“El mes pasado, los ataques aéreos del ejército de Myanmar mataron a 17 personas civiles —incluidas 9 menores— que se dirigían a la iglesia”, afirma Amnistía Internacional en una nueva investigación.

 Hacia las 10.30 de a mañana del domingo 7 de enero, las bombas cayeron cerca de la iglesia de San Pedro Bautista, en la localidad de Kanan (región de Sagaing), cerca de la frontera occidental del país con India. Más de 20 personas resultaron heridas.

 Los testigos dijeron a Amnistía Internacional que la primera serie de explosiones mató a dos niños que jugaban al fútbol delante de una escuela próxima. Muchas de las demás víctimas corrían para tratar de ponerse a salvo cuando se produjo el segundo bombardeo. El ataque causó daños en la iglesia y la escuela, así como en seis edificios civiles.

 “Los ataques letales del ejército de Myanmar contra civiles no muestran indicios de detenerse”, dijo Matt Wells, director del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

 “El mundo no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el ejército de Myanmar ataca implacablemente a la población civil y a objetivos civiles como iglesias, escuelas y hospitales. Los países y las empresas de todo el mundo deben dejar de enviar combustible de aviación al ejército para proteger a la población civil de una catástrofe mayor”.

 “Estos ataques deben investigarse como crímenes de guerra, y el Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. Los perpetradores de estos crímenes de derecho internacional deben responder de ellos ante la justicia”.

 Amnistía Internacional entrevistó a cuatro testigos de los ataques, a una persona que visitó Kanan después del ataque y vio los cadáveres, y a otra que tenía conocimiento de las operaciones militares en la zona. La organización analizó también 99 fotos y vídeos de los ataques y sus secuelas, incluidas imágenes de las personas muertas y heridas.

 Todos los daños estructurales causados a la escuela, la iglesia y las casas cercanas son compatibles con ataques aéreos. Las pruebas combinadas de foto y vídeo indican al menos tres lugares de impacto con cráteres compatibles con bombas de aviación de unos 250 kilogramos cada una. Las imágenes satelitales tomadas tras el ataque confirman también daños importantes en la escuela, las estructuras adyacentes y las casas vecinas, todos ellos coherentes con un ataque aéreo.

 El ejército de Myanmar ha negado su responsabilidad en el ataque declarando que esa mañana ningún avión sobrevolaba la zona. Sin embargo, Amnistía Internacional examinó un vídeo grabado durante el ataque que muestra la característica silueta de ala en flecha de un avión de combate A-5 sobrevolando la localidad. En Myanmar, sólo el ejército tiene aviones A-5, que son importados de China.

 Amnistía Internacional había documentado con anterioridad que la base aérea militar de Tada-U, cerca de Mandalay, se usa a menudo para lanzar ataques aéreos a Sagaing. Imágenes satelitales de Tada-U, tomadas poco antes del ataque, muestran operaciones activas de aviones A-5 en el aeródromo. En tres mensajes distintos de un canal de mensajería de grupo que examinó Amnistía Internacional, observadores de vuelo en tierra indicaron que habían visto un avión de combate despegando de la base aérea de Tada-U a las 10 de la mañana; un A-5 volando hacia el noroeste, sobre Kalewa, en dirección a Kanan, a las 10.26 de la mañana, y después, un A-5 procedente del noroeste aterrizando en Tada-U a las 10.56 de la mañana. Todas las ubicaciones, direcciones y horas de estas observaciones son compatibles con un ataque a Kanan hacia las 10.30 de la mañana.

 Según fuentes entrevistadas por Amnistía Internacional, les habían dicho que miembros de una Fuerza de Defensa Popular local —uno de los numerosos grupos armados locales creados para oponerse al régimen militar desde que tuvo lugar el golpe de Estado— tenían previsto hacer una ceremonia en la escuela del pueblo ese día. Sin embargo, basándose en relatos coherentes de testigos, no parece que hubiera combatientes en el momento en que se produjeron los ataques y éstos mataron e hirieron solamente a civiles.

 Aun en el caso de que el ejército creyera que podría haber habido objetivos legítimos presentes, éste lanzó varias bombas de gran tamaño en una zona de viviendas a una hora del domingo en que la población civil se estaba congregando para acudir a la iglesia, y volvió a atacar cuando la población civil huía presa del pánico. Por tanto, estos ataques fueron, como mínimo, indiscriminados y deberían ser investigados como crímenes de guerra.

 La semana pasada, después de que la investigación de Amnistía Internacional indicase que el ejército seguía importando combustible a pesar de las sanciones impuestas a personas y empresas vinculadas a la cadena de suministro. la organización pidió de nuevo la suspensión de las ventas o transferencias de combustible de aviación a Myanmar.

“No podemos dormir cuando pensamos en lo que ha pasado”

 El ejército de Myanmar ha atacado reiteradamente a la población civil y bienes de carácter civil —a menudo causando daños o destruyendo escuelas, edificios religiosos y otras infraestructuras básicas— en los tres años transcurridos desde el golpe de Estado.

Kanan —localidad de alrededor de 7.000 habitantes— está justo al norte de la ciudad de Khampat, en el municipio de Tamu. La mayoría de sus residentes son de etnia chin y practican el cristianismo.

Antes de estos ataques, afirmaban que no habían experimentado directamente el conflicto armado desde el golpe de estado de febrero de 2021. Sin embargo, el 7 de noviembre de 2023, una coalición de fuerzas de resistencia arrebataron Khampat al ejército después de cuatro días de enfrentamientos. El ejército intentó recuperar la localidad con una serie de ofensivas terrestres en diciembre que no tuvieron éxito y se retiró al cabo de una semana, según medios de comunicación locales.

Unos testigos describieron a Amnistía Internacional la devastación causada por los ataques aéreos del 7 de enero de 2024. Un trabajador comunitario de 56 años dijo que vio un avión volando sobre él cuando se estaba preparando para salir de casa e ir a la vecina iglesia. Instantes después, la primer bomba cayó a unos 200 metros de donde estaba.

Se escondió en el almacén de arroz de su familia con su esposa y dos hijos, justo antes de que cayera otra bomba. Unos 15 minutos más tarde, fue a auxiliar a las personas heridas y recoger los cadáveres, lo que calificó de “angustioso”. Amnistía Internacional examinó fotografías de las secuelas del ataque que mostraban el cuerpo desmembrado de una de las víctimas y que otras habían sufrido heridas catastróficas en la cabeza, también descritas por el testigo.

Un hombre de 68 años que estaba dentro de la iglesia cuando cayó la primera bomba, dijo: “Sólo nos enteramos cuando cayó la bomba. No oímos el avión. Estábamos cantando en la iglesia cuando ocurrió. El techo de la iglesia se vino abajo y se rompieron las ventanas, así que la gente que estaba dentro de la iglesia huyó afuera”.

Un vendedor del mercado de 43 años que fue alcanzado en la cabeza por los escombros que caían cuando intentaba salir de la iglesia, dijo a Amnistía Internacional que el segundo ataque alcanzó a quienes corrían para salvar la vida. Dijo: “Todo el mundo estaba asustado y huyendo y tratando de llegar a casa, y en ese momento se produjo el segundo ataque aéreo. Hay un camino detrás de la iglesia y alcanzó a la gente que corría a casa”.

Un hombre de 40 años dijo que la comunidad traumatizada seguía en alerta constante por temor a más ataques. Afirmó: “Incluso cuando oímos el sonido de una motocicleta nos asustamos pensando que viene un avión. No podemos dormir cuando pensamos en lo que ha pasado [...] [El ataque] ha dejado cicatrices emocionales. No podemos ir a la iglesia”.

Los daños causados, así como el temor de nuevos ataques, hizo que la mayoría de la población huyera y buscara refugio en localidades, granjas y bosques próximos, o al otro lado de la frontera con India. Muchas de las personas desplazadas sobreviven gracias a la ayuda de familiares, grupos religiosos y benéficos locales, y las comunidades de acogida.

Información complementaria

Desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, Myanmar vive una grave escalada de violaciones de derechos humanos.

En un informe de Amnistía Internacional de mayo de 2022, “Bullets rained from the sky”: War crimes and displacement in eastern Myanmar, la organización concluyó que las fuerzas armadas de Myanmar habían sometido a civiles a castigo colectivo por medio de ataques aéreos y terrestres generalizados, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y el saqueo e incendio sistemáticos de poblaciones.

 Un informe de agosto de 2022, 15 days felt like 15 years: Torture in detention since the Myanmar coup, documentó torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cuando el ejército de Myanmar interrogó y detuvo a personas sospechosas de estar implicadas en las protestas.

 En un informe de noviembre de 2022, Deadly Cargo: Exposing the Supply Chain that Fuels War Crimes in Myanmar, se pedía la suspensión del suministro de combustible de aviación para impedir que las fuerzas armadas de Myanmar lanzaran nuevos ataques aéreos ilegítimos.

 Amnistía Internacional también documentó un ataque aéreo contra un campo para personas internamente desplazadas en el estado de Kachin el 9 de octubre de 2023 que causó la muerte de al menos 28 civiles, entre los que había niños y niñas.

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