El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó hoy una resolución que establece un mecanismo de rendición de cuentas independiente para Nicaragua, con el mandato de investigar, recopilar datos y determinar las responsabilidades por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua desde 2018.

La resolución fue adoptada con 20 votos a favor, incluyendo el de Argentina, 20 abstenciones y 7 votos en contra.

“El establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas independiente para Nicaragua constituye un paso fundamental para lograr justicia, verdad y reparación por las terribles violaciones y crímenes cometidos en el país desde 2018. Desde Amnistía Internacional celebramos que el Consejo haya dado este importante paso que envía un mensaje claro a las víctimas de que no están solas.”, declaró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La adopción de esta resolución se produce tras el llamamiento de más de 20 organizaciones nicaragüenses, regionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, emitido el mes pasado, en el que se instó al Consejo de Derechos Humanos a adoptar un enfoque más sólido de la crisis. Amnistía Internacional Argentina también se refirió a la necesidad de establecer un mecanismo eficaz para Nicaragua al remitir las prioridades de la organización a la Cancillería argentina en ocasión del inicio de sesiones.

La situación en Nicaragua

Desde 2018, Nicaragua se halla inmersa en una profunda crisis de derechos humanos. Más de 300 personas han perdido la vida, cientos han sido detenidas arbitrariamente, y miles se han visto obligadas a huir del país. El gobierno ha cancelado los permisos legales de decenas de organizaciones de la sociedad civil y ha llevado a cabo ataques contra numerosos medios de comunicación independientes.

El año pasado, en el contexto de las elecciones, la situación empeoró aún más, y las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de supuestos opositores, entre ellos periodistas independientes, potenciales candidatos electorales, activistas políticos y otras personas. Algunas de estas personas fueron sometidas a desaparición forzada —crimen de derecho internacional— durante semanas o meses.

El gobierno de Nicaragua se ha negado en repetidas ocasiones a cooperar con mecanismos de derechos humanos regionales o internacionales para poner fin a la crisis de derechos humanos que vive el país. El establecimiento de este mecanismo es un paso fundamental para lograr justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas en el país.