Amnistía Internacional realizó un gran trabajo de monitoreo y documentación de la grave crisis de derechos humanos en el país y logró constatar la intensificación de la represión estatal y la violencia en las últimas semanas. Según el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), el número de personas fallecidas asciende a más de 190, las cuales, en su mayoría, habrían sido a manos de la policía y grupos parapoliciales. Además, continúan los hostigamientos a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como también restricciones al derecho a la salud de las personas manifestantes heridas.
“El recrudecimiento de los ataques en contra de la población civil por parte de agentes del gobierno nicaragüense y grupos parapoliciales que actúan con su aquiescencia en los últimos días demuestra la simulación y falta de compromiso por parte del Presidente Ortega”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“El gobierno nicaragüense no puede continuar haciendo llamados al diálogo mientras sigue cometiendo graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y no toma todas las medidas a su alcance para que la violencia cese.”
Asimismo, las privaciones ilegales de la libertad a manos de grupos de particulares se incrementaron, y se mantiene la práctica de detener arbitrariamente a personas en el marco de la protesta por parte de fuerzas de seguridad del estado. Se calcula que alrededor de 70 personas se encuentran actualmente detenidas en violación de normas fundamentales de derecho internacional. En este contexto, se contabilizan ya más de 2.100 personas heridas, y numerosos bienes inmuebles públicos y privados fueron quemados.
Según la información recibida, el día 19 de junio, a dos meses del inicio de la represión estatal, al menos tres personas fueron ejecutadas, presuntamente a manos de Policía Nacional y grupos parapoliciales, y una treintena resultaron heridas en las ciudades de Masaya y Ticuantepe.
Asimismo, durante el fin de semana, al menos 10 personas perdieron la vida en el marco de la protesta, de las cuales ocho fueron presuntamente a manos de grupos parapoliciales y la Policía Nacional. Entre éstas, se registró la muerte de una familia de seis personas, incluidos un bebé de ocho meses y una niña de dos años, que murieron calcinados por un incendio provocado en su vivienda en Managua. Diversos testigos, incluso una sobreviviente, indicaron que el fuego fue iniciado por policías y grupos parapoliciales.
Ciudades como Granada, Nagarote, Bilwi, Jinotega y Nindirí se sumaron en los últimos días a la lista de localidades con personas asesinadas a manos de terceros, y personas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente y heridas a manos de las fuerzas del estado y grupos parapoliciales armados.
Asimismo, Amnistía Internacional recibió denuncias sobre otras acciones inéditas como el sobrevuelo de avionetas en Jinotepe y barrios de Managua, que habrían arrojado insecticidas tipo cipermetrina sobre manifestantes (que en humanos produce vómitos, mareos y vértigo), el supuesto uso de vehículos adscritos al Ministerio de Salud para transportar a grupos parapoliciales, así como la posible clonación de ambulancias de la Cruz Roja, tal y como lo advirtió en rueda de prensa la propia institución.
De acuerdo con la información dada por personal médico del Hospital Bautista de Managua, en las últimas semanas las atenciones dadas por heridas por arma de fuego se incrementaron, y las atenciones por herida de bala de goma fueron casi inexistentes. Amnistía Internacional considera que la estrategia estatal intencionalmente letal denunciada en su reciente informe Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua se agudizó.
El gobierno del Presidente Ortega debe ordenar de forma inmediata el cese a la represión, el apego irrestricto de la Policía Nacional y sus cuerpos antimotines a las normas internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza, así como el desmantelamiento de los grupos parapoliciales. Es indispensable que el Estado nicaragüense cumpla con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos de todas y todos sin distinción, y establezca garantías para el cese de la violencia.
Amnistía Internacional llama a la inmediata instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que investigue de forma exhaustiva los hechos de violencia y las graves violaciones a derechos humanos ocurridos en el país desde el 18 de abril. Asimismo la organización considera clave el acceso irrestricto al país de organismos internacionales, y hace un llamado al gobierno para que dé total acceso y garantice las condiciones para el trabajo de documentación sobre violaciones de los derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al país, quien recientemente recibió la anuencia del estado para entrar al país.
El 22 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) conocerá directamente del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su reciente visita a Nicaragua y las graves violaciones a los derechos humanos que fueron documentadas. Esto representa una oportunidad para que los estados miembros de la OEA consoliden una postura regional firme que condene las violaciones de derechos humanos y la responsabilidad del Estado nicaragüense.
