“Hemos rastreado nuevos envíos de combustible para aviación que probablemente acabaron en manos de las fuerzas armadas de Myanmar, que llevan a cabo continuos ataques aéreos ilegítimos. Estos ataques matan habitualmente a civiles, incluidos menores de edad; pero los aviones sólo pueden despegar si tienen combustible”, ha afirmado Montse Ferrer, investigadora y asesora sobre empresas y derechos humanos de Amnistía Internacional.
“Desde el golpe militar de 2021, las fuerzas armadas han reprimido brutalmente a quienes las critican y han atacado a civiles por tierra y aire. Que los suministros de combustible para aviación lleguen a sus manos les permite cometer estos crímenes de guerra. Estos envíos deben cesar ya.”
Hanna Hindstrom, investigadora principal de Global Witness que ayudó a realizar la investigación, ha afirmado: “Pedimos a todas las partes implicadas en este comercio que antepongan las personas a los beneficios y dejen de suministrar el combustible que facilita la comisión de estas atrocidades. Pedimos que más Estados establezcan controles destinados a impedir estos suministros o refuercen los existentes.”
Montse Ferrer ha afirmado: “Es preocupante que Puma Energy, empresa multinacional de combustibles registrada en Suiza que se comprometió a retirarse de Myanmar en octubre de 2022, decidiera vender sus activos de combustible para aviación a un grupo empresarial de Myanmar que importa combustible para las fuerzas armadas.”
Cargamento letal: Empresas que abastecen a las fuerzas armadas de Myanmar
El 3 de noviembre de 2022, Amnistía Internacional publicó Deadly Cargo, informe sobre la cadena de suministro de combustible para aviación que vincula a empresas nacionales, regionales e internacionales con las fuerzas armadas de Myanmar.
Amnistía Internacional, Global Witness y Burma Campaign UK acaban de identificar a otras empresas implicadas en transacciones de combustible para aviación, que probablemente ha llegado a las fuerzas armadas en los últimos meses.
En uno de los envíos participó el petrolero Prime V, que navegó desde Sikka, en India, el 28 de noviembre de 2022. Alrededor del 10 de diciembre, el Prime V descargó combustible de aviación Jet A-1 en la antigua terminal PEAS (Puma Energy Aviation Sun Co. Ltd.) del puerto de Thilawa, en Myanmar.
Una de las empresas implicadas en esta transacción es Reliance Industries Ltd de India, propietaria de la terminal de la que zarpó el Prime V. La empresa griega Sea Trade Marine es la propietaria efectiva del Prime V, mientras que la japonesa Japan P&I Club proporcionó el seguro de protección e indemnización (P&I). Amnistía Internacional contactó con estas empresas, pero sólo respondió Japan P&I Club, afirmando que cumplía con las sanciones aplicables en ese momento y que la cobertura de su seguro podía rescindirse si un buque estaba implicado en actividades ilegales. No hay indicios de que el Prime V infringiera la legislación aplicable en esta entrega.
También se han obtenido recientemente los detalles de un envío en octubre que indican que el buque cisterna Big Sea 104 zarpó de la Refinería de petróleo de Bangchak, en el puerto de Bangkok (Tailandia), en torno al 8 de octubre de 12.592. Alrededor de una semana más tarde llegó al puerto de Thilawa y descargó 12.592 toneladas de combustible Jet A-1, según datos de la empresa de información sobre materias primas Kpler, en la antigua terminal PEAS.
La refinería de la que zarpó el barco es propiedad de Bangchak Corporation Plc, empresa tailandesa que cotiza en bolsa. Otra empresa tailandesa, Prima Marine Plc, es la propietaria efectiva de Big Sea 104, mientras que la proveedora del seguro de protección e indemnización fue The Shipowners’ P&I Club, registrada en Luxemburgo. Ninguna de estas empresas respondió a las cartas de Amnistía Internacional.
“Cada una de estas empresas ha tenido su parte de responsabilidad en que las fuerzas armadas de Myanmar sigan teniendo acceso a combustible para aviación que les permite llevar a cabo ataques aéreos ilegítimos. Esto tiene que acabar. Todas las empresas deben renunciar a participar en la cadena de suministro de combustible para aviación a Myanmar”, ha afirmado Montse Ferrer.
La venta de activos de Puma Energy en Myanmar suscita preocupación en materia de derechos humanos
En el momento en que llegaron estos dos envíos, la terminal portuaria estaba controlada por la filial myanmara de Puma Energy (registrada en Suiza y Singapur). En octubre de 2022, Puma Energy afirmó que iba a retirarse de Myanmar después de vender sus activos a “una empresa privada de propiedad local” que, según afirmaba, se había comprometido a cumplir las “leyes de derechos humanos” y a no utilizar activos para cometer violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha podido establecer que la empresa compradora es Shoon Energy, antes llamada Asia Sun Aviation, y que la venta se completó en diciembre de 2022.
Shoon Energy forma parte de un conglomerado empresarial de Myanmar llamado Asia Sun, que importaba combustible para aviación en representación de las fuerzas armadas y lo distribuía a las bases aéreas. Tras la marcha de Puma Energy, este conglomerado ahora lleva la gestión de la principal terminal de combustible para aviación del puerto de Thilawa, en Yangón, y, junto con Myanmar Petroleum Products Enterprise, controlada por las fuerzas armadas de Myanmar, la importación y distribución del combustible para aviación en todo el país.
El mes pasado, Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones a particulares y empresas que estaban detrás del grupo Asia Sun por sus vínculos con la provisión de combustible para aviación a la fuerza aérea myanmara. Sin embargo, con antelación a estas sanciones, el conglomerado Asia Sun había cambiado el nombre de varias de sus empresas por el de Shoon Energy.
Montse Ferrer ha manifestado: “Puma Energy ha declarado que el comprador de sus activos de Myanmar se ha comprometido a ‘cumplir con el derecho de los derechos humanos’. No obstante, dada la estrecha relación entre Shoon Energy y las fuerzas armadas de Myanmar, consideramos que esta garantía carece de todo fundamento.”
La comunidad internacional debe actuar
En vista de que las empresas continúan exportando combustible para aviación a Myanmar, aun a sabiendas del papel que este cumple al posibilitar los crímenes de guerra que están cometiendo las fuerzas armadas, la comunidad internacional debe actuar.
Amnistía Internacional y Global Witness ya han trazado el camino a seguir: los países deben suspender las exportaciones y el transporte de combustible para aviación a Myanmar. Y, también muy importante, deben suspender la provisión de servicios de terceros —como seguros, transporte o servicios financieros— a los buques implicados en el envío de combustible para aviación a Myanmar.
Hanna Hindstrom ha afirmado: “La comunidad internacional tiene los instrumentos necesarios para imponer estas restricciones. Deberíamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para reducir la capacidad de las fuerzas armadas de Myanmar para aterrorizar a la población civil.”
Información complementaria
Según el Instituto para la Paz y la Seguridad Myanmar, las fuerzas armadas llevaron a cabo 104 ataques aéreos en 2021 y 243 en 2022.
El 1 de febrero de 2023, segundo aniversario del golpe militar en Myanmar, Canadá y Reino Unido anunciaron medidas para impedir que el combustible para aviación llegue a las fuerzas armadas, incluida la imposición de sanciones específicas a particulares y empresas de Myanmar. El 20 de febrero de 2023, la UE sancionó al grupo Asia Sun y a las entidades asociadas Asia Sun Trading y Asia Sun Energy.
En respuesta a la investigación realizada por Amnistía Internacional para el informe Deadly Cargo, la compañía naviera internacional Wilhelmsen manifestó que dejaría de prestar servicios de transporte a los buques que transportaran combustible para aviación a Myanmar.
La empresa coreana Pan Ocean también manifestó que ya no permitiría que sus barcos transportaran combustible para aviación a Myanmar, y la tailandesa Thai Oil, que dejaría en espera todo envío de combustible para aviación a Myanmar.
