En el 55 aniversario de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional insta a este bloque regional a reconocer el fracaso del plan de cinco puntos que hizo público en abril de 2021 para poner fin a la violencia y el número creciente de violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Myanmar.

“La ASEAN debe demostrar que no es un organismo inoperante, sino que actúa con firmeza para hacer rendir cuentas a las fuerzas armadas birmanas por las atroces violaciones de derechos humanos cometidas. Las fuerzas armadas llevan decenios derramando sangre y seguirán pisoteando las vidas y los derechos de millones de personas en Myanmar si no se ven obligadas a enfrentarse a las consecuencias de sus crímenes”, ha manifestado Ming Yu Hah, directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional.

“Ante las incesantes atrocidades que tienen lugar —como ejecuciones tras juicios sin garantías, homicidios extrajudiciales y actos de tortura cometidos por las fuerzas armadas de Myanmar—, la ASEAN debe adoptar sin demora un tipo de medidas más firmes para que quienes dirigen las fuerzas armadas pongan fin a la escalada de represión violenta que han desatado tras el golpe de Estado de febrero de 2021.”

Para reforzar este mensaje, Amnistía Internacional proyectó el lunes la frase “ASEAN must act now!” (La ASEAN debe actuar ya) en la fachada del edificio de la sede de esta organización, en Yakarta.

Desde febrero de 2021, las fuerzas armadas birmanas han reprimido de forma sistemática a decenas de miles de manifestantes en todo el país, y han obligado a 700.000 personas a abandonar sus hogares, matado a más de 2.000 y detenido a casi 15.000.

“Para mantener su credibilidad, la ASEAN debe cambiar de enfoque y ayudar a poner fin al derramamiento de sangre que se extiende por todo el territorio de Myanmar. La ASEAN —en conjunto como bloque, y de forma individual como Estados miembros— también debe presionar en favor de la justicia y la rendición de cuentas en el país. Es imprescindible que la ASEAN desempeñe un papel constructivo y no obstruccionista, y anime a otros miembros de la comunidad internacional a aumentar al máximo la presión sobre las fuerzas armadas birmanas”, ha añadido Ming Yu Hah.

“Instamos a la ASEAN a que exija una actuación inmediata por parte de las fuerzas armadas, incluida la puesta en libertad de todas las personas que se encuentran detenidas de forma arbitraria. La ASEAN también debe abordar otras necesidades urgentes, como comprometerse a aplicar el principio de no devolución (non-refoulement) de las personas que huyen de la violencia de Myanmar —especialmente los refugiados— , facilitar la ayuda humanitaria que tan urgentemente se necesita, y sumarse a las voces que piden la imposición de un embargo global de armas.”

Varios grupos de la sociedad civil indonesia acompañaban el lunes a la oficina de Indonesia de Amnistía Internacional cuando el mensaje dirigido a la ASEAN se proyectó en la fachada de la sede de la organización en Yakarta.

Durante una cumbre de la ASEAN celebrada en Yakarta en 2021, Amnistía Internacional recordó a Indonesia la obligación que tiene en virtud del derecho internacional de investigar al general Min Aung Hlaing y a otros altos cargos de las fuerzas armadas de Myanmar por las denuncias creíbles de responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

“Las fuerzas armadas de Myanmar se han burlado del denominado ‘Consenso de Cinco Puntos’ adoptado por la ASEAN para reducir la violencia tras el golpe militar que tuvo lugar en el país en 2021”, ha afirmado Ming Yu Hah.

“En lugar de aplicar este acuerdo, las fuerzas armadas de Myanmar han seguido perpetrando violaciones graves de derechos humanos contra los 54 millones de habitantes del país”.

En la última muestra de los tratos abusivos infligidos a la población birmana, las fuerzas armadas ejecutaron en julio a cuatro hombres tras unos juicios manifiestamente injustos —las primeras ejecuciones desde la década de 1980—, y hay más de 70 personas condenadas a muerte tras el golpe de Estado.

En una investigación publicada en abril, Amnistía Internacional registró la creciente represión ejercida por el Estado en Myanmar, incluidos disparos y palizas contra muchas personas que protestaban de forma pacífica. Los testimonios señalaban que los agentes policiales se disfrazan de vendedores de fruta y conductores de bicitaxi para espiar a cualquiera que se atreviera a expresar su disidencia. En represalia contra los y las activistas, las fuerzas armadas asaltaron los domicilios y detuvieron a familiares de estas personas.

En un informe de Amnistía Internacional publicado en julio se mostraba que las fuerzas armadas birmanas han cometido crímenes de guerra al colocar minas terrestres antipersonal a escala masiva dentro y alrededor de varias localidades del estado de Kayah (también llamado Karenni).

En otro informe que Amnistía Internacional publicó el 2 de agosto se ha documentado la aplicación de tácticas de tortura bajo custodia, como la violencia sexual y de género y la tortura psicológica, por parte de las fuerzas armadas de Myanmar. La investigación de Amnistía concluyó que las fuerzas armadas birmanas también llevaron a cabo desapariciones forzadas y sometieron a malos tratos a las personas recluidas en centros de detención.