La crisis en Nicaragua sigue su curso, mientras el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa instrumentalizando las instituciones del Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial para legitimar su agenda represiva y garantizar la impunidad de los crímenes del derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos bajo su gobierno.
La reciente ola de acciones estatales contra cualquier forma de ejercicio del espacio cívico y de los derechos humanos en el país es parte del esfuerzo continuo por silenciar a cualquier actor social percibido como crítico por el gobierno nicaragüense. En las últimas semanas, las autoridades han intensificado el uso de diversas tácticas represivas, tales como la cancelación de organizaciones sociales y la criminalización de voces disidentes. Luego de meses e incluso años de prisión, algunas de las personas criminalizadas enfrentan la expulsión y la privación arbitraria de su nacionalidad.
“La profundización del ataque sistemático contra personas defensoras de derechos humanos, activistas, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es un nuevo golpe contra la libertad de expresión, asociación y religión, que no sólo tiene repercusiones en Nicaragua”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La falta de una respuesta decidida, coordinada y sistemática por parte de la comunidad internacional ante los crímenes que sigue cometiendo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha creado un precedente peligroso en la región, cuya impunidad y falta de rendición de cuentas sirve de incentivo para las autoridades de otros Estados que quieren seguir su receta represiva”, añadió.
El pasado 20 de agosto, en un solo día, el gobierno revocó la personalidad jurídica de más de 1.500 organizaciones sociales de diversa índole. Con esta medida, el número de organizaciones clausuradas desde el inicio de la crisis supera las 5.000, incluidas agrupaciones religiosas de distintas denominaciones. Durante este mismo período, también se registró el hostigamiento y expulsión de al menos dos sacerdotes católicos, quienes se suman a la lista de decenas de líderes de diferentes confesiones cristianas que han sufrido represalias por parte del gobierno.
Además, el 3 de septiembre la Asamblea Nacional aprobó nuevas reformas al marco jurídico nacional con el objetivo de añadir elementos que agravan aún más la criminalización de las voces disidentes. Las modificaciones propuestas al Código Penal introducen la posibilidad de sancionar penalmente a personas u organizaciones que, de acuerdo con las autoridades nicaragüenses, cometan fuera del territorio nacional delitos contra la administración pública, el Estado o sus instituciones, así como ciberdelitos. Estas normas no parecen dirigirse a la persecución efectiva de crímenes como el lavado de activos, sino a ser utilizadas por el gobierno para seguir criminalizando la libertad de asociación y expresión. Así ha sucedido previamente con la instrumentalización de otros cuerpos normativos, como la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Los cambios incluyen la posibilidad de enjuiciar en ausencia a personas acusadas de estos delitos, lo que podría utilizarse en contra de personas consideradas disidentes por el gobierno y que no están más en el país. Las reformas también facilitarían la confiscación de los bienes de las iglesias y organizaciones clausuradas, lo que en términos de derechos humanos es una medida altamente cuestionable ya que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso.
Finalmente, el 5 de septiembre, Ortega y Murillo recurrieron nuevamente a la táctica de intercambiar la cárcel por el exilio en el caso de 135 personas que fueron expulsadas de Nicaragua y privadas arbitrariamente de su nacionalidad, forzándolas al desarraigo y a la disrupción de sus proyectos de vida. Entre las personas excarceladas se encuentran lideres religiosos, periodistas, activistas sociales y estudiantes universitarios, quienes han sido considerados como una amenaza por el simple hecho de intentar ejercer sus derechos y libertades. Esta acción pone de manifiesto la intención permanente del gobierno de condenar y anular la disidencia y la defensa de los derechos humanos en el país. Hasta julio de 2024 el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua registraba un total de 151 personas privadas de su libertad por motivaciones políticas.
Ante este escenario, es imperativo que la comunidad internacional tome medidas urgentes, coordinadas y efectivas para garantizar los derechos humanos en Nicaragua y que su modelo represivo no continúe siendo un atractivo referente de impunidad para otros países en el continente.
