Ante la adopción hoy por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una resolución que establece un mecanismo de rendición de cuentas independiente por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha afirmado:

“Felicitamos al Consejo de Derechos Humanos por haber dado este paso fundamental y por enviar a las víctimas y las personas sobrevivientes el firme mensaje de que no están solas en su lucha contra la impunidad. Los responsables de este tipo de actos deben saber ya que no es posible evitar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses deben poner fin de inmediato a la persistente represión.”

Información complementaria

El 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución que establece un mecanismo de rendición de cuentas independiente para Nicaragua con el mandato de investigar, recopilar datos y determinar responsabilidades por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional perpetrados desde 2018.

La adopción de esta resolución se produce tras el llamamiento de más de 20 organizaciones nicaragüenses, regionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, emitido el mes pasado, en el que se instaba al Consejo de Derechos Humanos a adoptar un enfoque más sólido de la crisis.

Desde 2018, Nicaragua se halla inmersa en una profunda crisis de derechos humanos. Más de 300 personas han perdido la vida, cientos han sido detenidas arbitrariamente, y miles se han visto obligadas a huir del país. El gobierno ha cancelado los permisos legales de decenas de organizaciones de la sociedad civil y ha llevado a cabo ataques contra numerosos medios de comunicación independientes.

El año pasado, en el contexto de las elecciones, la situación empeoró aún más, y las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de supuestos opositores, entre ellos periodistas independientes, potenciales candidatos electorales, activistas políticos y otras personas. Algunas de estas personas fueron sometidas a desaparición forzada —crimen de derecho internacional— durante semanas o meses.

El gobierno de Nicaragua se ha negado en repetidas ocasiones a cooperar con mecanismos de derechos humanos regionales o internacionales para poner fin a la crisis de derechos humanos que vive el país.