humanos, y del cuadro sistemático de impunidad que ya dura varias décadas y nos ha conducido a donde estamos hoy. “Es vergonzoso que la ASEAN no haya implementado aún su consenso de emergencia después de más de seis meses. Resulta escandaloso que, aparte de bloquear la asistencia del jefe militar Min Aung Hlaing a una serie de reuniones, la ASEAN no haya mostrado una postura firme mientras las fuerzas armadas de Myanmar continuaban aplastando la disidencia pacífica, sembrando la destrucción y aniquilando la libertad de expresión.”

Información complementaria

Dirigente de facto y consejera del Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi fue detenida el 1 de febrero junto con otros cargos electos, activistas y miembros de la Comisión Electoral de la Unión.

Las sentencias condenatorias dictadas el 6 de diciembre fueron por incitación contra las fuerzas armadas en aplicación del artículo 505.b del Código Penal y por presunto incumplimiento de las medidas contra la COVID-19 en aplicación del artículo 25 de la Ley de Gestión de Catástrofes Naturales. Se enfrenta a un total de 11 causas penales, con arreglo a la Ley de Telecomunicaciones (artículo 67) y la Ley de Exportaciones e Importaciones (en relación con la tenencia de radioteléfonos en su domicilio), entre otras. Asimismo ha sido acusada de infringir la Ley contra la Corrupción (artículo 55) y la Ley de Secretos Oficiales. Todas sus vistas judiciales se han celebrado a puerta cerrada.

El 24 de abril, la ASEAN celebró una cumbre de emergencia sobre Myanmar en Yakarta en la que se alcanzó un Consenso de Cinco Puntos y a la que asistió el general Min Aung Hlaing, comandante en jefe del país, a quien se ha prohibido asistir a sesiones más recientes.

En este Consenso se pedía el cese inmediato de la violencia en Myanmar, un diálogo constructivo entre todas las Partes, el nombramiento de un enviado especial de la ASEAN para facilitar el diálogo, la provisión de ayuda humanitaria y una visita del enviado especial a Myanmar. Más de siete meses después de la cumbre, es evidente que este enfoque no ha dado resultados significativos. Al enviado especial de la ASEAN se le ha impedido visitar a Suu Kyi, recluida en un lugar desconocido de la capital, Naipyidó.

El ejército ha seguido matando a manifestantes, transeúntes y otra población civil, así como arrestando, deteniendo, encausando y encarcelando a activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, personal de medios de comunicación, personal médico, artistas, miembros de la oposición política y personas críticas con el ejército por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Según la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania (AAPPB), a 3 de diciembre el ejército había matado a más de 1.300 personas y arrestado a más de 10.000.