En respuesta a la información que indica que al menos 91 personas, entre ellas un niño de cinco años, murieron a manos de las fuerzas de seguridad de Myanmar en todo el país el 27 de marzo, en la brutal represión de las manifestaciones, Ming Yu Hah, subdirectora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Este es solamente el ejemplo más reciente de la determinación de las autoridades militares de vencer a fuerza de homicidios la resistencia nacional al golpe de Estado. Estas abominables muertes muestran una vez más la descarada indiferencia general por la inadecuada presión ejercida hasta ahora por la comunidad internacional”.

“Estos sucesos se han producido un día después de que el ejército anunciara que, si había nuevas protestas, se respondería disparando a la cabeza.”

“El costo de la inacción internacional se contabiliza en cadáveres, incluidos los de niños y niñas muertos a tiros en sus casas. En medio de ese terrible número de muertes se encuentra una nación de más de 50 millones de personas tomadas como rehenes, sometidas a detención arbitraria y amplia vigilancia, que vive con miedo a la muerte y la tortura.”

“La población de Myanmar sigue protestando mientras, a cada hora que pasa, llora nuevas muertes. Las naciones que han participado hoy en los eventos militares del Día de las Fuerzas Armadas en la capital, Naipyidó, especialmente China y Rusia, son las mismas que han protegido una y otra vez a las fuerzas armadas de rendir cuentas, y les han proporcionado los medios para llevar a cabo matanzas colectivas.”

“La constante negativa de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a actuar de forma significativa contra este interminable horror es despreciable.”

Información complementaria 

En el momento de redactar estas líneas, los medios de comunicación informaban de que el ejército había matado hoy a casi 100 personas, entre ellas un niño de cinco años, en Yangón, Mandalay y otras localidades. El 26 de marzo, la televisión estatal anunció que las personas que se manifestaban corrían “peligro de que les dispararan en la cabeza y la espalda”.

Según estimaciones de la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos (Birmania) (AAPPB), la cifra mínima de muertes desde el golpe de Estado del 1 de febrero era de 328 a 26 de marzo.

Aunque unos pocos manifestantes se han armado con rudimentarias armas caseras, incluidos cócteles molotov, hondas y rifles caseros de aire comprimido, en general las protestas han sido pacíficas y, en los incidentes que Amnistía Internacional ha examinado, la fuerza letal utilizada por el ejército ha sido ilegal y excesiva.

En otros puntos del país, el conflicto armado entre el ejército de Myanmar y los grupos étnicos armados va en aumento. Amnistía Internacional siente honda preocupación por la posibilidad de que se produzcan más atrocidades en masa y que se reanude el conflicto en gran escala y el desplazamiento masivo asociado a él, que se sumaría a la población desplazada ya internamente en el país, que supera las 300.000 personas.

Amnistía pide al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral y global de armas a Myanmar y remita la situación del país a la Corte Penal Internacional.

Además, el Consejo de Seguridad debe imponer sanciones económicas selectivas al comandante en jefe, el general Min Aung Hlaing (ahora jefe del ejército de Myanmar al cargo del país), y a otros dirigentes militares responsables de crímenes atroces contra diversas minorías étnicas de todo el país, incluida la rohinyá.

La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Myanmar ya había pedido anteriormente que se investigara y procesara al general Min Aung Hlaing y a otros altos cargos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.