Naciones Unidas llama la atención sobre detenciones arbitrarias en Argentina


AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

 

AI Índice: AMR 13/9067/2018

 

11 septiembre 2018

  

Amnistía Internacional celebra el informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas en relación a su visita a la Argentina en mayo de 2017.

Previo al informe, la organización había manifestado su preocupación sobre la ampliación de las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad durante protestas sociales (incluyendo las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza), el uso de procedimientos penales para intimidar a defensores de derechos humanos, políticas regresivas de la Ley Migratoria, y el uso excesivo de detención preventiva.

 

Uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias

En 2017, el Grupo de Trabajo había alertado contra los riesgos de las detenciones arbitrarias a causa de la ampliación de los poderes de las fuerzas de seguridad. Hoy, luego de la implementación del Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas adoptado por el Ministerio de Seguridad, estos riesgos han sido confirmados.

Amnistía Internacional tiene documentados diversos episodios en los que se recurrió al uso excesivo de la fuerza y a detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas sociales en 2017 y 2018. Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que aborde la situación documentada en el informe del Grupo de Trabajo, particularmente en relación con las amplias atribuciones de las fuerzas de seguridad para efectuar detenciones.

 

Pueblos originarios y personas migrantes

Por otro lado, tal como señaló el Grupo de Trabajo, en Argentina el sistema de justicia penal es usado de manera selectiva contra comunidades indígenas que reclaman por sus derechos como mecanismo de intimidación y silenciamiento. El uso de figuras penales ambiguas, como el “bloqueo de tránsito” y “desobediencia y resistencia contra autoridad” no brinda a los defensores de derechos humanos las garantías necesarias para asegurar su protección contra detenciones arbitrarias.

Amnistía Internacional también solicita al Consejo de Derechos Humanos abordar las preocupaciones vinculadas al Decreto 70/2017 que reformó la Ley Migratoria. La reforma autoriza la privación de la libertad preventiva y la detención antes de una expulsión, establece procedimientos sumarios y remueve el principio de excepcionalidad.

El 22 marzo de 2018, el Poder Judicial había declarado la inconstitucionalidad del decreto tras considerar que  incluye soluciones que son incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos, en violación del debido proceso y del derecho de defensa de las personas migrantes, del derecho a la reunificación familiar y bajo el riesgo de que una detención se convierta en detención arbitraria.

Amnistía Internacional comparte la preocupación del Grupo de Trabajo sobre el uso excesivo de la prisión preventiva y la necesidad urgente de revisar esta práctica a nivel federal y provincial. Argentina debe asegurar que la detención preventiva sea utilizada de manera excepcional y como último recurso, a efectos de reducir la cantidad de personas privadas de su libertad sin una condena.

Finalmente, Amnistía Internacional llama a que las autoridades argentinas tomen medidas urgentes a efectos de cumplir con la opinión del Grupo de Trabajo sobre el caso de Milagro Sala (Opinión 31/2016), quien, en una primera instancia, había sido privada de su libertad debido al ejercicio del derecho a la protesta. Sala se encuentra en prisión preventiva hace más de 970 días. El 27 de octubre el Grupo de Trabajo determinó que su detención es arbitraria y solicitó al Estado argentino que la deje en libertad inmediatamente.

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