En Nicaragua, el aborto es un delito en cualquier circunstancia. El nuevo Código Penal, que entró en vigor en 2008, prevé largas penas de cárcel para las mujeres y las niñas que soliciten o consigan que se les practique un aborto y para los profesionales de la salud que proporcionen servicios de aborto y atención obstétrica necesaria para salvar vidas y preservar la salud de la paciente.

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