La crisis en Nicaragua sigue su curso, mientras el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa instrumentalizando las instituciones del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial para legitimar su agenda represiva y garantizar la impunidad de los crímenes del derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos bajo su gobierno. En este contexto, cualquier forma de disidencia y ejercicio de libertades, ya sea política, social o religiosa, siguen siendo imposibles de ejercer sin represión estatal.
La reciente ola de acciones estatales contra cualquier forma de ejercicio del espacio cívico y de los derechos humanos en el país es parte del esfuerzo continuo por silenciar a cualquier actor social percibido como crítico por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En las últimas semanas, las autoridades han intensificado el uso de diversas tácticas represivas, tales como la cancelación de organizaciones sociales y la criminalización de voces disidentes, quienes luego de varios meses, incluso años de prisión, enfrentan la expulsión y la privación arbitraria de su nacionalidad.
“La profundización del ataque sistemático contra personas defensoras de derechos humanos, activistas, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es un nuevo golpe contra la libertad de expresión, asociación y religión, que no sólo tiene repercusiones en Nicaragua”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La falta de una respuesta decidida, coordinada y sistemática por parte de la comunidad internacional ante los crímenes que sigue cometiendo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha creado un precedente peligroso en la región, cuya impunidad y falta de rendición de cuentas sirve de incentivo para las autoridades de otros Estados que en las Américas quieren seguir su receta represiva”, añadió.
El pasado 20 de agosto, en un solo día, el gobierno revocó la personalidad jurídica de más de 1,500 organizaciones sociales de diversa índole. Con esta medida, el número de organizaciones clausuradas desde el inicio de la crisis supera las 5,000, incluidas agrupaciones religiosas de distintas denominaciones. Durante este mismo período, también se registró el hostigamiento y expulsión de al menos dos sacerdotes católicos, quienes se suman a la lista de decenas de líderes de diferentes confesiones cristianas han sufrido represalias por parte del gobierno.
Además, el 3 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó nuevas reformas al marco jurídico nacional con el objetivo de añadir elementos que agravan aún más la criminalización de las voces disidentes. Las modificaciones propuestas al Código Penal introducen la posibilidad de sancionar penalmente a personas u organizaciones que, de acuerdo con las autoridades nicaragüenses, cometan fuera del territorio nacional delitos contra la administración pública, el Estado o sus instituciones, así como ciberdelitos, entre otros. Sin embargo, estas normas no parecen dirigirse a la persecución efectiva de delitos como el lavado de activos. Más bien, se prevé que el gobierno las utilizará para seguir criminalizando la libertad de asociación y expresión, como lo ha hecho previamente con la instrumentalización de otros cuerpos normativos – como la Ley de Ciberdelitos (Ley 1042) y la Ley Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley No. 1055) – . Los cambios incluyen la posibilidad de enjuiciar en ausencia a personas acusadas de estos delitos, lo que podría utilizarse en contra de personas consideradas disidentes por el gobierno y que no están más en el país. Las reformas también facilitarían la confiscación de los bienes de las iglesias y organizaciones clausuradas, lo que en términos de derechos humanos es una medida altamente cuestionable ya que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. Esta práctica podría servir para consolidar aún más el clima de impunidad y represión en el país.
Finalmente, el 5 de septiembre, Ortega y Murillo recurrieron nuevamente a la táctica de intercambiar la cárcel por el exilio en el caso de 135 personas que fueron expulsadas de Nicaragua y privadas arbitrariamente de su nacionalidad, forzándolas al desarraigo y a la disrupción de sus de sus proyectos de vida. Entre las personas excarceladas se encuentran lideres religiosos, periodistas, activistas sociales y estudiantes universitarios, quienes las autoridades han considerado como una amenaza por el simple hecho de intentar ejercer sus derechos y libertades. Esta acción pone de manifiesto la intención permanente del gobierno de condenar y anular la disidencia y la defensa de los derechos humanos en el país. Hasta julio de 2024, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, registraba un total de 151 personas privadas de su libertad por motivaciones políticas.
“Daniel Ortega está utilizando todos los recursos a su disposición para continuar ejerciendo el control absoluto de todos los espacios sociales, suprimiendo cualquier voz disidente y criminalizando la defensa de los derechos humanos, bajo la mirada tibia de la comunidad internacional”, dijo Ana Piquer. “El reciente cierre masivo de organizaciones sociales, junto con la expulsión forzada de un nuevo grupo de personas consideradas disidentes, demuestra que el régimen de Ortega sigue ampliando su represión a todos los sectores de la sociedad nicaragüense y que no tiene intención alguna de abandonar su enfoque represivo”, acotó.
Ante este escenario, es imperativo que la comunidad internacional tome medidas urgentes, coordinadas y efectivas para garantizar los derechos humanos en Nicaragua y que su modelo represivo no continúe siendo un atractivo referente de impunidad para otros países en el continente.
