Amnistía Internacional entrevistó a casi un centenar de personas y visitó la zona fronteriza
En los últimos meses, el ejército de Myanmar ha estado cometiendo sistemáticamente atrocidades generalizadas que incluyen homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado de civiles en dos estados orientales del país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe, titulado “Bullets rained from the sky”: War crimes and displacement in eastern Myanmar, concluyó que el ejército de Myanmar ha sometido a civiles karen y karenni a castigo colectivo mediante ataques aéreos y terrestres generalizados, detenciones arbitrarias que a menudo han dado lugar a tortura o ejecuciones extrajudiciales, y el saqueo y quema sistemáticos de pueblos.
La violencia en los estados de Kayin y Kayah se reinició tras el golpe de Estado militar del año pasado y se intensificó de diciembre de 2021 a marzo de 2022; causó la muerte de cientos de civiles y el desplazamiento de más de 150.000 personas.
“Es posible que la atención del mundo se haya apartado de Myanmar desde el golpe de Estado del año pasado, pero la población civil sigue pagando un alto precio. Los constantes ataques del ejército contra civiles en el este del país han sido generalizados y sistemáticos, y probablemente constituyen crímenes de lesa humanidad”, ha manifestado Rawya Rageh, asesora general para respuesta a las crisis de Amnistía Internacional.
“Deberían estar sonando las alarmas: los homicidios, saqueos e incendios que están perpetrándose tienen todas las características de la táctica distintiva de castigo colectivo que el ejército ha utilizado una y otra vez contra minorías étnicas en todo el país.”
Deberían estar sonando las alarmas: los homicidios, saqueos e incendios que están perpetrándose tienen todas las características de la táctica distintiva de castigo colectivo que el ejército ha utilizado una y otra vez contra minorías étnicas en todo el país.
Rawya Rageh, asesora general para respuesta a las crisis de Amnistía Internacional
Intensificación de la violencia tras el golpe de Estado
Durante decenios, en Myanmar, incluidos los estados de Kayin y Kayah, ha habido organizaciones étnicas armadas que se emprendido luchas para aumentar sus derechos y su autonomía. Los frágiles ceses de las hostilidades vigentes en ambos estados desde 2012 se vinieron abajo tras el golpe de Estado de febrero de 2021, y han surgido nuevos grupos armados. El ejército, en sus operaciones, ha atacado implacablemente a la población civil.
Algunos ataques parecen haber sido lanzados directamente contra civiles como forma de castigo colectivo contra las personas de quienes se supone que apoyan a un grupo armado o el levantamiento más general posterior al golpe de Estado. En otros casos, el ejército ha disparado indiscriminadamente contra zonas civiles en las que también hay objetivos militares. Los ataques directos contra civiles, el castigo colectivo y los ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles violan el derecho internacional humanitario y constituyen crímenes de guerra.
Para constituir crímenes de lesa humanidad, los ataques contra la población civil deben ser generalizados o sistemáticos; en los estados de Kayin y Kayah son las dos cosas, con crímenes que incluyen el asesinato, la tortura, los traslados forzosos y la persecución por motivos étnicos.
Ataques ilegítimos
En sus actuales operaciones, el ejército de Myanmar ha disparado repetidamente, contra zonas civiles pobladas, armas explosivas con efectos en amplias superficies. Decenas de testigos han hablado a Amnistía Internacional sobre bombardeos que han durado días. La organización documentó 24 ataques de artillería o mortero lanzados entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 que mataron o hirieron a civiles o que causaron destrucción en casas, escuelas, centros de salud, iglesias y monasterios.
Por ejemplo, el 5 de marzo de 2022, mientras las familias cenaban, el ejército bombardeó el pueblo de Ka Law Day, municipio de Hpapun, estado de Kayin, y mató a siete personas, entre ellas una mujer embarazada de ocho meses. Un familiar cercano de cuatro de las personas que murieron dijo que tuvo que permanecer sentado en su casa toda la noche mirando los cadáveres, por temor a resultar herido por nuevos bombardeos; enterró los cuerpos por la mañana.
Muchas personas describieron como especialmente aterrador el uso por parte del ejército de aviones de combate y helicópteros de ataque. Los testigos contaron que por la noche no podían dormir a causa del miedo a ataques aéreos, o huían a buscar cobijo en búnkeres y cuevas.
Amnistía Internacional documentó ocho ataques aéreos contra pueblos en un campo para personas internamente desplazadas en el este de Myanmar en los primeros tres meses de 2022. Los ataques, en los que murieron nueve civiles y al menos otros nueve resultaron heridos, destruyeron casas civiles y edificios religiosos. En casi todos los ataques documentados parecen haber estado presentes únicamente civiles.
En un caso, hacia las seis de la tarde del 23 de febrero de 2022, un avión de ataque abrió fuego contra el pueblo de Dung Ka Mee, municipio de Demoso, estado de Kayah, y causó la muerte de dos civiles y heridas a varios más. Amnistía Internacional entrevistó a dos testigos y a un familiar de uno de los fallecidos, así como a un trabajador de ayuda humanitaria, que respondieron después del ataque. Según dijeron, esa tarde no había habido combates, y la base de un grupo armado más cercana estaba a más de un kilómetro y medio de distancia.
Un residente local, un granjero de 46 años que presenció el ataque, dijo que los aviones militares habían pasado tres veces, disparando armas de fuego y un cohete:
“Cuando aquel avión de combate voló hacia nosotros con el morro apuntando hacia abajo, me quedé paralizado […] Cuando dispararon el cohete me recompuse y me di cuenta de que tenía que correr [a un búnker] […] Nos quedamos conmocionados al ver el polvo y los escombros venir hacia nosotros […] Hay un edificio de dos plantas […] La familia vive arriba y la planta baja es una tienda de telefonía móvil. El edificio se derrumbó entre llamas”.
Otro testigo, un granjero de 40 años, vio los restos del cadáver de un vecino:
“Ni siquiera pudimos meterlos en un ataúd, los metimos en una bolsa de plástico y los enterramos. La gente tuvo que recoger los trozos de cuerpo y meterlos en una bolsa”.
En otro incidente, el 17 de enero de 2022 hacia la una de la madrugada, el ejército lanzó un ataque aéreo contra el campo de personas internamente desplazadas de Ree Khee Bu: mató a un hombre de cincuenta y tantos años y a dos hermanas de 15 y 12 años.
Ni siquiera pudimos meterlos en un ataúd, los metimos en una bolsa de plástico y los enterramos. La gente tuvo que recoger los trozos de cuerpo y meterlos en una bolsa.
Granjero de 40 años testigo del ataque aéreo
Ejecuciones extrajudiciales
El informe documenta la manera en que el ejército de Myanmar ha llevado a cabo detenciones arbitrarias de civiles a causa de su origen étnico o porque eran sospechosos de apoyar el movimiento contra el golpe de Estado. En muchos casos, los detenidos fueron víctimas de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.
En uno de los muchos casos de soldados que ejecutaron extrajudicialmente a civiles que se aventuraban fuera de los lugares de desplazamiento para recoger comida o pertenencias, tres granjeros del pueblo de San Pya 6 Mile, en el estado de Kayah, desaparecieron en enero de 2022. Sus cadáveres descompuestos fueron hallados en una letrina unas dos semanas después.
El hermano de una de las víctimas dijo que había identificado a los hombres por su ropa y por el estado de sus dientes. Los soldados dispararon contra él y otras personas cuando trataban de recuperar los cadáveres; no pudieron regresar para terminar el enterramiento hasta un mes después.
En una masacre que despertó una excepcional condena internacional, unos soldados cerca del pueblo de Mo So, en el municipio de Hpruso, estado de Kayah, dieron el alto a al menos 35 mujeres, hombres, niñas y niños en múltiples vehículos el 24 de diciembre de 2021 y luego los mataron y enterraron sus cuerpos. Los médicos que examinaron los cadáveres dijeron, según los informes, que muchas de las víctimas estaban atadas y amordazadas, y presentaban heridas que sugerían que habían disparado contra ellas o las habían apuñalado.
Amnistía Internacional mantiene que el incidente debe ser investigado como un caso de ejecución extrajudicial. Este tipo de homicidios durante conflictos armados constituyen crímenes de guerra.
Los testigos también describieron cómo el ejército de Myanmar había disparado contra civiles, incluidos los que trataban de huir a través de un río a lo largo de la frontera con Tailandia.
Saqueos e incendios
Siguiendo el mismo patrón que otras operaciones militares emprendidas en el pasado, los soldados han saqueado e incendiado sistemáticamente grandes zonas de pueblos en los estados de Kayin y Kayah. Los testigos de seis pueblos informaron de que les habían robado artículos tales como joyas, dinero en efectivo, vehículos y ganado, antes de quemar casas y otros edificios.
Cuatro hombres que huyeron del pueblo de Wari Suplai, en la frontera de los estados de Shan y Kayah, declararon que habían visto desde unas tierras cercanas cómo las casas ardían después de que hubieran huido la mayoría de sus habitantes el 18 de febrero de 2022. Los hombres dijeron a Amnistía Internacional que el incendio continuó durante días, y destruyó bastante más de dos tercios de las casas.
“Ya no es una casa. Todo son cenizas: negro y carbón […] Son los ahorros de toda mi vida. Quedó destruida en cuestión de minutos”, dijo un granjero de 38 años, padre de dos niños pequeños.
El análisis llevado a cabo por Amnistía Internacional sobre los datos del incendio y las imágenes de satélite muestra cómo se quemaron pueblos, algunos de ellos múltiples veces, en zonas del estado de Kayah. Los incendios marcan directamente el rastro de las operaciones militares de pueblo en pueblo en febrero y marzo de 2022.
Un desertor de la 66 División de Infantería Ligera del ejército, que había participado en operaciones en el estado de Kayah hasta octubre de 2021, dijo a Amnistía Internacional que había visto a soldados saquear e incendiar casas. “No tienen un motivo particular [para quemar una casa en concreto]. Sólo quieren asustar a los civiles, decirles: ‘Esto es lo que os haremos si apoyáis [a los combatientes de la resistencia]’. Y otra cuestión es detener el suministro y la logística para las fuerzas de resistencia locales […] [Los soldados] se llevaban cuanto podían [de un pueblo] y luego quemaban el resto.”
No tienen un motivo particular [para quemar una casa en concreto]. Sólo quieren asustar a los civiles, decirles: ‘Esto es lo que os haremos si apoyáis [a los combatientes de la resistencia]’. […] [Los soldados] se llevaban cuanto podían [de un pueblo] y luego quemaban el resto.
Desertor de la 66 División de Infantería Ligera del ejército
La violencia ha provocado el desplazamiento forzoso de más de 150.000 personas, entre un tercio y la mitad de toda la población del estado de Kayah. En algunos casos, se ha vaciado de sus residentes a pueblos enteros; ha habido ocasiones en las que los civiles han tenido que huir repetidamente en los últimos meses.
Las personas desplazadas soportan condiciones terribles en una situación de inseguridad alimentaria, escasa atención médica —incluso para el enorme impacto psicosocial del conflicto— y constantes esfuerzos del ejército para obstaculizar la provisión de ayuda humanitaria. El personal de ayuda humanitaria habló de la creciente desnutrición y las dificultades cada vez mayores para llegar hasta las personas desplazadas, a causa de la violencia constante y las restricciones militares.
“Los donantes y las organizaciones humanitarias deben aumentar significativamente la ayuda humanitaria a la población civil del este de Myanmar, y el ejército debe detener todas las restricciones a la provisión de ayuda humanitaria”, ha manifestado Matt Wells, director adjunto de Respuesta a las Crisis, cuestiones temáticas, de Amnistía Internacional.
“Los constantes crímenes cometidos por el ejército contra la población civil en el este de Myanmar reflejan unos patrones de abusos que duran ya décadas y una impunidad flagrante. La comunidad internacional, incluidos los Estados miembros de la ASEAN y la ONU, debe abordar sin demora esta enconada crisis. El Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer un embargo integral de armas a Myanmar y remitir la situación del país a la Corte Penal Internacional.”
Los constantes crímenes cometidos por el ejército contra la población civil en el este de Myanmar reflejan unos patrones de abusos que duran ya décadas y una impunidad flagrante. La comunidad internacional, incluidos los Estados miembros de la ASEAN y la ONU, debe abordar sin demora esta enconada crisis. El Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer un embargo integral de armas a Myanmar y remitir la situación del país a la Corte Penal Internacional.
Matt Wells, director adjunto de Respuesta a las Crisis, cuestiones temáticas, de Amnistía Internacional
Metodología
El informe se basa en la investigación llevada a cabo en marzo y abril de 2022, incluidas dos semanas en la frontera entre Tailandia y Myanmar. Amnistía Internacional entrevistó a 99 personas, entre ellas decenas de testigos o supervivientes de ataques y tres desertores del ejército de Myanmar.
La organización también analizó más de 100 fotografías y vídeos relacionados con violaciones de derechos humanos —en los que se veían heridas, destrucción y el uso de armas—, así como imágenes de satélite, datos sobre incendios y datos procedentes de fuentes de acceso público sobre vuelos de aviones militares.
