“Los Estados miembros de la OEA no deben darle la espalda al pueblo nicaragüense en su hora de necesidad. El gobierno del presidente Ortega no mostró la menor inclinación a poner fin a su política sistemática de represión violenta que ya se cobró más de 100 vidas en menos de dos meses, con un saldo que sube cada día. Si los países de la región ignoran la responsabilidad del gobierno por estas atrocidades, serán cómplices de la matanza continua de manifestantes y civiles.”
“Las valientes personas, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua necesitan mucho más que tímidas condolencias y generalizaciones; necesitan un compromiso firme para garantizar que las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de los derechos humanos no se repitan y queden impunes. El verdadero apoyo al pueblo nicaragüense significaría hacer que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. La represión estatal debe detenerse.”
“Los Estados miembros de la OEA deben enviar un mensaje claro de que ningún gobierno pisoteará los derechos del pueblo y evitará el escrutinio y la condena de la comunidad internacional. El respeto y la garantía de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana no son negociables.”
