• Los ataques causaron muertes y desplazamiento de civiles en el estado de Rajine.


• Las fuerzas armadas de Myanmar detuvieron arbitrariamente a civiles y saquearon objetos de valor.


• Amnistía documenta el uso de munición de racimo por las fuerzas armadas en el estado de Shan.

Las fuerzas armadas de Myanmar han cometido homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y robos contra civiles en su intento de contener el estallido de resistencia armada más intenso desde el golpe de Estado de 2021, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

A partir de entrevistas con 10 civiles de la localidad de Pauktaw, en el estado de Rajine, y del análisis de fotografías, material videográfico e imágenes de satélite, Amnistía Internacional ha documentado probables ataques indiscriminados contra la población civil y contra bienes de carácter civil, así como el uso —en el norte del estado de Shan— de munición de racimo prohibida; todos estos hechos deben ser investigados como crímenes de guerra.

“Las fuerzas armadas de Myanmar tienen un sangriento historial de ataques indiscriminados con consecuencias devastadoras para la población civil, y su brutal respuesta a una gran ofensiva de grupos armados se ajusta a un modelo utilizado desde hace tiempo”, ha afirmado Matt Wells, director del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

“Casi tres años después del golpe de Estado, el sufrimiento de la población civil en Myanmar no da señales de aliviarse, cuando el asunto incluso ha desaparecido en gran medida de la agenda internacional.”

Las hostilidades se han intensificado de forma considerable desde el 27 de octubre de 2023, cuando tres organizaciones étnicas armadas —el Ejército de Arakán, el Ejército de la Alianza Nacional Demócrata de Myanmar y el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang— lanzaron ataques coordinados contra puestos militares en la frontera con China, en el nordeste del país, en una ofensiva conocida como “Operación 1027”.

Otros grupos armados que luchan contra las fuerzas armadas también han intensificado sus operaciones, han arrebatado colectivamente territorio y puestos militares y han capturado soldados. Los combates constituyen los enfrentamientos más intensos desde el golpe de Estado, según la ONU. La ONU afirmó que, según informes, hasta el 15 de diciembre, desde el 27 de octubre la violencia había causado la muerte de al menos 378 civiles, heridas a otros 505 y el desplazamiento de más de 660.000 personas, que se suman a los casi 2 millones ya desplazadas en el país.

“Todo el mundo luchaba por su supervivencia”

La mañana del 16 de noviembre, las fuerzas armadas de Myanmar comenzaron a disparar por aire contra la ciudad de Pauktaw, en el estado de Rajine, tras la captura de una comisaría de policía por el Ejército de Arakán.

Después de este ataque matinal, las fuerzas armadas ordenaron que toda la población civil abandonara la ciudad en el plazo de una hora. Según las entrevistas mantenidas por Amnistía Internacional con nueve civiles presentes en ese momento y con un monje de una población cercana, la mayoría de las personas 20.000 que residían en Pauktaw huyeron inmediatamente. Sin embargo, al menos varios cientos de personas no pudieron salir de la ciudad antes de que los ataques de los militares se reanudaran esa tarde.

Un trabajador comunitario, que ayudó a huir a algunas personas pero que no pudo salir de la ciudad hasta el 24 de noviembre, señaló que muchas persona de edad avanzada y personas con discapacidad se quedaron a pesar de los esfuerzos de personal voluntario local. Dijo: “Ya no quedaban automóviles, motocicletas ni otros vehículos para alquilar. Todo el mundo luchaba por su supervivencia”.

Muchas personas civiles buscaron refugio dentro del recinto de la pagoda de Lawka Hteik Pan, a las afueras de la ciudad. “Pensamos que llegaban otro avión y buques de guerra, así que [mi esposa y yo] huimos de nuestra casa”, dijo un hombre de 65 años. “No pudimos llegar muy lejos.”

Los militares atacaron de nuevo durante la tarde del 16 de noviembre, y dispararon desde el interior de la ciudad y las afueras, así como desde el aire y el mar, según testigos.

Vídeos y fotografías analizados por el investigador sobre armas de Amnistía Internacional indican que helicópteros Mi-24 Hind dispararon cohetes S-5K de 57 milímetros y que desde buques se dispararon proyectiles de 40 milímetros de gran potencia explosiva contra la ciudad el 16 de noviembre. Sólo las fuerzas armadas de Myanmar utilizan estos sistemas de armamento.

El uso de estas armas carentes de precisión en zonas pobladas suscita preocupación en cuanto a la capacidad de las fuerzas armadas de Myanmar para distinguir entre objetivos militares y población civil o bienes de carácter civil. Por tanto, los ataques podrían ser indiscriminados y, por consiguiente, deben investigarse como crímenes de guerra.

Cuando cesaron los disparos, durante la tarde del 16 de noviembre, los soldados entraron en el recinto de Lawka Hteik Pan y detuvieron a las personas que allí se escondían, según cuatro civiles presentes en ese momento.

“Me detuvieron a punta de pistola”, dijo una mujer de 24 años que había buscado refugio en el recinto con su familia, incluido un hijo de corta edad. “Los soldados me preguntaron si era miembro del Ejército de Arakán. No fui capaz de decir nada porque estaba muy asustada.”

El 16 de noviembre, durante el día, tres mujeres —dos maestras y una vendedora de paletas heladas embarazada— perdieron la vida cuando se escondían dentro del recinto de Lawka Hteik Pan, según una persona que también se había refugiado en el recinto y otra que vio los cadáveres. Amnistía Internacional no ha podido determinar de forma independiente cómo murieron las mujeres, pero la persona que vio los cadáveres indicó que tenían heridas de bala.

El mismo día, un monje de 76 años murió en el mismo recinto. Una persona que vio el cadáver dijo a Amnistía Internacional que el monje murió por un golpe, no por disparos.

El Ejército de Arakán ha informado de que el monje murió por un proyectil de artillería naval. Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente ese dato, ni aun después de examinar fotografías del cuerpo sin vida del monje.

“Dormíamos con miedo”

Aquella noche, los soldados obligaron a las más de 100 personas civiles que estaban en el recinto de Lawka Hteik Pan a quedarse a la intemperie bajo la intensa lluvia. “Algunas personas tenían las manos atadas a la espalda”, dijo una mujer de 24 años detenida a punta de pistola. “Todos tuvimos que estar sentados bajo la lluvia toda la noche. Al amanecer del día siguiente, nos obligaron a entrar en el templo [y] cerraron con llave la puerta.”

Una mujer de 28 años que se quedó en la ciudad con su padre y su madre dijo que los soldados del ejército de Myanmar descubrieron el lugar en el que se ocultaban con otras dos familias durante la tarde del 16 de noviembre, se llevaron a todos los hombres y dejaron a las mujeres, los niños y las niñas después de robar sus objetos de valor, entre otras cosas oro, dinero en efectivo y teléfonos móviles. La mañana siguiente, al amanecer, llegó otro grupo de soldados y detuvo a los demás.

Los soldados también detuvieron a un comerciante de 60 años el 17 de noviembre, junto con otras tres personas con las que se había escondido y otras dos que vivían en su calle, y los llevaron al recinto de Lawka Hteik Pan. “Amenazaron diciendo que podían matarnos a todos”, dijo.

Las personas atrapadas en el recinto de Lawka Hteik Pan contaron que estuvieron encerradas dentro de la sala de oración y se les negaron alimentos y agua durante dos días. También dijeron que los soldados les quitaron los teléfonos móviles y otros objetos de valor.

Al cabo de dos días, los soldados seleccionaron a varios hombres para que fueran a buscar alimentos a la ciudad. “Llamaron a algunos de los hombres detenidos y los obligaron a irrumpir en los puestos del mercado y llevarse alimentos”, dijo la mujer de 24 años.

La detención y reclusión de personas que se refugiaban en el recinto de Lawka Hteik Pan constituye privación arbitraria de la libertad. El trato dispensado a las personas civiles detenidas, incluidas la negación de alimentos y agua y la exposición a las inclemencias meteorológicas, viola el principio de trato humano. Además, el robo de propiedades privadas de personas civiles equivale a pillaje, que está prohibido por el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra.

Un trabajador comunitario que estuvo atrapado en la ciudad después de ayudar a huir a otras personas dijo que durante las primeras cinco noches oyó repetidos disparos y explosiones.

Se ocultó junto con otros cuatro hombres en una casa en la que no había electricidad, y las baterías de sus teléfonos se agotaron al cabo de dos días. También escaseaban los alimentos y el agua. “Algunos días no comíamos, y dormíamos con miedo”, dijo. Al amanecer del 24 de noviembre, escapó a una población cercana.

“[Los militares] han bloqueado cualquier ayuda para las personas internamente desplazadas y los precios también se están disparando”, dijo. Agregó que la salud de algunas personas desplazadas había sufrido graves consecuencias, especialmente las personas de edad avanzada y los niños y niñas de corta edad, ya que no dispusieron de cobijo adecuado y mantas durante las intensas lluvias.

“Tuvimos que salir corriendo entre aquellos bombardeos”

El 21 de noviembre, el Ejército de Arakán expulsó a las fuerzas militares de Pauktaw y evacuó a las personas cautivas en el recinto de Lawka Hteik Pan. Algunos testigos dijeron que, mientras escapaban, los militares dispararon contra la ciudad.

“Tuvimos que salir corriendo entre aquellos bombardeos”, dijo la mujer de 28 años que había estado recluida en el templo y ahora se refugia en una población cercana. Me parece que ahora estoy más segura que antes. Sin embargo, aún puedo ver nuestra ciudad de Pauktaw ardiendo entre el humo después de ser bombardeada.”

En los días siguientes, las fuerzas armadas continuaron disparando contra infraestructuras de carácter civil en Pauktaw desde el mar y desde el aire.

Amnistía Internacional ha examinado imágenes de satélite de Pauktaw, aunque la cobertura de las imágenes de alta resolución es limitada. Una imagen nítida captada el 1 de diciembre de 2023 muestra múltiples zonas con incendios, daños y destrucción generalizados, incluidos un probable mercado, probables viviendas civiles y zonas en torno a lugares religiosos.

Además, las imágenes de satélite de colores falsos, casi infrarrojos muestran una destrucción importante de edificios dentro de un recinto hospitalario y un cráter en las inmediaciones. El nivel de destrucción y las dimensiones del cráter cercano sugieren que es probable que estos daños sean el resultado de ataques aéreos. Las imágenes indican que la destrucción tuvo lugar entre el 21 y el 23 de noviembre.

En las imágenes de satélite de colores falsos, casi infrarrojos, tomadas el 1 de diciembre de 2023, se ve la referida zona del hospital. La vegetación sana aparece en tonalidades rojas y la vegetación estropeada o quemada aparece en tonalidades más oscuras de negro y marrón. Los recuadros amarillos enmarcan estructuras recientemente dañadas o destruidas. La flecha azul indica el punto donde hay un gran cráter de aproximadamente cuatro metros de diámetro.

Indicios de municiones de racimo

Amnistía Internacional también ha documentado un ataque contra la localidad de Namkham, en el norte del estado de Shan. A última hora de la noche del 1 de diciembre de 2023 o primera hora del 2 de diciembre, las fuerzas armadas de Myanmar realizaron un ataque aéreo contra Namkham en el que usaron bombas que con toda probabilidad eran municiones de racimo.

El uso de municiones de racimo está prohibido internacionalmente por ser sus efectos intrínsecamente indiscriminados, y su uso constituye un crimen de guerra.

El investigador de armas de Amnistía Internacional analizó cinco fotografías de fragmentos de artefactos recuperados en el lugar de los hechos e identificó los restos de un dispensador de munición de racimo.

Además, dos vídeos que se hicieron llegar a Amnistía Internacional, confirmados por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización como recién publicados en Internet, muestran el momento del ataque. Después del sonido del paso de un avión a reacción, hay aproximadamente 10 detonaciones consecutivas durante 3 segundos.

Los vídeos son oscuros, ya que el ataque tuvo lugar de noche, pero el uso del avión y el patrón de las detonaciones son compatibles con la utilización de municiones de racimo lanzadas desde el aire. Según un informe del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, el ataque causó la muerte de una persona residente en la zona, heridas a otras cinco y daños en algunas viviendas.

La parte posterior, los componentes electrónicos y los conductos internos de los restos del dispensador que se ven en las fotografías coinciden con los restos de municiones de racimo usadas en ataques anteriores por las fuerzas armadas de Myanmar.

Amnistía Internacional ha documentado el uso ilegítimo por las fuerzas armadas de munición de racimo en ataques contra una comunidad que se había congregado en una escuela de la localidad de Mindat, en el estado de Chin, el de julio de 2022, contra una localidad de la localidad de Demoso, en el estado de Kayah el 13 de abril de 2022, y durante los combates en el estado de Kayin el 10 de abril de 2022.

“Mientras el mundo permanece al margen, las fuerzas armadas de Myanmar muestran de nuevo la brutalidad con la que tratan a la población civil. El Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer con urgencia un embargo de armas para proteger de nuevas catástrofes”, ha afirmado Matt Wells.

“Debe ponerse fin a impunidad de las fuerzas armadas. Reiteramos nuestra petición de que se remita la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional y se ponga a disposición de la justicia a los autores de crímenes de derecho internacional.”

Información complementaria

Desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, Myanmar registra una grave escalada de violaciones de derechos humanos. El uso que hicieron las fuerzas armadas de fuerza letal contra manifestantes no violentos en febrero y marzo de 2021 provocó un levantamiento armado que continúa intensificándose.

En un informe de mayo de 2022, “Bullets rained from the sky”: War crimes and displacement in eastern Myanmar, Amnistía Internacional concluyó que las fuerzas armadas de Myanmar habían sometido a civiles a castigo colectivo por medio de ataques aéreos y terrestres generalizados, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y el saqueo e incendio sistemáticos de poblaciones.

Un informe de agosto de 2022, 15 days felt like 15 years: Torture in detention since the Myanmar coup, documentó violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Myanmar, entre ellas tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante, cuando detuvieron, interrogaron y recluyeron a personas sospechosas de estar implicadas en las protestas.

En un informe de noviembre de 2022, Deadly Cargo: Exposing the Supply Chain that Fuels War Crimes in Myanmar, se pedía la suspensión del suministro de combustible de aviación para impedir a las fuerzas armadas de Myanmar realizar ataques aéreos ilegítimos.

El 9 de octubre de 2023, un ataque aéreo de las fuerzas armadas seguido de fuego de mortero contra Mung Lai Hkyet, un campo para personas internamente desplazadas en el estado de Kachin, causó la muerte de al menos 28 civiles, entre los que había niños y niñas, y heridas al menos a otros 57.