Una primera oleada de retornos organizados podría empezar en una fecha tan próxima como el 15 de noviembre, tras el anuncio de un un acuerdo bilateral alcanzado el mes pasado entre Bangladesh y Myanmar que no cumple las obligaciones internacionales.
“Es una decisión imprudente que pone vidas en peligro” , ha manifestado Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para eleste y el sureste asiático.
“Estas mujeres, hombres, niñas y niños serían devueltos a las garras del ejército de Myanmar sin garantías de protección, para vivir junto a quienes incendiaron sus casas y junto a las personas de cuyas balas huyeron.”
Elevado riesgo de retornos forzados
El 30 de octubre, representantes de los gobiernos de Bangladesh y Myanmar anunciaron que habían acordado iniciar la repatriación de parte de las más de 720.000 personas refugiadas rohingyas que habían huido de Myanmar a Bangladesh desde agosto de 2017.
Según el acuerdo alcanzado, el ACNUR está examinando a 2.260 personas —485 familias— para determinar su posible retorno en una primera ronda de repatriaciones, cuyo comienzo está previsto esta semana.
El anuncio ha intensificado el temor en los campos. A las personas refugiadas no se les consultó, y no está claro si dieron su consentimiento a que sus nombres se incluyeran en la lista de repatriación. La semana pasada, un rohingya intentó suicidarse cuando supo que su familia estaba entre quienes iban a retornar. Según se ha informado, otras personas que se cree que están incluidas en la lista se han escondido o posiblemente planean huir en un peligroso viaje por mar al sureste asiático.
“El proceso adolece de una espantosa falta de transparencia. Una población traumatizada por la mortífera campaña de Myanmar contempla ahora con terror lo que le depara el futuro... y dónde”, ha manifestado Nicholas Bequelin.
“Los retornos en este momento no pueden hacerse de manera segura ni digna, y constituirían una violación de las obligaciones contraídas por Bangladesh en virtud del derecho internacional. Ningún donante del gobierno debe apoyar un proceso de repatriación que amenace la vida y la libertad de la población rohingya.”
El retorno forzoso de personas refugiadas viola el principio de no devolución (non-refoulement), la prohibición absoluta, plasmada en tratados internacionales y en el derecho internacional consuetudinario, de devolver a personas a un territorio en el que puedan enfrentarse a un peligropara su vida o a otras violaciones graves de derechos humanos.
“Bangladesh ha dado generosamente la bienvenida a las personas rohingyas y les ha proporcionado refugio. Independientemente de cualquier proceso de repatriación, el mundo mira a los gobernantes de Bangladesh para que mantengan sus fronteras abiertas a las personas refugiadas que huyen de crímenes de lesa humanidad cometidos en Myanmar”, ha manifestado Nicholas Bequelin.
El gobierno de Bangladesh ha afirmado además que sólo retornarán las personas refugiadas de las que el ACNUR determine que han expresado un deseo auténtico de regresar.
“Toda persona refugiada rohingya que realmente desee regresar a Myanmar tiene derecho a hacerlo, y el ACNUR está desempeñando un papel importante para determinar este aspecto”, ha manifestado Nicholas Bequelin.
“Pero, para que el retorno sea realmente voluntario, las personas refugiadas necesitan alternativas, lo cual incluye permanecer en Bangladesh con salvaguardias respecto al asilo, o reasentarse en un tercer país. Y, un elemento crucial: las personas refugiadas rohingyas deben desempeñar un papel central en cualquier decisión sobre su futuro.”
Continúan los crímenes en el estado de Rajine
En el estado de Rajine, poco ha cambiado la situación sobre el terreno para que los retornos sean seguros o dignos. Cientos de miles de personasrohingyas siguen viviendo bajo un sistema de apartheid, confinadas en campos y poblados miserables. No pueden circular libremente, y tienen muy limitado el acceso a escuelas y hospitales. Las fuerzas de seguridad responsables de atrocidades aún no han rendido cuentas de sus actos.
“En el estado de Rajine aún siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad. El retorno de personas refugiadas a un lugar donde sus derechos se violarán casi sistemáticamente y donde sus vidas correrán un peligro constante es inaceptable, además de una medida sin escrúpulos”, ha manifestado Nicholas Bequelin.
Las autoridades de Myanmar siguen imponiendo severas restricciones al acceso al norte del estado de Rajine. Sólo un puñado de organismos de la ONU y organizaciones internacionales pueden operar en el área, y el acceso de los medios de comunicación independientes se ha limitado a giras organizadas por el gobierno y estrictamente controladas.
“En estos momentos, el norte del estado de Rajine es un agujero negro en cuanto a la información. Sin supervisión internacional, será sumamente difícil vigilar la situación de cualquier persona que regrese”, ha declarado Nicholas Bequelin.
“Las personas rohingyas que aún viven en el estado de Rajine necesitan urgentemente protección. Si las autoridades de Myanmar hablan en serio respecto a crear condiciones para un retorno seguro, voluntario y digno, deben permitir al personal de ayuda humanitaria y a quienes observan la situación de los derechos humanos acceso completo, sin trabas y sostenido a la zona.”
